Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tienen problemas para garantizar el gasto adecuado y oportuno de recursos públicos; pero también las compañías carecen de condiciones suficientes para ser rentables y generar valor al Estado mexicano. Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) después de hallar cientos de millones en irregularidades no solventadas durante 2018.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Ni Pemex ni CFE cerraron 2018 con broche de oro. En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, estas compañías del Estado mexicano tuvieron saldos rojos en materia de eficiencia productiva y además, la ASF detectó probables daños a su operación financiera por 869 millones 566 mil 998.42 pesos.
La petrolera –entonces dirigida por el Ingeniero en Industrias Alimentarias Carlos Alberto Treviño Medina– dejó 387 millones 514 mil 876.59 pesos pendientes de aclaración por irregularidades no solventadas que resultaron de pagos “indebidos” o “duplicados” en contratos gubernamentales, de acuerdo con la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018.
Los hallazgos de la ASF indican que en Pemex también hubo perjuicios patrimoniales por incumplimientos de contrato, falta de aplicación de penas a contratistas, “falta de recuperación de anticipos” y errores en cálculos de financiamiento, además de discrepancias entre los acuerdos contractuales y los bienes o servicios reportados.
Mientras que el año pasado Petróleos Mexicanos malgastó recursos por errores, negligencia administrativa o corrupción, la empresa del Gobierno federal perdió capacidad productiva. Entre 2017 y 2018, la producción de petrolíferos (-19.1 por ciento), petroquímicos (-15.9 por ciento) y crudo (-5.9 por ciento) fue a la baja.
Las cifras oficiales de la petrolera también indican que su deuda consolidada repuntó en 2.2 puntos porcentuales durante el periodo, sumando más de 44.4 mil millones de pesos a sus pasivos financieros, hasta alcanzar los 2 billones 082 mil 286 millones 155 mil 300 pesos de adeudo.
La CFE no se quedó atrás. La compañía de electricidad, asimismo presentó anomalías presupuestarias durante la última Cuenta Pública de la ASF.
El año pasado acumuló probables daños al erario público federal por 482 millones 052 mil 121.83 pesos, ya fuera por falta de aplicación de sanciones o por efectuar inversiones no validadas por las autoridades administrativas de la compañía.
De acuerdo con las auditorías de la ASF, las inconsistencias ocurrieron a la par que algunas Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de la CFE presentaron números rojos en su capacidad productiva. Entre ellas estuvieron CFE Distribución, así como las plantas de electricidad Generación I, II, III, IV, V y VI.
Las cifras de CFE indican que las siete EPS mencionadas tuvieron saldos negativos de 4.5 a 64.8 mil millones de pesos en su Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés). Esto “significa que la[s] empresa[s] destruy[eron] valor económico en su operación”, ya que el EVA mide las ganancias reales de la empresa, se lee en las auditorías de cumplimiento financiero de la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018.
Asimismo, cuatro de las siete empresas de CFE –salvo por las EPS Generación II, IV y VI– tuvieron problemas para generar rendimiento sobre sus activos (ROA) y sobre el patrimonio invertido de los accionistas (ROE), con saldos negativos de 1.6 a 18.1 por ciento.
En términos de rentabilidad o de costo-beneficio de la cadena productiva de la empresa, el indicador de Retorno sobre Capital Empleado (ROCE) también resultó negativo en los casos de CFE Distribución (-4.2 por ciento) y CFE Generación I y III (-3.4 y -1.0 por ciento, respectivamente).
Por lo anterior, la ASF determinó que Pemex y CFE no cumplieron con algunos de sus objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para 2013-2018, aún con los cambios promovidos por la Reforma Energética de 2013 y las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos durante el sexenio peñanietista.
La petrolera no “aseguró la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado” en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad de algunos de sus proyectos de inversión. Tampoco redujo el desabasto de materias primas –como etileno y polietilenos– y gas para la transformación industrial, ni revirtió la “subutilización” de algunas plantas productivas para incrementar su capacidad de producción, pese a que invirtió millones de pesos en ello, según la Auditoría.
En el caso de CFE, existieron situaciones de rentabilidad negativa en la mayor parte de las EPS auditadas, “debido a la falta de visión de negocios” y a las “limitadas acciones de mantenimiento, ampliación y modernización” de la infraestructura, además de “la insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía eléctrica”, se lee en la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018.
Con respecto a la problemática general del sector eléctrico, la Auditoría refirió que hasta el año pasado hubo registro de “elevados costos de generación” de electricidad, una “reducción de la inversión” para sacar adelante a los parques de generación y escasas garantías para la producción de energías renovables, entre otros factores.
BOQUETES EN PEMEX
Hubo cinco proyectos de Pemex con irregularidades durante 2018: la puesta en marcha de la Plataforma Abkatun-A2 (Golfo de México), la reparación de fugas en la Sonda de Campeche, la gestión financiera y operativa de propiedades, plantas y equipos de Pemex Etileno, así como la rehabilitación de la Planta H-OIL de la Refinería Miguel Hidalgo (Hidalgo) y de la Planta Catalítica II en la Refinería de Cadereyta (Nuevo León).
