Al menos 668 personas fueron asesinadas en Jalisco en el primer trimestre de 2021, además 150 personas han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del año, de acuerdo con las cifras oficiales.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- La sustracción y asesinato de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y Jorge Alberto González Moreno en Guadalajara; el desplazamiento forzado de los pobladores de cuatro comunidades en Teocaltiche, y la masacre en una cenaduría en Jocotepec dejan en evidencia que la descomposición y la violencia que se ha registrado en Jalisco desde hace años no cesa y se recrudece en víspera de las elecciones.

La espiral de violencia se ha recrudecido cualitativamente en las últimas semanas, pues los hechos violentos tienen cada vez mayor impacto, mientras que ninguna de las autoridades ha logrado contenerlos y, según expertos en Jalisco, tal parece que tampoco quieran combatirlos de fondo.

Anuar García Gutiérrez, doctor en derecho y director en Jalisco de la organización México SOS, ha comentado en entrevistas con SinEmbargo que en esta entidad nadie quiere combatir al crimen organizado como tal. “El mismo Gobernador llamó al Presidente para que viniera a atender el tema de la seguridad, pero se les olvida que el primer respondiente del municipio es el que tiene la proximidad social y responsabilidad de intervenir en cualquier tipo de delito, cosa que no sucede la práctica”, dijo.

Y recordó: “El Gobernador Enrique Alfaro hizo un llamado a la Federación para que interviniera y la Federación se lava las manos. La Guardia Nacional no llega a los eventos que son de alto impacto y en el ínter la ciudadanía somos los que estamos sufriendo por estos golpes de alto impacto y la poca eficiencia de las autoridades y no se ve que vaya a haber una respuesta, no al menos antes de las elecciones”.

Rodrigo Elizarrarás, consultor y analista político en Humint, consideró a su vez que en entidades como Michoacán y Jalisco se podría explicar la “inacción” del Estado como parte de una estrategia del Gobierno federal de no apoyar al Gobierno estatal que está dirigido por un partido político diferente al de la Federación, por lo que coincide en que no habrá cambios al menos hasta que concluya la jornada electoral.

Ana Karen, Luis Ángel y Jorge Alberto González Moreno fueron sustraídos de su domicilio el pasado viernes. Foto: Especial.

VIOLENCIA Y AMENAZAS AL GOBIERNO

Ana Karen, Luis Ángel y Jorge Alberto González Moreno eran tres hermanos que se encontraban en casa de su madre en la colonia San Andrés, en Guadalajara, cuando un comando ingresó y se los llevó el pasado viernes.

La desaparición de los jóvenes, entre ellos un estudiante de la carrera de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, generó indignación y repudio por varios sectores de la sociedad jalisciense, principalmente el estudiantil y académico.

Dos días después, los cuerpos de los jóvenes fueron hallados sin vida en las inmediaciones de la comunidad “El Pueblito”, entre Zapopan y San Cristóbal de la Barranca, en un tramo próximo a la carretera federal 23.

La Fiscalía del Estado y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, revelaron hoy que en el lugar donde encontraron los cadáveres se encontraban también una manta con amenazas dirigidas a las autoridades y al Gobierno estatal.

“La amenaza directa al Gobierno plasmada en una lona encontrada junto a los cuerpos de los jóvenes no nos va a intimidar. Es evidente que con estos ataques quieren someter al Gobierno. No lo van a lograr”, escribió el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, usuarios de la red social respondieron al Ejecutivo Estatal y le reprocharon inacción, falta de resultados y que las policías estén cooptadas por el crimen organizado.

Especialistas en seguridad y en crimen organizado han coincidido en que el recrudecimiento cualitativo de la violencia en Jalisco se genera por la normalización de la misma y porque hay un descontrol así como complicidades o nexos policiacos con las organizaciones delincuenciales que operan casi con total impunidad.

“La delincuencia organizada en nuestro país no se entiende sin la participación, ya sea por omisión o comisión, de las autoridades de los distintos niveles de Gobierno. Y esto está probado no sólo por investigaciones ministeriales, sino por trabajo de historiadores”, expresó Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El académico detalló que el problema con las policías es que existen múltiples mecanismos laxos que fallan, que son inapropiados, no profesionales. También hay evidentemente una escasez de recursos financieros para pagar a los policías, falta de profesionalización, organización y de rendición de cuentas.

Anuar García Gutiérrez comentó que las estructuras delincuenciales han permeado en todas las capas de la sociedad y buscan el control policial. “El crimen en Jalisco ya dejó de ser aquél que solamente traficaba con estupefacientes y ahora está muy involucrado en temas empresariales, de Gobierno y en temas de control o de intentar controlar a los policías”.

