La mayoría de los políticos mexicanos han vivido tanto del hueso que es difícil dejarlo. No saben vivir de otra cosa más que de los contribuyentes. No han sido productivos porque para ellos “trabajar” es hacer grilla, trampear a los enemigos, abusar de los recursos públicos, organizar vendettas, aliarse con el crimen organizado timar a los electores, a los ciudadanos que son los que les dan a ellos y a sus familias los lujos y excesos que presumen sin rubor alguno.

Se aferran al hueso porque sin él no son nada. Son mujeres y hombres, algunos herederos del poder incluso por generaciones –particularmente en los estados–, que han hecho del ejercicio de la política un estilo de vida.

En su cabeza no está tomar el poder para hacer viable el mejoramiento de la sociedad, según la ideología representada. Mucho menos impulsar la democracia para así generar el respeto de los derechos humanos en todos los terrenos.

Y ya ni hablar de que siquiera conozcan los conceptos clásicos de la política, una disciplina que garantiza el funcionamiento del sistema… no la que la rompe como, por desgracia, es el caso de muchas entidades en México.

Nicolás Maquiavelo –por lo visto uno de los teóricos favoritos de los políticos mexicanos– aseveró que el fin justifica los medios, resumiendo así una postura de la política consistente en acceder a posiciones de poder mediante la utilización de artimañas, de falsedades y embustes.

Y eso es precisamente lo que ayer hizo el Gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero: sacarle la vuelta con argucias a su responsabilidad por la masacre contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Está dispuesto, dijo, a que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice una consulta invocando el Artículo 35 constitucional para determinar si permanecerá en la gubernatura de Guerrero.

“Yo no me voy a ir por los opinotecnócratas (sic), quienes desconocen nuestra realidad […] que sean los guerrerenses que determinen si Aguirre se va o se queda”, manifestó el mandatario en una conferencia de prensa, donde incluso se dieron cita decenas de personas que gritaban: “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo!”.

Aguirre Rivero gobierna esa entidad desde el 1 de abril de 2011, años en los que Guerrero se ha situado en los primeros lugares en todos los renglones de inseguridad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada el 1 de octubre pasado, Guerrero es la entidad del país con la mayor “cifra negra” o delitos que no se denuncian o no se investigan), con un 96.7 por ciento de impunidad.

Además, en 2013, reportó el índice más alto de defunciones por homicidio de todo el país, con una tasa de 63 muertos por cada 100 mil habitantes; esa tasa supera a la de Chihuahua, que registró 59 defunciones, y a la de Sinaloa, con 41.

Otro dato demoledor, entre los muchos que ilustran el tamaño del problema en Guerrero, es el reportado por Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPyJP), que en su ranking ubicó al puerto de Acapulco no sólo como la ciudad más violenta de México, sino como la tercera en el mundo en ese rubro, con una tasa de 112 crímenes por cada 100 mil habitantes.

Las dos ciudades que superan a Acapulco con el mayor índice criminal en el planeta son San Pedro Sula en Honduras con 187 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Caracas, Venezuela, con 134 crímenes.

Ahora, lo del asesinato y desaparición de estudiantes, es considerado por organizaciones civiles a nivel nacional e internacional, como uno de los crímenes más terribles que ha visto el país y el mundo en las últimas décadas.

Más aún cuando las autoridades han informado del hallazgo de nueve fosas comunes. De las cinco primeras extrajeron 28 cuerpos calcinados, que están siendo aún identificados; de las cuatro posteriores no se ha dado la información oficial sobre el número de cadáveres.

Aun así no hay vergüenza, no hay ética, no hay sentido de la responsabilidad en el Gobernador que, en teoría, es la máxima autoridad del estado. Después del rechazo masivo expresado en las manifestaciones del pasado miércoles por miles de ciudadanos en Guerrero, en todo el país e incluso en diversas ciudades del mundo, él se aferra al hueso con todas sus fuerzas y promueve un truco legal para no dejar el poder ni tampoco, y muy importante, el acceso al dinero público.

Así, aferrado al hueso, Aguirre Rivero privilegia su interés personal y el de su grupo antes que dar un paso atrás y dejar que alguien más se quede con su trono.

Redacción/SinEmbargo

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