En las últimas semanas se han desarrollado las mesas de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto, en las cuales, integrantes de las distintas Secretarías del Gobierno Federal buscan comprometerse con la sociedad para atender ciertas problemáticas relacionadas con el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en diversos temas como son: seguridad y justicia, desarrollo rural, empleo, salud y combate a la corrupción. Lo anterior a través de un Plan de Acción bianual que es monitoreado por la sociedad civil y cuyos indicadores se vinculan al cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

La Alianza es la oportunidad de tener un diálogo abierto y franco entre gobierno y sociedad para determinar, en conjunto, la solución de problemas comunes. Actualmente, son más de 79 países y 20 gobiernos locales que forman parte de este esfuerzo.

No obstante, desde su creación en 2011, donde México fue fundador, la Alianza ha tenido subidas y bajadas. Durante el desarrollo del Primer Plan de Acción por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, omitió consultar a la sociedad civil para definir sus compromisos y tras el reclamo, se adoptó un plan de acción ampliado que dio como resultado, por ejemplo, la publicación de la base de datos de “Gastos de Comunicación Social” de la Secretaría de la Función Pública o el presupuesto y las estadísticas de actuación de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que hasta hoy siguen vigentes. Es decir, gracias a este Plan de Acción Ampliado, hoy tenemos información sobre los más de 64 mil millones de pesos que Peña Nieto se gastó en publicidad oficial durante su gobierno o de la impunidad del 99.13% en las investigaciones de agresiones contra periodistas. Sin embargo, compromisos como el desarrollo de “un programa dirigido a las víctimas del delito para conocer el estado de sus averiguaciones previas vía electrónica con el objetivo de agilizar y transparentar la consulta de las investigaciones” o “una página que contenga información sindical permanente y actualizada” se quedaron en el tintero.

Luego, en el Segundo Plan de Acción, cuando México ocupaba la Presidencia de la Alianza, se logró desde el comienzo una articulación importante con los integrantes de la Administración Pública Federal y la sociedad civil con el fin de co-crear. De esta manera, compromisos mucho más ambiciosos que los del Primer Plan lograron concretarse casi en su totalidad. A partir de este Plan, la entonces Secretaría de Desarrollo Social publicó un padrón único de beneficiarios de programas sociales; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se comprometió a depurar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) a través de una metodología clara que diera certeza de que las personas que se encontraran en el registro aún estaban siendo sujetos de búsqueda por el Estado, incluyendo también estadísticas de valor; y a la entonces Procuraduría General de la República la publicación de un Registro Nacional de Detenciones con las estadísticas correspondientes. De hecho, se creó un tablero de control para dar seguimiento a cada una de las acciones que dieran cause al cumplimiento de cada uno de los compromisos.

Sin embargo, si bien podemos decir que este Plan ha sido el más exitoso hasta el momento, el diálogo con el gobierno para el cumplimiento de los objetivos no fue cosa fácil. Los funcionarios siempre buscaron regatear cada pedazo de la información solicitada o los mecanismos para hacerla accesible. Recuerdo, por ejemplo, que lograr que el RNPED incluyera los registros de averiguaciones previas iniciadas por el delito de “desaparición forzada” implicó meses de debate y también así las estadísticas desagregadas por Estado. Hoy, la mayoría de la información que logró hacerse accesible gracias a este esfuerzo no se encuentra actualizada desde la entrada del nuevo gobierno o, de plano, las vínculos de las páginas están rotos y es imposible acceder a cualquier tipo de información.

En el Tercer Plan de Acción las cosas no salieron bien. Cierto, durante el proceso de co-creación participaron tantas personas como nunca antes. Incluso algunos legisladores e integrantes del Poder Judicial se sumaron a los compromisos. Sin embargo, fue difícil mantener un diálogo franco con un gobierno como el de Enrique Peña Nieto en sus últimos años, que se conoce como un gobierno corrupto y violador de derechos humanos. De hecho, las organizaciones del núcleo de la Alianza decidimos romper lazos una vez que supimos que algunos de los integrantes de las organizaciones habían sido espiados con el malware Pegasus y solicitamos a la Alianza que considerara un mecanismo de respuesta para sacar a México de entre los países parte, hasta en tanto se comprometiera a una serie de medidas de transparencia y rendición de cuentas respecto a la vigilancia.

El nuevo gobierno buscó restablecer el diálogo y generar compromisos, en principio respecto al espionaje a partir de una hoja de ruta y, posteriormente, con la intención de generar un Cuarto Plan de Acción que está en proceso de co-creación. Hasta el momento, la primera ronda de las mesas de trabajo han derivado en una serie de compromisos que, de cumplirse, podrían tener un impacto importante en la participación ciudadana y el combate a la corrupción en nuestro país. Por ejemplo, en el área de desarrollo rural se logró impulsar “un Grupo de Trabajo que monitoreé los ya existentes mecanismos de participación ciudadana o comisiones intersectoriales que mandatan las leyes en materia de desarrollo rural y ambiental.

Esta semana, se llevará a cabo de la mesa de seguridad, la cual cobra especial relevancia ante la necesidad cada vez más imperante de información que nos permita identificar la efectividad de las políticas públicas en la materia. Por ejemplo, ante la continuación de la estrategia de seguridad centrada en el uso de la fuerza, es fundamental contar con estadísticas que SEDENA dejó de publicar en abril de 2014: me refiero a las cifras de personas detenidas, heridas y asesinadas en lo que las fuerzas armadas consideran “enfrentamientos” o “agresiones” con civiles. Esta información nos sería de utilidad para conocer, por ejemplo, el índice de letalidad (la relación entre personas heridas y asesinadas) un dato que, al ser transparente, nos ayuda a saber si ocurren ejecuciones extrajudiciales y, por ende, a prevenirlas. A esta información, se agrega también la urgencia de contar con los esperados Registro Nacional de Detenciones, Registro Nacional del Delito de Tortura o los registros que ordena la Ley General en Materia de Desaparición: Registro Nacional de Fosas, de Desaparecidos y de personas fallecidas no identificadas. Espacios como éste, pueden contribuir a que contemos con más información que, a su vez, puede prevenir que más asesinatos y desapariciones sigan ocurriendo.

En retrospectiva, la Alianza ha hecho accesible información que de otra manera no lo era y ha dado pauta a una nueva forma de participación ciudadana y un diálogo distinto entre gobierno y sociedad. El gobierno de México nos ha quedado a deber, primero por el rezago en diversos compromisos de los distintos Planes, pero también porque en algunos casos la información que se encontraba disponible ha dejado de publicarse. Sin embargo, esta es una oportunidad para mirar la apertura como un verdadera forma de gobernar, para reconocer que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser vistos como valores institucionales que fortalecen al Estado y no como deberes.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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