En el primer caso, la ASF determinó que hubo 1.5 millones de pesos pendientes de aclaración, por tratarse de “pagos indebidos” que denotan “falta de vigilancia, supervisión y control de los trabajos por parte de la residencia administrativa” responsable de revisar y autorizar el pago de servicios.
Algo similar ocurrió en el proyecto de reparaciones del “Servicio de Carga, Almacenamiento, Transporte y Descarga de Petróleo Crudo Estabilizado en la Sonda de Campeche”.
De acuerdo con la ASF, hubo 72.4 millones de pesos irregulares en pagos indebidos, además de 10.5 millones en daños al erario público federal por “incumplimiento de las actividades de inspección del fondo marino en la zona que se habría de intervenir”, y por diferencias entre la propuesta económica calculada (por Pemex) y presentada (por el contratista) para la realización del proyecto.
Entre los hallazgos de la Cuenta Pública de 2018 también figuraron 148.9 millones de pesos en pérdidas derivadas de diversas faltas de “aplicación de las penas convencionales al contratista”, por retrasos en la entrega de bienes y servicios en los proyectos de las plantas H-OIL y Catalítica II.
Otra de las grandes pérdidas estuvo relacionada con la gestión de activos físicos de Pemex Etileno. De acuerdo con la auditoría de cumplimiento número 2018-6-90T9J-19-0473-2019473-DE, Pemex perdió más de 18.3 millones de pesos por “falta de recuperación de anticipos” dados a contratistas que incurrieron “en incumplimiento de los contratos” afines al proyecto.
En el caso de la Refinería de Hidalgo, la ASF determinó que hubo daños por 803 mil 690.55 pesos por “la incorrecta aplicación del porcentaje de financiamiento” a un contratista del que se verificó “que no requería de financiamiento”.
Además, en el caso de la Refinería de Nuevo León, la ASF encontró 22.9 millones de pesos en perjuicio de la Hacienda Pública Federal, ya que Pemex contrató bienes y servicios no autorizados o correspondientes al proyecto, además de haber malgastado 12.3 millones en pagos duplicados e indebidos por “aplicar incorrectamente las deducciones señaladas en las estimaciones a precios unitarios pagadas en 2018”.
Como consecuencia de las irregularidades observadas, la ASF solicitó 22 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) para que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes y en su caso, inicien procedimientos administrativos en contra de los funcionarios públicos que resulten responsables.
ANOMALÍAS EN CFE
Las tres deficiencias presupuestarias en la CFE durante 2018 –cuando el economista Jaime Francisco Hernández (2016-2018) encabezó la compañía eléctrica– estuvieron concentradas en el programa de “Adquisición de Carbón de CFE Generación II”.
En un primer momento, la ASF encontró un probable daño o perjuicio al erario público por 18.9 millones de pesos relacionados con la falta de aplicación de penalizaciones a ocho proveedores que entregaron 257 mil 368.5 toneladas métricas de carbón con atraso, en incumplimiento del contrato gubernamental.
En segundo lugar, la ASF detectó irregularidades por 463.2 millones de pesos relacionados con la aprobación de erogaciones que no fueron validadas por el “personal facultado”. Ello implicó un gasto que no correspondió a los volúmenes facturados y pagados, con lo que hubo un incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Debido a los resultados de la CFE, la Auditoría determinó que en muchos casos, la compañía “no estuvo en condiciones para cumplir con su objetivo estratégico de ser rentable y generar valor para el Estado, lo que compromete la atención de la creciente demanda de energía eléctrica en el país”.
Lo anterior incluye rezagos “debido a la falta de recursos y de un procedimiento claramente definido en materia de planeación, programación, presupuestación e implementación de proyectos”, cuyas consecuencias son –entre otros– “la deficiente estructura financiera” de la empresa para cubrir costos operativos y generar rentabilidad y riqueza, además de imposibilitar la implementación de una “estrategia clara para contener el efecto del robo de energía y reducir el impacto económico que representan la energía no entregada y cobrada a los usuarios finales”.
De acuerdo con el actual titular de la empresa productiva del Estado, Manuel Bartlett Díaz, urge aplicar un plan de eficiencia, austeridad y anticorrupción en la CFE, ya que su situación financiera “es crítica”.
Hasta el tercer trimestre del año pasado, la dependencia federal registró pérdidas por 37 mil 806.3 millones de pesos. Asimismo, su deuda bruta consolidada ascendió a 361 mil 207.5 millones, cifra 15 veces superior a su nivel de endeudamiento (22 mil 239.5 mdp) en el año 2000.
Como consecuencia de las irregularidades observadas, la ASF solicitó tres PRAS en contra de los funcionarios públicos que resulten responsables.
