“En política si las cosas no cambian es que siguen igual.” Güémez.

Expectativas

El cambio en el plan de seguridad para mantener al Ejército en las calles. Más de trescientas organizaciones y personas criticaron que el Presidente electo no muestre en su discurso “un compromiso inequívoco de construir un proceso de desmilitarización responsable”.

“Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha omitido comprometerse con lo que en reiteradas ocasiones la CIDH, ONU, CNDH y este colectivo (Seguridad Sin Guerra) han recomendado: el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas (tareas) por parte de las policías civiles”, señalaron.

“Lo anterior, aunado a la ausencia del compromiso de abrogar la Ley de Seguridad Interior, hace oídos sordos a lo que se dice reiteradamente en los foros organizados por quienes integrarán la futura Secretaría de Seguridad Publica y abona a la incertidumbre sobre la voluntad del próximo gobierno para detener la militarización que a lo largo del país ha venido acompañada de un incremento a la violencia y las graves violaciones de derechos humanos”, agregaron.

Mientras continúe la militarización, apuntaron las organizaciones que integran el colectivo, no podrán empezar a construirse la paz y la reconciliación en el país, que este año ha alcanzado niveles récord de violencia.

“Reiteramos nuestra disposición para aportar en el debate público y la exigencia de abrogar la Ley de Seguridad Interior, elaborar un plan responsable de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y adoptar las medidas necesarias para fortalecer a las policías y acabar con la impunidad que prevalece respecto de los elementos castrenses involucrados en graves violaciones de derechos humanos.”

AMLO prometió crear una Guardia Nacional (Art. 31/Fr. III, Const.), pero esa idea quedó atrás; la Marina y el Ejército, en el corto plazo, seguirán combatiendo al crimen en las calles, según dijo el Presidente electo.

“Esto desde luego tiene que ser transitorio. Pero en el inicio de gobierno vamos a actuar de manera conjunta, para que de acuerdo a mis facultades (Art. 89 Const.) se pueda contar con el apoyo del Ejército y la Marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior en el país, y también por la situación de gravedad que prevalece en materia de inseguridad y de violencia, vamos a apoyarnos en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública…”, agregó.

Apenas una semana antes, Alfonso Durazo, propuesto para ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que se volverá a crear el próximo sexenio, había descartado la creación de una Guardia Nacional, porque la prioridad del nuevo gobierno, según dijo, será perseguir las finanzas del crimen, y no detener a sus cabecillas…

“Necesitamos resolver el problema, en definitiva, con lo que más convenga. Y lo vamos a hacer en el mediano y largo plazo. Vamos a actuar ahora en el corto plazo con el apoyo del Ejército y la Marina, vamos a llevar a cabo nuestro programa de manera conjunta, y de acuerdo a los resultados que se obtengan vamos a tomar ya una decisión que puede consistir en cambiar el marco jurídico. Pero no hacer ningún cambio ahora a la ley de la materia de seguridad pública en tanto no tengamos resultados. Vamos primero a operar en el marco legal actual. Tengo confianza de que vamos a salir adelante con la coordinación”, se aseguró. (Animal Político, 27/08/18)

Aparato militar

El fortalecimiento del aparato militar en distintas esferas de gobierno, pero particularmente en las áreas de seguridad, inteligencia y justicia. Es un proceso que data desde la administración de Carlos Salinas de Gortari quien institucionalizó el uso de las fuerzas armadas en tareas contra la delincuencia organizada, el Plan Nacional de Desarrollo reconoce al narcotráfico como un asunto de Seguridad Nacional. Firma el TLC.

Conforme ahondó la crisis en seguridad, Ernesto Zedillo continuó con la tendencia de hacer uso del Ejército en tareas para combatir la criminalidad, crea el Plan Chiapas 1994 para aniquilar al EZLN (Transgresores), el Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico/Sedena y quiebra los preceptos de la Ley de Neutralidad cardenista, que evita la intromisión de fuerzas armadas extranjeras en los asuntos internos, lo que se conoce como El Tercer Vínculo.

La expansión de la participación de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública ha sido consistente.

Vicente Fox reforzó la intervención militar en los asuntos públicos, militarizando la procuración de justicia y la persecución del crimen, reforma la Constitución para meter la mano en los temas de Seguridad Nacional (Art. 89 Fr. VI), y crea la Ley de Seguridad Nacional. Firma la ASPAN.

Felipe Calderón sacó abiertamente a los militares de sus cuarteles para el combate al crimen organizado y declaró la “Guerra contra las drogas”, abdicando en su función de seguridad y defensa, firmó la Iniciativa Mérida y puso de rodillas a las fuerzas armadas al servicio del Pentágono/USA, por supuesto con la complacencia de los altos mandos de la Sedena/Marina. Crea el Programa Sectorial de Defensa Nacional, que determina las afectaciones a la seguridad interior, y el Plan México 2030, para el desmantelamiento del Estado/Nación. (Panel sobre los Retos a la Seguridad y Defensa de México S-XXI)

Enrique Peña Nieto, ante el colapso del sistema de seguridad y de inteligencia y de justicia, decretó la permanencia del Ejército en las labores de seguridad, justicia, inteligencia y persecución del delito, refuerza el Programa Sectorial de Defensa Nacional que relaciona los asuntos de seguridad interior, crea el Pacto por México, y la Ley de Seguridad Interior, ley de inmunidad para el Ejército,  a fin de encubrir los crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente del Ejército/Marina.

