En esta segunda entrega de una serie de reportajes realizados por Pie de Página –que destacan el racismo y las condiciones de marginación con las que se ha reducido a los pueblos originarios en México– se narra cómo un grupo de indígenas presos en cárceles chiapanecas se organizan para hacer lo que el Estado mexicano no hace: asesorar, traducir y enseñar sus derechos a otros prisioneros, sometidos a un sistema de justicia que no conocen y que no entienden. Esta es su historia.
Por Al-Dabi Olvera
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 10 de abril (Pie de Página/SinEmbargo).– Esta crónica debió ser escrita en tsotsil o bats’i k’op, el “habla verdadera”. Después podría ser leída, grabada y difundida mediante alguna radio que llegue se extienda su voz en este territorio, donde el español no predomina.
Frente al reto ético-lingüístico que representa escribir en “castilla” (así llaman los pueblos originarios de Chiapas al español) un texto sobre la lucha por la libertad indígena, comenzamos esta historia en un paraje boscoso donde aparecen de manera intermitente casas de madera, milpas, letreros con estrellas rojas, ovejas negras y el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 5 de San Cristóbal de Las Casas.
Es domingo, día de visita en el CERSS 5. Mujeres y niñas con trajes típicos de una región donde es fácil encontrarse en medio de pueblos donde solo se habla tsotsil y tseltal, dos lenguas mayas con cerca de 400 mil hablantes cada una. Familiares de presos esperan su turno para entrar a través de la reja coronada por una malla ciclónica.
Después de la revisión de su comida, pertenencias, bolsillos, zapatos, y de que una serie de sellos pinten sus antebrazos, entran al fondo del patio. Escalones flanqueados por rejas de donde cuelgan bolsas tejidas a mano llevan hacia un campamento instalado por los propios internos.
Desde el 29 de septiembre de 2011, el grupo de indígenas politizados no se ha movido ni un solo día del campamento.
Este pequeño lugar de autonomía, que hace las veces de oficina de derechos humanos en plena prisión, ofrece de manera solidaria lo que las autoridades no dan:
“Muchos compañeros internos llegan a buscar apoyo: piden documentos, escritos, orientación. Aquí nos turnamos y atendemos. Es lo que podemos hacer por nuestros compañeros presos”.
Así lo explica Alejandro Díaz Sántiz, originario del municipio de Mitontic, uno de los más pobres del país.
Díaz Sántiz lleva 19 años en prisión y está a cargo del campamento desde octubre de 2013, después de que el profesor Alberto Patishtan Gómez, fundador del espacio, dejó la prisión mediante indulto presidencial otorgado por Enrique Peña Nieto, tras una larga campaña por su liberación.
Desde entonces, Díaz Sántiz ha tenido que afinar su manejo del español, redactar comunicados, hacer denuncias, llevar adelante el espacio.
“Como preso indígena, no sabe uno defenderse. Por ser pobre, no tienes los recursos para buscar un buen abogado”, dice.
Junto a él se encuentran otros dos presos: Mariano Pérez Velasco, tsotsil de Mitontic preso hace 14 años, y Diego López Méndez, tseltal de Tenejapa, preso hace seis años. A sus espaldas se mira una estrella roja, el retrato pintado del Subcomandante Marcos, mensajes de visitantes en etarra y castellano, y la firma de su organización: Solidarios de la Voz del Amate, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
A los 17 años, comenzó a vivir con una mujer que tenía una hija. Con ellas viajó a Veracruz para vender dulces en las esquinas de los semáforos. Un día, cuenta, él y la mujer salieron a comprar mercancía y dejaron encargado a la niña a un primo. De regreso encontraron a la niña muerta. Las autoridades lo acusaron de asesinar a la pequeña. Los torturaron. En Perote los golpearon “por ser chiapaneco”. Lo mandaron a Papantla, Perote, Villa Comaltitlán y San Cristóbal de las Casas.
Díaz Sántiz agotó todos los recursos legales ordinarios para probar su inocencia. Con el tiempo que lleva en prisión, su defensa legal busca un “beneficio de revisión parcial de la pena”, es decir: con dos terceras partes cumplidas de su condena puede salir. Hasta la fecha, la única prueba que tiene en contra es el testimonio de su primo, que sí hablaba el castellano.
–¿Y has tenido algún traductor, conoces a alguien que lo haya tenido?
–“Nunca. Aquí no hay”.
Él y sus compañeros son los traductores que el Estado no ofrece a los presos.
También han denunciado las condiciones de la prisión: agua maloliente, comida echada a perder, falta de medicinas, impedir el paso a las visitas. Su voz, mediante cartas, y también mediante audios, resume la situación estructural que viven los pueblos originarios del país.
