Redacción/SinEmbargo
10/09/2015 - 12:00 am
Ayotzinapa: honrar la palabra, ¿es eso tan difícil?
“[El Presidente] ya dijo que se va a reunir con nosotros pero no nos han dicho nada todavía. Estamos esperando a ver cuándo. La [reunión la] pedimos para antes del 10 [de septiembre] pero nada aún. A ver si nos dicen una fecha en las próximas horas”, comentó ayer Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio […]
“[El Presidente] ya dijo que se va a reunir con nosotros pero no nos han dicho nada todavía. Estamos esperando a ver cuándo. La [reunión la] pedimos para antes del 10 [de septiembre] pero nada aún. A ver si nos dicen una fecha en las próximas horas”, comentó ayer Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La también integrante del Comité de Padres de Familia que pide la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo lo anterior en un foro realizado en el Colegio de México (Colmex) y ratificó que ninguna autoridad de Los Pinos se ha comunicado con ellos, luego de que el lunes pasado, en un acto público en Puebla, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo estar “en total disposición” para realizar el encuentro.
Clemente, otro padre de familia del grupo de jóvenes víctimas de desaparición forzada, aseguró que al principio hubo llamadas por parte de algunos funcionarios de bajo rango del Gobierno federal, pero refirió que no ha habido nada en concreto. Aun así, dijo, espera que la reunión con el Presidente se realice este viernes 11 de septiembre.
El 7 de septiembre pasado, también Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República, dio su palabra ante los mexicanos y expuso que el Gobierno de la República reiteraba “su compromiso con la sociedad mexicana, y particularmente con las víctimas y sus familiares, para continuar trabajando en el esclarecimiento puntual de estos hechos”.
Ayer, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, todos ellos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigieron debe “investigar a todos los funcionarios que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa”.
Los integrantes de la ONU alentaron, mediante un posicionamiento público, a que el Gobierno de México –como prometió también– acate e implemente todas las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), el cual ha desmentido la “verdad histórica” sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
“A la luz de los nuevos hallazgos, […] la investigación sobre los hechos debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción o por omisión estuvieron involucradas en lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como en el desarrollo de las investigaciones y actuaciones realizadas con posterioridad”, exigieron los funcionarios de la ONU.
La pronta y diligente implementación del Gobierno a estas exigencias “favorecerá la adecuada investigación y sanción de los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, dijeron los expertos en el posicionamiento hecho público ayer.
Estas son algunos de los asuntos que el Gobierno se ha comprometido en el caso Iguala. Pero algunas de las preguntas en el aire son: ¿será que esta vez honrará su palabra?, ¿será que es tan difícil cumplirla?, ¿será que dejará la soberbia por los errores cometidos y ahora sí, con voluntad política y de cara a la sociedad que se lo reclama, esclarecerá el caso?
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