Por supuesto existen claras similitudes entre los casos del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales, “La Maestra”. Ambos alcanzaron inmenso poder en sus respectivos emporios sindicales y los dos fueron finalmente víctimas –independientemente de sus fechorías evidentes– de una venganza política que los privó de su libertad, al primero durante ocho años y a la segunda durante cinco años y medio.

Hay coincidencia también en que tanto Joaquín como Elba Esther no fueron acusados por los verdaderos delitos graves que pudieron cometer, sino que se les fincaron acusaciones endebles y laterales como si se pretendiera desde un principio dejar abierta la puerta de su liberación, una vez cumplido su “castigo”.

Me tocó documentar en varios reportajes la riqueza inmensa de “La Quina”, el poderío económico y político de su emporio sindical y las atrocidades propias de un cacicazgo que se inició en 1961, todavía durante el gobierno de Adolfo López Mateos, y que resistió otros cuatro sexenios: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Con cada uno de esos presidentes tuvo el líder petrolero conatos de enfrentamiento, que en realidad eran hábiles maniobras suyas para encarecer el precio de su apoyo al régimen priista.

Un supuesto respaldo económico de “La Quina” en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas (que ganó en todas las zonas petroleras del país), que incluiría el patrocinio para la edición de un panfleto contra Carlos Salinas de Gortari, habría tensado sus relaciones con el candidato presidencial del PRI. Tuvo con él un enfrentamiento público, eso sí, en los inicios del gobierno y unos días antes de ser detenido, al oponerse a las posibles intensiones del nuevo mandatario de “privatizar” la industria. A esos factores se habría sumado la necesidad de legitimación a través de un golpe mediático de un Presidente cuya elección había sido ampliamente cuestionada.

El 10 de enero de 1989, un comando militar irrumpió muy de mañana en la casa de “La Quina” en Ciudad Madero, que fue tomada literalmente por asalto. El líder petrolero fue detenido en pijama. También una docena de sus incondicionales. El operativo fue dirigido personalmente por el célebre subprocurador federal Javier Coello Trejo, que ganaría luego el apodo de “el Fiscal de Hierro”.

Según la versión oficial, un agente del ministerio público, Gerardo Antonio Zamora Arrioja, habría sido recibido a balazos y asesinado en la puerta de la residencia. En el pequeño vestíbulo de la entrada –en el que estuve en más de una ocasión, por cierto-–, los militares habrían “encontrado” cajas que contenían metralletas y otras armas, destinadas a una supuesta sublevación contra el gobierno.

La verdad fue que en ese lugar no ocurrió muerte alguna. Tampoco hubo disparos. Constaté que en ninguna funeraria de Ciudad Madero o Tampico se recibió el cadáver, que nadie vio, y que el acta de fallecimiento fue enviada por “fax” desde la Ciudad de México (Zamora Arrija murió efectivamente en esas fechas, pero en Ciudad Juárez).

Por otro lado, era absurdo el almacenamiento de cajas repletas de armas largas en el recibidor de la casa, donde Joaquín solía atender cada miércoles a decenas de petroleros y familiares de éstos que acudían a hacerle alguna petición.

“La Quina” nunca fue acusado por la enorme corrupción que encabezaba (sobre todo referida al tráfico de contratos y plazas) y en la cual estaban involucrados ex funcionarios y funcionarios de Pemex. Fue acusado de homicidio y acopio de armas, pero finalmente sentenciado sólo por éste último delito a 35 años de prisión. Sin embargo, fue “amnistiado” en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Murió en Tampico en noviembre de 2013.

Por su parte, Elba Esther, (a quien su antecesor y protector Carlos Jonguitud Barrios puso el mote de “La Flaca” allá por 1973), tuvo diferencias con Enrique Peña Nieto desde la campaña presidencial de 2012. La lideresa chiapaneca coqueteó con su apoyo y el de su partido Nueva Alianza a AMLO, que no ocurrió en los hechos, aunque sí se mostró intransigente ante la petición de apoyo del nuevo mandatario a la Reforma Educativa.

Aunque fueron ampliamente documentados y difundidos los despilfarros de la maestra en viajes, lujos, joyas, casas, ropa, para lo cual dispuso de mil 978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la maestra –detenida en febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca– fue acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.

El sindicato pudo haberla acusado de desvío de recursos, pero nunca lo hizo. Ella siempre alegó que el uso ilimitado de los dineros sindicales por parte de la dirigencia era “habitual y legal”.

Los delitos que se le imputaron acabaron por desvanecerse y el magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, declaró su inocencia y ordenó su liberación el pasado martes 7 de agosto, justo en la víspera de la entrega de la constancia de mayoría al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y a menos de cuatro meses de que EPN deje el cargo.

La coincidencia ha provocado especulaciones sin cuento. Se habla sin ninguna evidencia de un “acuerdo” entre Peña Nieto y su sucesor, cuya virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que la decisión de liberar a la ex dirigente del sindicato magisterial, fue “acertada” e incluso que “se lo merecía”. La coincidencia de fechas en que se da la liberación de “La Maestra” es sorprendente, eso sí. También la semejanza de su caso con el de Joaquín Hernández Galicia. Es el sistema político mexicano que… ¿se va? Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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