LA CONDENA
El 52.4 por ciento de los presos indígenas en Chiapas permanece en prisión sin tener sentencia. Al 83 por ciento de ellos no se les mostró una orden de aprensión; 67 por ciento ni siquiera entendió el motivo de su arresto; 42 por ciento de ellos no tuvo un traductor al momento de rendir declaración; 32. 5 por ciento dice haber sufrido algún tipo de tortura.
Estos datos pertenecen al informe “Entre la realidad y la justicia: cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca”, publicado por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Así Legal) el pasado 19 de septiembre. El documento contiene los resultados de 213 entrevistas en 11 prisiones de ambos estados y detalla distintos tipos de violaciones, como falta de traductor, falta de acceso a una defensa adecuada y carencia de condiciones de vida digna.
También da cuenta de distintas formas de tortura: amenazas, insultos, robo, choques eléctricos, golpes, uso de gas lacrimógeno; arrastrar, quemar, amenazar con disparos al aire, amenazas con armas y sometimiento para que observen la tortura de otras personas.
“La violencia institucional que sufren las personas indígenas es un reflejo de la violencia estructural en contra de esta población”, explica Adriana Aguilar, directora de investigación de Así Legal. “La discriminación que sufren en la sociedad se vuelve más fuerte en los centros penitenciarios, que están apartados de sus comunidades, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad”.
Ariane Azemat, también de Así Legal, comenta una serie de deficiencias en la clasificación sobre quién es y no indígena. En 2017, las autoridades de Chiapas les dijeron que solo había 284 personas indígenas en prisión (lo que representa el 6 por ciento de la población en reclusión, mientras que la población hablante de alguna lengua indígena de Chiapas es del 20 por ciento). Pero este año, la cifra aumentó a 637.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reportó que en Chiapas hay solo 23 intérpretes para las 14 lenguas del estado. Eso significa que para los 227 de tseltales presos hay 15 intérpretes; para los 135 tsotsiles hay siete; para los 9 zoques hay uno y para los 70 choles, 4 tojolabales y el resto de indígenas presos no hay intérprete.
Gilberto Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas explica que para una persona que entra a la cárcel sin contar con estudios, sin saber leer o escribir es difícil que entiendan cada paso de los procedimientos judiciales. “Así se prolonga muchísimo la prisión preventiva y tarda mucho en dictarse una sentencia”, dice.
De enero a julio de este año, el Frayba recibió 127 denuncias de integrantes del pueblo tsotsil, 84 denuncias de tseltales, tres de choles y tres de tojolabales por diversas violaciones de derechos humanos en 10 penales de Chiapas.
“A veces no hablan español. Eso es complicado porque los defensores no conocen totalmente la cultura indígena de donde proviene”, explica Hernández. “La ley requiere que los defensores conozcan, pero hay un rezago que no se ha podido resarcir”.
Además, el informe también detalla que cada defensor público en el estado lleva de 200 a 300 casos cuando un abogado litigante lleva 20. El informe de Así Legal hace una serie de propuestas basadas en el reconocimiento de los sistemas normativos de las comunidades. El problema, explica Azemat, es que “el Estado es renuente a dejar este espacio para las comunidades donde resuelvan sus conflictos internos basándose en sus sistemas normativos”.
LA VOZ DE CERRO HUECO
La Voz de Cerro Hueco. La Voz de la Dignidad Rebelde. La Voz del Amate. La Voz de Los Llanos. Solidarios de la Voz del Amate. Todas las organizaciones de los presos indígenas de Chiapas llevan la palabra “voz” en el nombre.
Es, quizás, una influencia de la primera de estas colectividades: La Voz de Cerro Hueco.
“Es que va a hablar el penal de Cerro Hueco. Por eso le pusimos la voz: tuvo que hablar el nombre”. Así lo cuenta Abelardo Méndez Arcos, fundador de La Voz de Cerro Hueco, indígena hablante de ch´ol, originario del municipio de Salto de Agua, en la zona norte de Chiapas.
Méndez Arcos fue detenido en 1996 durante un mitin en Palenque. Las autoridades lo acusaron de alteración del orden público y motín. Fue encarcelado en el penal tuxtlense de Cerro Hueco, la cárcel política por excelencia.
En esos días, Chiapas era un polvorín. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, levantado en armas dos años antes, se encontraba en un constante conflicto con los gobiernos federal y estatal. En este contexto, cientos de bases de apoyo zapatistas y activistas de otras causas fueron a dar a prisión.
“A los seis días me di cuenta que era posible rebelarse dentro del penal. Dije: ‘no es bueno estar solo aquí esperando a ver si me liberan o no me liberan. Hay que luchar por la libertad’”, cuenta Méndez.
Él y otros presos tuvieron una reunión de cinco minutos. Luego hicieron una convocatoria más grande. Un día, por la mañana, tomaron posesión de un espacio grande dentro del propio penal. “Inmediatamente difundimos que nos estamos rebelando acá adentro”, recuerda.