O sea, queda claro, la entrega de la nación, corre en paralelo a la militarización del país.      

Así las cosas, cada vez que el sistema de poder y la clase política nacional, vieron amenazados sus intereses o se vieron en aprietos, al llegar ilegítimos al poder, recurrieron al uso de las fuerzas armadas en pleno, para dirimir incluso asuntos de carácter social, laboral, sindical, estudiantil y hasta electoral: la masacre de 1968, la guerra sucia de los 70, el halconazo, los fraudes electorales, los asesinatos políticos, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que desemboca en el colapso del orden institucional y una crisis humanitaria a todas luces inaceptable.

Ante esta grave situación, es riesgoso que la actual administración electa legítima en las urnas, y con la expectativa de impulsar un cambio de régimen, vislumbre la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para mantener la seguridad y lograr la pacificación. Decisión que se torna peligrosa por tratarse de una POLÍTICA DE ESTADO: “vamos a apoyarnos en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública”. AMLO.

Perspectivas          

El desafío en materia de seguridad es enorme y demanda atención inmediata, alejada de clichés y prejuicios ideológicos, y con una auténtica determinación política. Si AMLO y su equipo no articulan estratégicamente a los actores preponderantes de la seguridad, la “cuarta transformación” quedará sólo en el papel. Porque en un Estado débil no hay transformaciones. (Heraldo, Sigrid Arzt)

Dominio del Hecho/El hombre de atrás

La responsabilidad de las masacres históricas todas, contra poblaciones inermes, por ejemplo Tlatlaya, radica en quienes jalaron el gatillo para ultimar (fusilar) a personas ya sometidas: autores materiales; pero la máxima responsabiliza es la que resulta de la tesis del “Dominio del Hecho”, una doctrina jurídica para analizar los aparatos delictivos de poder. (Claus Roxin)

En la misma se establece que la figura del “hombre de atrás”, aquel que no está presente en la escena del crimen, pero desde su escritorio impartió la orden para que se consumara el delito, es igualmente responsable o más, que el autor material.

Sin la figura del “hombre de atrás” el delito no se consuma, ya que dispone la orden que activa una estructura tal, que suministra los medios para que se concrete, dominando así la voluntad de la acción. “El ejército y la armada seguirán en las calles realizando tareas de seguridad pública.” Palabras más, palabras menos, de unos y de otros, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, cinco sexenios, 30 años de abusos y graves violaciones a los derechos humanos, y en ciernes está la decisión de la presente administración morenista, ya actuando de pleno en el Congreso.

Esta teoría del Dominio del Hecho, viene aplicándose en la mayoría de los juicios por delitos de lesa humanidad (Fujimori, Pinochet, Videla) ya que permite visualizar cómo los responsables (altos funcionarios de gobierno, políticos y militares) dispusieron discrecionalmente de todo el aparato de poder para alcanzar sus objetivos…, en nuestro país: someter al pueblo, a fin de imponer una política económica depredadora y permitir la extracción indiscriminada de los recursos naturales de la nación en beneficio del gran capital. Esto admitió el sometimiento de las víctimas a condiciones inhumanas de vida como forma de castigo por su disidencia, militancia política, sus asesinatos y en la mayoría de las veces la desaparición de sus cuerpos.

Se entenderá por crimen de lesa humanidad, cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, el caso mexicano se encuadra dentro de esta hipótesis: asesinato, exterminio, tortura, desaparición forzada de personas, entre otros. Artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Tratado Internacional del que México es Parte. (Art. 133 Const.) Crímenes perfectamente documentados a miles, por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales en contra del Estado, Ejército/Marina.

(Redactando esta entrega se publica: ONU señala a la Marina de la desaparición de 36 personas en el norte del país. En 32 fosas encuentran 166 cuerpos en Veracruz. La CNDH documenta 3,926 cuerpos en 1,307 fosas clandestinas. ¿Quién será? cuando el Ejército/Marina, está a cargo de la seguridad pública y la persecución del delito a nivel nacional y la policía está adoctrinada, capacitada, adiestrada por el Ejército: militarizada. ¿Quién será?)

Atendiendo la forma en que se realiza el delito, Claus Roxin distingue tres formas de dominio del hecho: dominio de la acción para la realización del delito de propia mano (autoría inmediata): los soldados que dispararon su arma. El dominio de la voluntad para la realización del tipo mediante otro como instrumento (autoría mediata): la política impuesta por el gobierno “Política de Estado: el Ejército en las calles”. Y el dominio funcional del hecho para aquellos casos en que varios individuos colaboran en la realización del ilícito en un plano de igualdad, sin que ninguno de ellos realice íntegramente el tipo de propia mano (coautoría): Estado/Ejército/Marina, las instituciones y el sistema de seguridad pública. Código genético, el ADN de un crimen de Estado.

