El presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijo que el nuevo Mecanismo no abrirá más líneas de investigación, sino que trabajará sobre las que ya fueron señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, aunque no seguirá su dinámica, y con lo establecido en la “verdad histórica”, que establece que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, acción que la instancia internacional calificó como “algo físicamente imposible”.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James L. Cavallaro, insistió en que la “verdad histórica” de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula, en Guerrero, es imposible.

De acuerdo con la CIDH, de los 80 detenidos por el caso Ayotzinapa, más de 60 mostraron lesiones corporales, por lo que el órgano internacional dará seguimiento a la hipótesis de que las declaraciones sobre las que se construyo la “verdad histórica” se hicieron sobre tortura.

El presidente de la CIDH aseguró que hay que revisar las seis declaraciones sobre algo imposible, en referencia la versión de que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados en Cocula.

“No se pueden buscar formas de reforzar la versión del basurero de Cocula. Es algo físicamente imposible. Hay imágenes satelitales. Eso no pasó. No hubo un incendio de varios días. No hubo. No hay que seguir analizando otras líneas, sino que hay que analizar líneas factibles”, dijo Cavallaro.

Con la implementación de un Mecanismo de Seguimiento, que entra en función este día, servidores públicos y ex funcionaros podrán ser entrevistados para abonar a las investigaciones del caso. Entre ellos, Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“No hay un obstáculo de entrevistar y desarrollar todas las perspectivas que tengan que ver con los avances de la investigación. Todo lo que sea pertinente y la esencia de ser del Mecanismo se puede llevar a cabo”, aseguró Enrique Gil Botero, relator de la CIDH.

El Mecanismo funcionará con base en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Cavallaro detalló que no se abrirán más líneas de investigación, sino que se velará porque el Estado mexicano redoble las que ya fueron señaladas por el Grupo de Expertos.

“No podemos investigar, podemos monitorear, asesorar. No va ser la misma dinámica del GIEI, del que contamos con su contundente trabajo. Se trata de impulsar el cumplimiento de esas recomendaciones”, dijo Cavallaro.

En este sentido, se seguirán una serie de líneas, incluida la participación del ex funcionario Tomás Zerón.

“¿Qué pasó el 28 de octubre de 2014? Un día antes de que se descubrieran los restos, ¿qué estaban haciendo agentes de la PGR? ¿Qué estaba haciendo Tomás Zerón con un detenido con lesiones corporales?”, dijo el presidente de la CIDH.

La noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Desde entonces, sus familiares han gestionado ante diferentes instancias nacionales e internacionales por el acceso a la justicia.

El 3 de octubre de 2014, la CIDH emitió la medida cautelar 409/2014. A partir de entonces, las causas que llevaron a la desaparición de los normalistas no ha sido esclarecida.

En ese sentido, la Comisión Interamericana dará seguimiento a las recomendaciones de investigación del GIEI en el plazo de un año, que termina en noviembre de 2017.

En ese periodo habrá cuatro visitas oficiales y una serie de visitas técnicas entre cada una de ellas, que serán dirigidas por Paulo Abrão, secretario técnico de la CIDH, y su equipo, compuesto por cinco asesores. Trabajos que contarán para ser llevados a cabo con 567 mil dólares (alrededor de 11 millones de pesos).

Otras hipótesis que serán agotadas por el personal de la instancia internacional serán las entrevistas a otros miembros del personal del 27 Batallón Militar, la existencia y rol de un quinto autobús en los hechos.

Así como la comparación de balística de los casquillos hallados con los registros de la autoridad y el contexto de la ruta de heroína que parte de Iguala a Chicago.

“¿Hubo intereses para que los detenidos dieran declaraciones falsas? Esto podría llevar a la posible obstrucción de justicia y ahora lo que hay que seguir son las líneas factibles”, dijo Caravallo.