La organización dentro del penal comenzó a recopilar nombres, expedientes y testimonios para ser enviados a la mesa de negociación de los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal. Después, estalló una huelga de hambre masiva dentro del penal.
“Queríamos denunciar esas injusticias. Nunca nos gustó la forma que nos trataban. Allá adentro hay gente que tiene relación con el gobierno y nos amenazaban que nos iban a trasladar. Decíamos: que nos trasladen, pero no vamos a dejar de hablar”.
Poco a poco, comenzaron a convocar a la población del penal para revisar su expediente y saber el motivo de su detención. A este grado no solo llegaban presos políticos, sino personas detenidas injustamente.
Finalmente, los integrantes de la Voz de Cerro Hueco salieron libres a raíz de las negociaciones de San Andrés. Cerro Hueco fue demolido en 2005 tras 37 años de funcionamiento. La población recluida ahí fue trasladada al penal de El Amate, donde, de nuevo, comenzó a sonar la voz de los inconformes.
LA ESCUELA
A Mitontic se sube como si se entrara en un sueño. Más allá de la niebla aparecen casas de madera, mujeres que cargan leña, tiendas de combustible. De un tendedero cuelga alguna playera de Morena. Jóvenes arrían vacas en medio de la carretera. Niños corren a pesar del frío. Alberto Patishtán acompaña el viaje. Fungirá como traductor con la familia de su viejo compañero de prisión, Díaz Sántiz, cuya pequeña comunidad, Tz´oeptic, se encuentra a menos de una hora de la turística y cosmopolita “Sancris”.
Patishtán colocó la lucha de los presos en Chiapas casi 20 años después de lo ocurrido en Cerro Hueco. Y lo hizo precisamente desde El Amate. Una semana antes del viaje a la comunidad de Díaz Sántiz, recordaba por teléfono: “Indígenas como yo querían pelear su libertad y su dignidad.”
Patishtán cayó en prisión por el asesinato en junio del 2000 de siete policías en una emboscada en el muncipio tsotsil de El Bosque. Como profesor, emprendió una lucha contra el presidente municipal en turno y eso le valió ser vinculado con el ataque. Nunca hubo pruebas que lo incriminaran directamente. Sin embargo, le fueron imputados delitos de crimen organizado y asesinato.
“Lo que anduvimos haciendo es que, los que no podían hablar el español, nosotros mismos les dábamos clases. Íbamos traduciendo lo que decía cada palabra para que en lo posterior se pudieran defender”, recuerda.
“Una vez que sabían leer y escribir y matemáticas, fuimos preparando las lecturas. Eso fue todas las cárceles que estuvimos; usamos la consciencia: ‘¿cómo te sientes en ese lugar donde estás? ¿Realmente mereces estar preso o no?’ Aunque no fueran políticos, porque muchos indígenas estaban ahí no más porque te quieren ver preso y ya”.
Patishtán ha desarrollado una pedagogía de la lucha carcelaria a partir del aprendizaje en contextos adversos: las clases de escritura, de lectura, tocar un instrumento musical, hasta el ajedrez son fundamentales para la resistencia carcelaria. Además, estos primeros aprendizajes se desdoblan: “Somos abogados, médicos, psiquiatras a la vez”.
Libre hace casi cinco años, Patishtán continúa la lucha por sus ex compañeros de prisión.
“Aprendí que todo se puede lograr en la cárcel. Vi que no hay imposibles, depende de uno. Debemos tener la capacidad de poder expresar bien y la buena lectura, con lapicero y hojas para que tus palabras crucen las paredes y hasta las fronteras”.
LA NOSTALGIA
Esta es una clásica cocina tsotsil. La carne de res recibe el humo del fuego. Arriba de la carne, cuelga un gran montón de leña. Del techo también cuelgan manojos de mazorcas: las semillas de la siembra. Gallinas entran y salen del lugar. En la oscuridad, las ocho hermanas de Díaz Sántiz hablan en tsotsil mientras pican verdura.
En una mesa donde fluye el café, se sienta María Sántiz y Antonio Díaz, madre y padre de Alejandro. Patishtan traduce:
“De niño, Alejandro tenía un comportamiento trabajador: le gustaba el servicio. Le gustaba el trabajo del campo: era lo básico, la siembra de maíz, café, cargaban leña de lejos”.
Veinte años después, a eso se dedica todavía la familia.
¿Qué efectos ha tenido en la familia la prisión de Alejandro? Las palabras tsotsiles brotan entrecortadas. Aun con la diferencia de lenguas, todos en esta cocina reconocen el dolor pronunciado. Algunas lágrimas brotan entre el humo.