 

Por la otra, es emblemático el caso mexicano, el acuerdo de cooperación técnica firmado por la CIDH y el gobierno junto con los familiares de los desaparecidos, caso ayotzinapa, para que participara el GIEI en la investigación, fue aceptado en un acto soberano del Estado donde participaron varias dependencias de la administración pública federal, nadie los obligó, por lo que las actuaciones del GIEI, no se trata de una injerencia, como tendenciosamente se quiere hacer aparecer: la clase política nacional a ultranza encubriendo la participación del Ejército en crímenes contra la población.

Cierto, la responsabilidad de la masacre, radica en quienes la cometieron para ultimar a personas ya sometidas, los autores materiales; pero la máxima responsabilidad es la que resulta de quien tiene en su mano el “dominio del hecho”. Retomando, en el mismo establece que la figura del “hombre de atrás”, aquel que no está presente en la escena del crimen, pero desde su escritorio impartió la orden para inducir el delito, es igualmente responsable como el autor material.

Se dijo anteriormente, que sin la figura del “hombre de atrás” el delito no se consuma, ya que dispone la orden y suministra los medios para que se concrete, establece una estructura de mando, dominando así la voluntad de la acción: “El ejército y la armada seguirán en las calles realizando tareas de seguridad pública”, esa fue la orden de EPN en complicidad con los otros poderes (Congreso y Suprema Corte) y la aquiescencia consciente de los mandos militares. Y Ahora como en otros tiempos se dice: “Vamos a apoyarnos en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública…”, AMLO, ésta es la orden de la actual administración morenista, que encarnaría la figura del “hombre de atrás”.

Así es que al establecerse una línea de mando vertical omnímoda, a través del “dominio del hecho”, permite que el funcionario aproveche todo el aparato del Estado para imponer una política a como dé lugar, con la garantía de que será cumplida, en nuestro caso, en contravención con el mandato en las urnas, para establecer un régimen democrático de derecho, lógico desenlaza en una sistemática violación a los derechos humanos y un rompimiento de los códigos éticos de convivencia social.

No obstante las contundentes e indubitables evidencias del caso, la autoridad siempre miente, podrá engañar, pero no se podrá engañarse a sí misma.  EPN como único responsable de la masacre de Tlatlaya, Ayotzinapa y otras, podrán quedar impunes pero las cargará eternamente en su conciencia. ¡Ahora sí, que la historia lo juzgue y que la nación se lo demande!

La situación actual en que vivimos los mexicanos, y la necesidad imperiosa de encontrar la tranquilidad y la pacificación del país, requiere que nos encuadremos dentro de lo que se conoce como “Justicia Transicional”: verdad, justicia, reparaciones integrales, garantías de no repetición de las atrocidades y preservación de la memoria histórica. Lo que llevaría a la búsqueda del “hombre de atrás”, sea quien sea, no es venganza, es justicia.

Así las cosas, sería una paradoja que una sociedad que optó por la vía pacífica para establecer un régimen democrático, que una sociedad que se hace representar a sí misma a través de las urnas con una gran legitimidad sin tache, que nombró a sus representantes, a quienes les ha otorgado el mandato de un cambio, de buscar la paz y reconciliación nacional, sean señalados por la tesis del “Dominio del Hecho”, como el “hombre de atrás”. ¡Qué mentira! ¡Qué traición! ¡Qué decepción! ¡Qué vergüenza!

“Vamos a apoyarnos en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública…”, AMLO. Pregunto: ¿Cuándo estiman su primer masacre…? rápido porque el sistema que fue vencido en las urnas, se diría “la mafia del poder”, acecha vengativa tras un fracaso de la llamada Cuarta Transformación.

AMLO, con toda la fuerza que le da la unción del voto ciudadano, debe decretar el 01 de diciembre en la toma de posesión, la incorporación del Estado Mayor Presidencial a sus unidades de origen, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, y a tabla rasa, “el regreso incondicional de los militares a sus cuarteles”.

¡El mandato en las urnas exige un cambio de régimen!  ¡Tope en lo que tope, pésele a quien le pese!

¡No acuso, no contradigo, señalo, describo, advierto!

Glosario: La Seguridad Pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. (Art. 21 Const.) Responde a un ordenamiento de gobierno Federal (Art. 40 Const.) Las partes integrantes de la federación son los Estados (Art. 43 Const.) Los Estados, tienen como base de su división territorial y de su organización política administrativa, el municipio libre. (Art. 115 Const.)

Sobre este ordenamiento territorial y jurisdiccional que sanciona y faculta la Constitución General, se asienta la Seguridad Pública. La base, el cimiento de la estructura de seguridad pública es el municipio ¿Cuál sistema de Cuadrantes?

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