Escribimos en una colaboración anterior que la discusión de la iniciativa para modificar la ley minera mostraría claramente de qué lado están los partidos políticos y sus legisladores en una materia en que quedan en juego los derechos humanos más básicos, en especial, de las comunidades en los territorios afectados. La Ley vigente, establecida en el sexenio de Salinas, se diseñó por las grandes corporaciones mineras para pasar por encima de todo, por encima de los derechos de las comunidades, por encima del derecho al medio ambiente, entregándoles el territorio, el agua y permitiéndoles dejar devastación y contaminación tras la explotación de los recursos mineros.

Como siempre que hay iniciativas que ponen el interés colectivo por encima de los intereses corporativos, existe el peligro de que, en su tránsito por el poder legislativo, los hilos de los cabilderos de la industria muevan las manos y plumas de los legisladores para cambiar palabras, párrafos o artículos esenciales para modificar su sentido original, sin que muchas veces se sepa quién o quiénes lo hicieron.

Así pasó con la iniciativa presidencial que retomó las demandas de la sociedad para que la ley minera pusiera en primer plano los derechos humanos, los derechos de las comunidades y del derecho a un medio ambiente sano. La iniciativa fue apoyada abiertamente por organizaciones, académicos y personas que en lo individual se sumaron a la iniciativa “¡CambiemoslaYa!” y por la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) formada por pueblos, comunidades y organizaciones civiles con presencia en 18 estados.

Tras su paso por la Cámara de Diputados, la iniciativa fue rasurada en asuntos fundamentales relacionados con el agua. La versión que salió al Senado mantenía aspectos centrales en las demandas que por decenios venían realizándose para enfrentar los daños y conflictos profundos que la ley minera salinista provocaba en el país, con grupos armados protegiendo los intereses mineros, represiones, asesinatos, destrucción del tejido social, destrucción ambiental y explotación y contaminación del agua.

El movimiento se enfrentó a la disyuntiva de apoyar la iniciativa de ley o detenerla, entendiendo que se había logrado: 1) retirar el carácter preferente a la actividad minera que establecía el interés de las mineras por encima de los intereses de las propias comunidades que habitan y son dueñas de los territorios; 2) el derecho a la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de las comunidades antes de que se den las concesiones; 3) la prohibición de la minerías en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua; 4) la prohibición de la actividad minera en zonas en que ponga en riesgo a la población; 5) la obligatoriedad de un programa de restauración tras el cierre de las operaciones, entre otras medidas.

Lo que fue retirado de la iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados fueron las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales con las que se posibilitaba frenar el despojo, la sobrexplotación y contaminación de enormes volúmenes de agua y limitar así los graves impactos para los pueblos vecinos a las minas; se debilitan algunos controles regulatorios ambientales; se aumentan los años de concesión que con prorrogas llegan hasta 80 años; se plantea la realización de estudios de impactos socioambiental y social, pero no de manera previa al otorgamiento de concesiones ni llevados a cabo por entidades independientes y técnicamente capaces, supervisadas únicamente por el Estado.

La disyuntiva fue enorme para las organizaciones que por más de 30 años venían sufriendo y luchando contra la ley minera salinista, aceptar lo ganado o parar la iniciativa en el Senado con el riesgo de que las condiciones políticas cambiarán y nos quedáramos con la ley vigente. Los tiempos políticos que se avecinan son impredecibles y la penetración del cabildeo crecía. La decisión fue apoyar esta iniciativa y mantener la lucha para avanzar en las materias que quedan pendientes.

La ley minera vigente, la iniciativa presidencial que llegó a Diputados, la que salió de Diputados al Senado y que fue aprobada, el papel que ha jugado la sociedad civil, el comportamiento de los legisladores, de cada uno de ellos mostrando sus alianzas, el papel de los medios de comunicación frente a este tema, la postura de las agencias internacionales que advertían catástrofes financieras por esta iniciativa, la alianza entre las corporaciones, todo ello representa una radiografía cruel del escenario político mexicano que hay que exhibir para que quede claro cuál es el papel de cada quien.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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