“¿Cómo lo estás viendo, compa?”, pregunta Patishtan. Luego continúa: “Lo que dicen ellos: ‘en el momento en que Alejandro en la cárcel, cambia rotundamente la situación. Comienzan a pasar tristeza, soledad, abandono, escases. Tuvieron que vender sus terrenos, sus vaquitas que tenían’”.
“No sólo eso, les pegó hasta enfermedad. Le duele el corazón. Hay nostalgia”.
La dificultad de los traslados a los distintos penales ha hecho que la familia deba trabajar el doble para ir a visitarlo, especialmente hasta Villa Comaltitlán, que está a más de siete horas de camino de su comunidad. Cuando Díaz Sántiz fue trasladado, septiembre del 2015, se endeudaron con cinco mil pesos. Ese penal es muy diferente al de San Cristóbal de las Casas. No pudieron entrar por falta de documentos.
En casi veinte años, ni una autoridad ha ido a verlos por su caso.
“Casi todos han enfermado por la tristeza. Eso ha conllevado la prisión de Alejandro”.
LA LUCHA
Alejandro se hizo famoso en su comunidad por un video donde habla sobre su lucha y canta el himno zapatista. Es un preso politizado en prisión. Esto ha generado cambios en la familia, quienes han tenido que realizar marchas, conferencias de prensa, plantones.
“Estoy feliz porque ahora se sabe defender y defiende a los demás”, dice María Sántiz, su madre.
En realidad, están contentos y tristes, dice nuestro traductor. “Se sienten muy conmovidos, porque está defendiendo a los presos indígenas injustamente por el mal gobierno que no ve las cosas como son”, explica Patishtán.
La familia de Díaz Sántiz muestra retratos. Salen de casa para ser fotografiados junto a la imagen de Alejandro. Detrás de ellos aparece la escuela Cristóbal Colón, de paredes roídas. donde cursó hasta sexto de primaria. Al lado de la pequeña escuela se encuentran las ruinas de un edificio del programa salinista Solidaridad.
Tz´oeptic es una comunidad de mil 200 habitantes. El 100 por ciento de la población es indígena y seis de cada 10 solo hablan el tsotsil. De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, la población tiene un rezago social es “muy alto”. Desde hace más de una década, la prensa nacional ha hecho reportajes sobre el municipio, con titulares que parecen condenarlo a la marginación.
“Es un municipio pobre, pero cuando venga Alejandro les gustaría que comenzara a organizar en Mitontic, y a trabajar como ha aprendido en su lucha, y a base de eso haya un poco de cambio”, traduce Patishtan.
Los árboles afuera de la casa de la familia Díaz Sántiz están repletos de peras y manzanas.
Al regresar a la cocina comienza el flujo de la comida: pozol blanco con agua, chiles, y un gran plato de res ahumada y repollo, el exhuberante cihuamut.
–¿Creen que si fuera mestizo, Alejandro seguiría preso?
–“Si fuera mestizo, hablante al 100 por ciento de español, no estuviera en la cárcel, porque ser mestizo es tener dinero”, opina Antonio Díaz, su padre.
Una de sus hermanas ataja, en español: en las cárceles hay “puro pobre indígena”.
LA LIBERTAD
Libertad en el tsotsil del municipio de El Bosque quizás se puede traducir como “kolem”; aunque kolem también quiere decir salud, explica Alberto Patishtán.
Libertad en ch’ol se podría decir “wejel”. Wejel significa volar, explica Abelardo Méndez.
Una fila de mujeres tsotsiles hace fila afuera del CERSS 5 de San Cristóbal de las Casas. Comida, sellos, revisiones. Más allá de las escaleras de ingreso, Alejandro Díaz Sántiz y Diego López se encuentran sentados en sillas a un lado del campamento. Esperan que se seque el piso, pues una lluvia lo anegó. Pero no se mueven de ahí.
“Nunca va a quedar vacío. Si se va uno, va a quedar otro. El campamento va a existir mientras exista la injusticia”, dice Díaz Sántiz.
Los presos ofrecen un libro para apoyar la escritura.
Enfrente de ellos, descuella la torre de vigilancia de prisión. Lleva pintada la leyenda del Solidaridad salinista, descarapelada.
Díaz Sántiz espera ahora que, ante el cambio de partido en el gobierno, haya justicia para los presos indígenas. Al hablar sobre la propuesta de amnistía obradorista, dice que antes que liberar a presos por delitos no violentos a raíz de la guerra del narcotráfico, debe liberar a los indígenas injustamente presos: “así como dijo que a todos los indígenas los va apoyar, creo que merecemos algún beneficio”.
Esta mañana, sus familiares prepararon pozol y guisado de res ahumada con col. Acomodan el campamento.
Mientras tanto, defensor de derechos humanos toma el papel de esta escritura. Por atrás, anota una exigencia en castellano. La firman todos los Solidarios de la Voz del Amate. Su voz saldrá de nuevo de prisión.
