La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí autorizó la revisión de las operaciones realizadas por las autoridades en los ejercicios fiscales de 2015, 2016 y 2017 e incluye toda la pasada Legislatura, que utilizó a varias empresas para facturar presuntas compras de productos y servicios entregadas a falsos beneficiarios de la desaparecida partida de Gestoría Institucional.
Por Jaime Hernández, Martín Rodríguez, Pulso
San Luis Potosí, 10 de abril (Pulso/SinEmbargo).– Cuatro dependencias del Gobierno de San Luis Potosí y seis ayuntamientos son investigados por facturar millones de pesos en empresas fantasma.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) autorizó la revisión de las operaciones realizadas por las autoridades en los ejercicios fiscales de 2015, 2016 y 2017 e incluye toda la pasada Legislatura, que utilizó a varias empresas para facturar presuntas compras de productos y servicios entregadas a falsos beneficiarios de la desaparecida partida de Gestoría Institucional.
Lo anterior consta en el oficio ASE-DT-0710/2019, mediante el cual la titular de la dependencia, Rocío Cervantes Salgado, instruye a la titular de la Auditoría Especial de Fiscalización de los Poderes y Organismos Autónomos, Isabel Chiu Toledo, a que investigue la gestión financiera de hechos denunciados por el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y Ciudadanos Observando.
Por parte del Gobierno estatal son señaladas cuatro dependencias: la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), el Hospital Central, el Instituto Potosino del Deporte y la Comisión Estatal del Agua.
Además, seis ayuntamientos también serán investigados. En la lista están los gobiernos de las pasadas administraciones municipales de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, San Martín Chalchicuautla, Villa de Ramos y Coxcatlán.
Las empresas sospechosas de haber incurrido en “presuntas faltas administrativas” son Grupo Gahe de SLP SA de CV, Asesores y Consultores Potosinos Especializados Muna SC, Comercializadora Ismalog SA de CV, Sistema de Comercialización Nava SA de CV, Servicios Globalizados Ogac SA de CV, Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier SC, Sistema Comercial 377 SA de CV, además de los proveedores particulares Claudia Lara Sánchez y Martín Fermín Nava Castillo.
La denuncia fue presentada por el FCA y Ciudadanos Observando en 2018.
EL DESFALCO MILLONARIO
Las administraciones municipales gallardistas de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, además del gobierno estatal, fueron los principales clientes de una empresa fantasma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista de compañías simuladoras de operaciones a través de facturas para justificar gastos millonarios, también conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Fueron 17 las dependencias públicas de los tres niveles de gobierno que en 2017 realizaron operaciones con esta empresa sospechosa.
La empresa señalada es 79 Integración Empresarial Center (79 IEC) con domicilio en una antigua casa ubicada en Reforma 1015, cuyos habitantes dijeron al SAT que se trataba de un domicilio familiar, sin relación con la citada empresa.
De acuerdo al oficio 1735468 del 31 de octubre de 2018 de la Administración General de Auditoría del SAT, 12 ayuntamientos de la pasada administración, el Gobierno del Estado, el DIF de Mexquitic, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Tecnológica Metropolitana tramitaron 143 facturas entre el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año. El monto operado fue de 15 millones de pesos.
La empresa también facturó a personas físicas y morales en operaciones que sumaron los 114.1 millones de pesos en ese año. De las dependencias públicas enlistadas, el ayuntamiento de la capital, gobernado entonces por el perredista Ricardo Gallardo Juárez, fue la que tuvo mayor monto, 7.2 millones de pesos por servicios como mantenimiento de subestaciones eléctricas, papelería, impresión de notificaciones de pago del predial, mantenimiento y artículos de limpieza.
Le sigue el gobierno del también perredista Gilberto Hernández Villafuerte, que en 2017 facturó a la compañía 3.1 millones de pesos en productos como antenas electrónicas, tambos de pintura, bultos de cal y arena, papelería, material de limpieza y el servicio de impermeabilización.
El gobierno de Juan Manuel Carreras López, por su parte, obtuvo facturas por 2.7 millones de pesos que ampararon la presunta adquisición de dulces, perfumes, material de limpieza, papelería, uniformes y servicios de decoración de interiores.
El SAT detectó que, según la información fiscal de la empresa, 79 IEC no contaba con el activo fijo suficiente para ofrecer los productos y servicios que presuntamente otorgó, tampoco se le detectó capacidad para cumplirlos y tampoco enteró del Impuesto Sobre la Renta al SAT ese año.
Es decir, que no tenía los recursos financieros, materiales y humanos para cumplir con la amplísima gama de productos y servicios que amparan las facturas que emitió en 2017.
El domicilio fiscal de la empresa, Reforma 1015, es una pequeña casa que presenta publicidad sobre venta de terrenos. Sus habitantes, entrevistados el año pasado, dijeron no saber nada de la empresa, más que algunas notificaciones que recibe.
AYUNTAMIENTOS BAJO INVESTIGACIÓN
El Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí inició esta semana una nueva línea de investigación del desfalco de fondos públicos en el periodo de Ricardo Gallardo Juárez, la cual versará sobre la justificación de nuevas facturas que amparaban supuestos pagos a empresas fantasma, informó el oficial mayor Oscar Valle Portilla.
La investigación será extensiva al organismo operador Interapas.
El oficial mayor señaló que en la página del Servicio de Administración Tributaria hay una revisión de operaciones simuladas o inexistentes y al bajar la información resulta que la empresa cuya denominación es “79 Integración Empresarial S.A de C.V.” facturó al municipio de San Luis Potosí la cantidad de 7 millones 401 mil 762 pesos con 37 centavos.
Las pasadas administraciones del ayuntamiento potosino de Mexquitic y el DIF de ese municipio fueron clientes frecuentes de la empresa fantasma 79 Integración Empresarial Center, al que en 2017 le facturaron casi un millón de pesos.
De acuerdo a un documento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ambas dependencias del vecino municipio son las instancias del sector público que más facturas tramitaron con la empresa considerada como simuladora de operaciones.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, el ayuntamiento de Mexquitic de la administración 2015-2018, a cargo del perredista Juan Antonio Ramírez Llanas, tramitó con la empresa 34 facturas que sumaron 211 mil 480 pesos.
Invariablemente, todas fueron por el presunto servicio de alimentos para diversos eventos.
Otros 26 comprobantes, que sumaron 733 mil 179 pesos, fueron tramitados por el Sistema DIF Municipal.
En este caso, los conceptos fueron más variados, pues la institución amparó con ellos la supuesta compra de medicinas, papelería, alimentos, playeras, juguetes, artículos de belleza, renta de sistemas de sonido y servicios de impresión.
En total, las dos instancias del municipio de Mexquitic tramitaron 60 facturas con la empresa 79 Integración Empresarial Center, por un monto conjunto de 944 mil 659 pesos.
La Alcaldía perredista de Mexquitic se suma a las de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez en haber tenido contactos con la empresa considerada irregular por el SAT.
