Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federa, ordenó a la Sagarpa y Semarnat abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz Genéticamente Modificado, así como prescindir  de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental.

Por medio de un comunicado de prensa se informó que la medida precautoria está basada en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, por lo que se impide a las empresas trasnacionales como Monsanto y Pioneer liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, según explicaron abogados de la Asociación civil Colectivas.

El Padre Miguel Concha, uno de los demandantes, indicó que el Estado mexicano está obligado a proteger los derechos humanos de las y los mexicanos frente a intereses económicos de grandes empresas.

Por ello destacó la orden judicial de detener la siembra de maíz transgénico como un avance para que los derechos humanos a la alimentación, la salud y el medio ambiente se vean garantizados en el territorio Mexicano.

Explicó que la demanda colectiva también busca proteger el derecho humano de conservar, utilizar y participar de la biodiversidad de los maíces nativos, frente a la amenaza que representan los maíces transgénicos. Se trata, dijo, de un derecho colectivo de la población mexicana, derecho reconocido por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, explicó el defensor de derechos humanos.

Por su parte, Víctor Suárez Carrera, Director Ejecutivo de la ANEC, aseveró que los productores se verían ampliamente afectados frente a la monopolización de sector semillas a través de esta tecnología.

Dijo que los Científicos han demostrado que “no es posible contener al maíz transgénico y que la acumulación progresiva e irreversible de los paquetes transgénicos actuales y futuros, pudiera rebasar el umbral letal de tolerancia de la planta e impedir su sobrevivencia”, afectando gravemente a la planta y la condición única de México como centro de origen y diversificación continua.

En cuanto al consumo la Dra. Mercedes López, de Vía Orgánica, dio a conocer el grave riesgo en que nos encontramos los mexicanos frente al hecho de que el 53% de la ingesta calórica y el 22% de la proteínica de la dieta nacional provienen del consumo directo del maíz como grano nixtamalizado.

Si se permitiera la siembra indiscriminada de maíz transgénico, advirtió, todas las mexicanas y mexicanos seríamos afectados pues cada día se revelan nuevas  las investigaciones que demuestran el daño a la salud causado por los transgénicos.

Finalmente, Adelita San Vicente, representante de la Fundación Semillas de Vida A.C., detalló que la demanda fue elaborada con base en investigaciones de los mejores científicos del país en la materia. Algunos de ellos nos acompañan como firmantes de la demanda, mientras que otros participarán en su momento, presentando los peritajes que se requieran dentro del juicio.

Explicó que los hechos que se denuncian en la demanda colectiva fueron aportados por diversas organizaciones y son fruto del trabajo de defensa jurídica realizado a lo largo de los años al interior de la Campaña Nacional Sin maíz no hay país.

El pasado 5 de julio, esta demanda fue presentada por un grupo de ciudadanos conformado por el Padre Miguel Concha, el Dr. Antonio Turrent, el Mtro. Bernardo Bátiz, el Dr. Víctor Manuel Toledo, el Dr. Raúl Hernández Garciadiego, el Ing. Víctor Suárez, el Antropólogo Julio Glockner, el Lic. Federico Guillermo Berrón Autrique y la Mtra. Adelita San Vicente.

Así como las organizaciones civiles como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos de Campo (ANEC); la Fundación Semillas de Vida A.C; ANEMA A.C; Fomento Cultural y Educativo A.C.; Fronteras Comunes A.C.; Alternativas y Procesos de Participación Social A.C. de Tehuacán Puebla; Tosepan Titataniske, de Cuetzalan, Puebla,  y de Tlaxcala el Grupo Vicente Guerrero A.C.; así como la ARIC en defensa del Maíz Nativo.

René Sánchez Galindo, de la asociación Colectivas informó que se nombró a un representante común de la colectividad demandante, a la Maestra Adelita San Vicente Tello, quien en términos de la Ley deberá desempeñar una función de interés público, en representación de la colectividad titular del derecho humano al medio ambiente.