Independientemente de la coincidencia de tiempos que se dio entre el anuncio de su detención y la visita del Presidente mexicano a su homólogo estadunidense, lo que hizo a algunos imaginar que se trataba de un “regalo” a México por parte del generoso amigo Donald Trump, la verdad es que la captura de César Duarte Jáquez es un logro indudable del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Pillo de siete suelas, Duarte Jáquez tiene en su contra 21 órdenes de aprehensión por delitos que representan un saqueo de mil 550 millones de pesos al erario chihuahuense durante su gestión como Gobernador de ese estado norteño, entre 2010 y 2016.

Desde 2014, siendo Senador de la República, el panista Corral Jurado denunció un desvío de fondos por parte del mandatario priista por 65 millones de pesos para la creación de su propia institución financiera, el Banco Unión Chihuahua. Asimismo, respaldó plenamente la denuncia penal presentada por activistas chihuahuenses encabezados por el abogado Jaime García Chávez y reunidos en la organización cívica Unión Ciudadana.

Sus denuncias sobre la corrupción del Gobierno de Duarte Jáquez fueron factor determinante para que Corral Jurado accediera a su segunda candidatura a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. Y ese fue tema central de su campaña electoral que lo llevó al palacio de Gobierno de Chihuahua en 2016, para un periodo de cinco años.

En su toma de posesión, el 4 de octubre de ese año, se comprometió formalmente a llevar a Duarte Jáquez y a sus cómplices ante la justicia, “porque el que roba desde el Gobierno no sólo se roba unos centavos o unos millones, se roba oportunidades, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente para aspirar a una vida mejor”.

Al llegar al Gobierno, Corral Jurado se encontró con las arcas literalmente vacías y una deuda de 48 mil millones de pesos heredada por su antecesor. Las pesquisas de su Gobierno llevaron a la configuración sucesiva de una serie de ilícitos diversos, hasta sumar un robo superior a los mil 550 millones de pesos, lo que llevó a una serie de consignaciones penales y, posteriormente, a la expedición de 21 órdenes de aprehensión en su contra.

El exgobernador priista huyó a Estados Unidos apenas terminó su mandato, mientras como en auténtica caja de pandora salían más y más acusaciones en su contra. El Gobierno entrante procedió a la incautación preventiva de numerosos bienes, entre ellos inmuebles urbanos, vehículos, ranchos y cabezas de ganado.

Y algo particularmente importante: Corral Jurado logró documentar el desvío de recursos del erario estatal al PRI para financiar campañas electorales del partido tricolor, una práctica común en el viejo sistema que nunca sin embargo había sido cabalmente probado. Mediante la llamada Operación Zafiro se transfirieron alrededor de 250 millones de pesos para las campañas del partido entonces dominante en Chihuahua y otros estados.

La trascendencia mayor de ese caso es que involucra no sólo al entonces Gobernador chihuahuense, sino también al otrora poderosísimo político sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces dirigente nacional del PRI, a través de su principal operador financiero, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Y que, por ende, abre el camino directo al responsable final del desfalco millonario, sin cuya anuencia habría sido imposible su realización: Enrique Peña Nieto.

Es el único caso hasta ahora por el que el expresidente de la República –acusado de mil corruptelas en medios y redes–, pudiera realmente ser encarcelado. Así de clave.

No es casual por supuesto la descarada protección que brindó el Gobierno federal a uno de sus próceres favoritos, amigo personal del Presidente de la República, quien no movió un dedo para lograr la extradición del chihuahuense a pesar de 14 solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno panista.

La captura final de Duarte Jáquez en Florida, el miércoles pasado, es por todo lo anterior una victoria del pueblo de Chihuahua, como manifestó Corral Jurado, aunque como él mismo lo reconoció tuvo el sustento legal y político del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

El Gobierno de Chihuahua puntualizó que la detención del exgobernador es resultado de la solicitud de extradición que presentó la Fiscalía General del Estado ante la Fiscalía General de la República. Las autoridades mexicanas pidieron la entrega del priista con base en una orden de aprehensión girada el 8 de octubre de 2019 por la Jueza local María Alejandra Ramos Durán, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, que el Código Penal de Chihuahua sanciona con penas máximas de nueve y 12 años de cárcel, respectivamente.

“Fue una batalla larga, ardua y dura para hacer que la corrupción del exgobernador no quede impune y presentarlo ante los tribunales”, dijo el Gobernador de Chihuahua este jueves. “Mientras la memoria no se rinda y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega”.

Aunque todavía falta.

Falta, en efecto, que se lleve a cabo el juicio de extradición y que el acusado sea entregado a las autoridades mexicanas para ser llevado a la justicia en Chihuahua, por lo pronto; pero su captura es un paso crucial. Esperamos que nada se interponga para evitar que responder por sus fechorías. Y se abra por fin el camino hacia su jefe y protector. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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