Después de que la organización Ahora aseguró que la empresa OHL, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, es el medio por el cual el grupo político que encabeza el Presidente Enrique Peña ha financiado campañas electorales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT) pidió a la empresa española un informe en donde acredite que “no existen tales transferencias de recursos”.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo/EconomíaHoy).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a la empresa OHL un informe detallado que acredite que no existe transferencia alguna de recursos para fines electorales ni ilícitos, luego de que la organización Ahora, presidida por Emilio Álvarez Icaza, denunció que la empresa española financia, por medio de una red de corrupción, la campaña política del candidato al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.

La organización Ahora aseguró (VER VIDEO DE AHORA) que la empresa OHL, la concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, ha sido el medio por el cual el grupo político que encabeza el Presidente Enrique Peña ha financiado sus campañas electorales.

Luego de darse a conocer la información, OHL anunció que procederá legalmente contra la organización encabezada por el aspirante independiente a la candidatura presidencial de México por las imputaciones presentadas.

Pero además, la SCT, dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, indicó hoy que desde el pasado 4 de mayo se mandó el oficio a la compañía.

Lo que Comunicaciones y Transportes está pidiendo es que OHL se autoinvestigue, y que determine, sin ser autoridad judicial, si ha corrompido funcionarios públicos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

SCT solicita a OHL informe detallado que acredite inexistencia de transferencias de recursos para fines electorales. https://t.co/uNM5i6lLXt pic.twitter.com/4snRITfWIN

— SCT México (@SCT_mx) 10 de mayo de 2017

“El 30 de abril del presente año, la empresa emitió declaraciones publicadas en medios de comunicación, en las que informó la puesta en marcha de un proceso de auditoría para confirmar que no existe transferencia alguna de recursos para fines electorales ni ilícitos”, se indica en el documento difundido hoy.

Y se agrega que el 5 de mayo, OHL externó públicamente que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a su sede México, ni a ninguna de sus subsidiarias. En referencia a un presunto caso de corrupción investigado en España donde podría estar relacionado un expresidente de la comunidad de Madrid.

Se indicó que también se solicitará a la empresa española que en “un plazo no mayor a 3 días hábiles envíe un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa”.

Ayer, en una rueda de prensa, Ahora difundió un micrositio creado para exponer el esquema en el que personajes alrededor del Presidente Peña y su primo Del Mazo –ambos mexiquenses– han usado los recursos públicos para mantenerse en el poder.

“Su forma de actuar es comparable con la delincuencia organizada”, dice la presentación. “Se trata, nada menos, de un desfalco que en 15 años implica un monto que ronda los 90 mil millones de pesos, probablemente no haya existido en México un fraude de tales dimensiones. Un fraude a partir de la concesión de dos sistemas carreteros, el Circuito Exterior Mexiquense de 110 kilómetros, y el Viaducto Bicentenario de 22 kilómetros”, agregó la organización.

Emilio Álvarez Icaza aseveró en conferencia, que una estructura de funcionarios y el PRI han desarrollado “un ciclo” para disponer de recursos públicos, “como el crimen organizado”, para mantener el poder y enriquecerse.

Anunció que no se quedará en una denuncia pública, ciudadana, sino que se presentará en la Procuraduría General de la República (PGR).

La organización denunció que la empresa OHL, que es la concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, ha sido el medio por el cual el grupo político que encabeza el Presidente Enrique Peña ha financiado sus campañas electorales.

Integrantes de la organización Ahora aseguraron que el mismo esquema que sirvió para financiar las campañas de Eruviel Ávila y del propio Peña Nieto en 2012 es el que pretenden usar en la actual campaña del priista Alfredo del Mazo.

La complicidad entre la empresa y este grupo político, explicó Álvarez Icaza, consiste en que el Gobierno mexiquense le autoriza ampliaciones del periodo de explotación de las concesiones y sirve como garante para que la empresa bursatilice ese activo y obtenga ingresos multimillonarios.

La irregularidades en el Circuito Exterior Mexiquense alcanzan los niveles del saqueo de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, sostuvo Alejandro Lecona, miembro del grupo civil.

“Lo que están haciendo es tratar de acabar con los espacios de representación popular del país y ellos tiene nombres y apellidos. Sabemos quiénes son los responsables, empezando por el Presidente Enrique Peña Nieto y terminando con Alfredo del Mazo Maza y los vamos a denunciar”, anunció el ex consejero del INE.

Horas antes de la conferencia ofrecida por Alvarez Icaza, el abogado de la empresa medidora de aforo vehicular, Infraiber, Paulo Díez Gargari, denunciara la existencia de un depósito de mil 600 millones de pesos que llegó a la cuenta del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y que luego desapareció.

En una misiva dirigida al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, Díez Gargari expone la entrada y salida de estos recursos, le pide investigarlos y advierte que el dinero es suficiente como para estar siendo usado en la compra de votos en la elección en el Estado de México.

“En algún momento entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016, alguien (no sabemos quién) depositó (no sabemos por qué) 1,600 millones de pesos en una chequera abierta en Bancomer, S.A., a nombre del SAASCAEM. Esos recursos no están registrados como ingreso ni como disposiciones de crédito o financiamiento en los estados financieros del SAASCAEM, que no ha podido hasta la fecha acreditar el origen lícito de esos recursos”, detalló el abogado en una carta dirigida al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.