Con hechos y no con sus discursos airados, que lo han metido en más de un problema de corte internacional, el Gobierno federal muestra, un día sí y el otro también, que la procuración de justicia le tiene sin cuidado.

En el caso Ayotzinapa, las evidencias de ese desdén por encontrar la verdad jurídica se cuentan ya por decenas.

Ayer, otro ejemplo de ese desprecio por la Ley se evidenció en un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que insistió a la Procuraduría General de la República (PGR) que el cumplimiento de las 26 propuestas y observaciones sobre su investigación del caso Iguala “debe ser total y no se admiten respuestas a medias”.

La CNDH denunció que de las respuestas a las recomendaciones hechas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, depende “del esclarecimiento de los hechos y la verdad sobre tan lamentables acontecimientos”. Sin embargo, la PGR no ha dado respuesta a ninguna de las 26 observaciones realizadas por la oficina del Ombudsman nacional.

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, José Trinidad Larrieta Carrasco, destacó que el debido cumplimiento de la PGR a las propuestas y observaciones que se le hicieron “es requisito sine qua non para materializar los ejes bajo los cuales la Comisión Nacional ha conducido su investigación sobre violaciones a los derechos fundamentales”.

Larrieta Carrasco aseguró también que se busca el respeto al derecho de las víctimas a conocer la verdad, se haga justicia, la reparación integral del daño y, desde luego, la convicción de que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Al hacer un análisis del posicionamiento de la PGR en torno de las 26 propuestas que se le formularon, Larrieta destacó que, lamentablemente, ninguna de ellas fue atendida en su integridad por esa dependencia.

Dicha Procuraduría, dijo remitió el pasado 27 de agosto una tarjeta informativa donde hace del conocimiento de la CNDH lo que estimó un avance en las observaciones y propuestas que se le hicieron. Se trata, insistió, de una respuesta de la PGR insuficiente e imprecisa ante las recomendaciones sugeridas por la CNDH.

La tarde del domingo pasado, la CNDH dijo que de las 26 observaciones y propuestas emitidas a la PGR sólo dos fueron “atendidas parcialmente”, una “parcialmente con avance mínimo”, tres se encuentran “en vías de atención” y 20 “no fueron atendidas”. En respuesta, la dependencia que encabeza Arely Gómez González se comprometió a turnar un segundo documento con nuevos elementos que cumplimenten la recomendaciones del organismo.

“Esta Procuraduría reconoce el papel y la vocación del Ombudsman Nacional en la defensa de los derechos humanos. Es por ello, que la PGR está comprometida en dar cumplimiento a todas y a cada una de las observaciones y recomendaciones”, expuso la Procuraduría en un comunicado.

Pero los pendientes se siguen acumulando en esa oficina y no se sabe a ciencia cierta por qué: si es por ineficiencia, si es por la necedad de no reconocer errores, si es por complicidad… O vaya usted a saber qué otras razones hay.

Las respuestas del Estado mexicano sobre el caso Ayotzinapa siguen siendo imprecisas, equivocadas o, como en este caso, nulas. Y eso nubla aún más el panorama para un Gobierno federal que, desde las primeras horas de la tragedia, la desdeñó, lo que generó que hoy sea su error más grave, señalado los mismo en México y el extranjero, como su gran fracaso en materia de Estado de Derecho.

Redacción/SinEmbargo

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