El activista de Jalisco también comentó que hay un serio descontrol en la integración de las policías, el cual, se registra desde el ingreso de los ingresos de los agentes. Ejemplificó que en los procesos de selección uno de los primeros filtros es el examen de polígrafo, pero eso no es una prueba fehaciente.

“Muchos malos elementos se quedan y muchos buenos elementos se van porque estamos utilizando una prueba que es un volado al aire y se tiene ese gran problema. Por otro lado, hay policías que están reprobados y siguen trabajando”, expuso.

VIOLENCIA IMPARABLE

El pasado 4 de mayo, un enfrentamiento armado en la localidad de El Saucito, en el municipio de Teocaltiche, provocó que cientos de personas que vivían en cuatro comunidades aledañas huyeran de sus viviendas.

Información difundida el pasado sábado por la agencia Cuartoscuro apunta a que los pobladores que dejaron sus casas vivían en las comunidades El Saucito, El Rosario, Rancho Mayor y Rancho Nuevo. El Periódico Reforma reportó que la cifra de personas desplazadas es de al menos 376, de las cuales, 115 son menores de edad.

Seis días después, el Gobernador acudió a esta localidad desde donde grabó un video y envió un mensaje en el que aseguraba que su visita era para respaldar a la población y enviar un mensaje “claro y contundente al crimen organizado que le intenta robar la tranquilidad a Jalisco y que no nos va a intimidar”, dijo.

El video de Alfaro, al igual que el emitido por el caso de los hermanos, también recibió varios reproches de los usuarios quienes reclaman el nivel de violencia y en el que lo acusan de “montar un show”, en vista que estamos a casi un mes de la jornada electoral.

Al menos 668 personas fueron asesinadas en Jalisco en el primer trimestre de 2021 y al menos 150 personas han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del año, de acuerdo con las cifras oficiales. En ese mismo periodo también se registraron cinco denuncias de víctimas de secuestro, 13 por feminicidio y 164 por extorsión.

Jalisco cerró el año 2020 con un total de dos mil 623 víctimas de homicidio doloso, apenas 1.65 por ciento menos que en el 2019, el año más violento de esa entidad en el último lustro.

El recrudecimiento de la violencia en Jalisco más que cuantitativo, es cualitativo, es decir que los hechos cada vez son más sanguinarios, explicaron expertos.

“Si bien es cierto que algunos indicadores podrían decirnos que está bajando un poco, lo cierto es que Jalisco es uno de los estados más violentos en nuestro país”, detalló Edgar Guerra, del CIDE.

David Coronado, jefe del laboratorio de Violencia del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, explicó en una entrevista previa con SinEmbargo que la violencia ha evolucionado y ejemplificó que ya no sólo se asesinan a las personas, sino que ahora se les priva de la libertad y en algunos casos los perpetradores arrojan los cuerpos de sus víctimas en zonas despobladas, ríos o cerca de sus casas, pero en muchos otros casos los entierran clandestinamente o los desaparecen de otra manera, lo cual es una violencia aún más cruel.

La dimensión real de estas formas de violencia aún no se refleja en los datos de la incidencia delictiva, pues en materia de desapariciones la cifra negra es alta, según estiman diversos analistas. Además, los cuerpos encontrados en fosas clandestinas no se contabilizan en las estadísticas de homicidios dolosos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas con al menos 12 mil 633, las cuales representan el 14.40 por ciento del total de los desaparecidos en el país. También se ubica en el primer lugar en el tema de fosas clandestinas al tener el mayor número de cuerpos encontrados en estos lugares con un total de 433 cuerpos, es decir, el 42.96 por ciento del total nacional.

LA IMPUNIDAD, OTRO FACTOR

Para los especialistas, la impunidad que se ve reflejada desde las fiscalías al hacer malas investigaciones y en los poderes judiciales que no resuelven casos, un problema que abona a la inseguridad y violencia en todas sus vertientes.

El nivel de impunidad en Jalisco es del 96.2 por ciento, donde sólo cuatro de cada 100 delitos se castigan, de acuerdo con el estudio “Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, de la organización México Evalúa.

“Aunado a que existe una coordinación entre la autoridad federal, la estatal y la municipal para trabajar de manera conjunta y si lo sumas a que el Poder Judicial tiene un nivel de eficacia muy pequeño en contra de los delincuentes, pues es una tormenta perfecta para que el crimen organizado pueda actuar con una total impunidad”, comentó Anuar García.