El sexenio de Calderón se distinguió por el desprecio a los derechos humanos y la descalificación a los activistas que lucharon por defenderlos. Durante su mandato se dispararon las violaciones a las garantías: ejecuciones, desapariciones, migrantes extorsionados; los desplazamientos de poblaciones aumentaron en el contexto de guerra contra el crimen organizado. Aunque no hay datos oficiales de las autoridades que cometieron abusos, las organizaciones civiles apuntan al Ejército, la Marina y a la Policía Federal. Pero a siete años de iniciada la guerra, la mayoría de los cárteles siguen funcionando y la sangre inocente se derrama día con día…

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).–  “Los derechos humanos en México sufrieron un grave retroceso en el sexenio de Felipe Calderón [diciembre de 2006-noviembre de 2012]. En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, destacan las cifras de la emergencia humanitaria: éstas se desplazan de las 60 mil a las casi 100 mil personas asesinadas, sin contar a las y los desaparecidos, desplazados, injustamente encarcelados, periodistas, y a las personas defensoras asesinadas o desaparecidas, sin estimar cuántos huérfanos, viudas, deudos y víctimas de estrés postraumático sufren también por esas muertes violentas. Sin incluir tampoco la cifra desconocida de crímenes de enorme gravedad contra personas en situación de mayor vulnerabilidad, como son los migrantes en tránsito por territorio mexicano”, dice el informe Transición traicionada, elaborado por el Centro Miguel Agustín Pro Derechos Humanos.

Otras organizaciones nacionales y extranjeras coinciden en lo mismo: en que el Estado mexicano nunca se ha distinguido por su respeto a los derechos humanos, pero bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, las violaciones se dispararon. Ejecuciones, desapariciones, migrantes extorsionados, desplazamientos de poblaciones por la violencia e impunidad aumentaron a lo largo del territorio nacional.

“Fue un gobierno muy malo en derechos humanos, con saldos negativos. Dejó instaladas las inercias que el gobierno actual retoma. Vimos que para Calderón el tema no entraba en su agenda”, dice el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez.

Las principales violaciones cometidas durante el sexenio calderonista fueron al derecho a la vida, a la integridad de las personas, a la seguridad y a la justicia, sostiene. El experto dice que el gobierno de Felipe Calderón se distinguió por su desprecio y descalificación a este tema fundamental.

El problema, coincide la mayoría de los defensores de derechos humanos, analistas, familiares de víctimas y activistas, es que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto retomó la misma estrategia, ignorando el aprendizaje que, en teoría, dejó a la sociedad el desastre del calderonismo en materia de seguridad.

Cortez recuerda que desde el ocaso del sexenio foxista ya se avizoraba el aumento de violaciones de derechos humanos. Y así se observó en el operativo policíaco en San Salvador Atenco o en Oaxaca, por las movilizaciones de la Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

Pero la verdadera sorpresa llegó el 11 de diciembre de 2006, cuando Calderón inició su cruzada contra el narcotráfico en Michoacán –entidad de la que es originario–. Muchos se sorprendieron porque la acción armada no formaba parte de sus promesas de campaña. Desde entonces se multiplicaron las violaciones de derechos humanos.

“Esta estrategia muestra un balance negativo. No sirvió. México no es un país con más justicia o seguridad, sino al contrario: ha crecido la violencia e impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos han crecido”, considera el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico.

Parte del discurso calderonista –y que aún los defensores de su sexenio emplean–, es que las víctimas de ejecuciones o de desapariciones tenían vínculos con el crimen organizado.

Pero Zapico –así como varias organizaciones nacionales y extranjeras– ve que hay responsabilidad de los órganos del Estado en las violaciones de derechos humanos.

“La tortura o las desapariciones a manos de las distintas policías o Ejército y la violencia criminal se ha extendido”, refiere. “Y hay corrupción entre las autoridades y grupos criminales a la hora de hacer extorsión”.

A las ejecuciones y desapariciones ocurridas a lo largo y ancho del país, se sucedió la indiferencia del gobierno por las víctimas. Un ejemplo fue la negativa a publicar la Ley de Víctimas, o de proporcionar cifras de desaparecidos, recuerda Zapico.

“El hecho es que no se tuvieran normas y las que había no se cumplieron; movilizaciones de víctimas como el Movimiento de Paz y Dignidad lucharon para que se aprobara y ante esa insistencia e impulso de la sociedad civil, la Presidencia se mantuvo ausente. Esperamos hasta esta administración para tener cifras de desaparecidos y esa es una muestra de la falta de compromiso. Otra consecuencia es cómo se trataba a las víctimas; cuando eran matanzas o fosas comunes, las mismas autoridades son incapaces de encontrar a los responsables de secuestros a las pocas horas salían a decir que eran integrantes de grupos criminales. Sin identificarlas, ya las habían convertido en criminales, ya eran capaces de saber que pertenecían a grupos criminales”, ironiza Zapico.

La cereza en el pastel es la acusación por crímenes de lesa humanidad que pesa contra Calderón en la Corte Penal Internacional de La Haya por los casos de las ejecuciones y desapariciones, y cuyo expediente suma 7 mil hojas.

Asimismo, en el último Examen Periódico Universal (EPU), México recibió 181 recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.

Para el EPU, organizaciones no gubernamentales elaboraron el informe que concluyeron en marzo de este año, entonces el periodo comprendido coincidía con el gobierno de Calderón.

“Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos, donde las violaciones a los derechos humanos han aumentado exponencialmente”, informaban. México “ha enfrentado un deterioro en materia de derechos humanos”.

LOS MOMENTOS

El 11 de febrero de 2010 Calderón fue encarado por Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas de la masacre de la colonia Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El entonces Presidente acudió a la ciudad fronteriza a un evento llamado “Todos somos Juárez”, y escuchó el airado reclamo de Dávila, quien le dijo que ahí no era bienvenido.

Le expresó que no era justo que sus hijos hubieran muerto, y le pidió a Calderón que se retractara por lo que había dicho días antes en Japón, cuando mencionó que las víctimas de la masacre eran “pandilleros”.

“No sabemos que haya ocurrido ahí, si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes prácticamente adolescentes (o) si esto refleja una lógica de pandillas y de bandas criminales”, dijo el entonces Presidente en el país del sol naciente.

Esa declaración era sobre la que Dávila le pedía se retractara.

“Quiero que usted se retracte de lo que dijo, que eran pandilleros. Mentira. Uno de mis hijos estaba en la UACH, el otro estaba en la prepa. No, no, es que no puede ser que digan que eran pandilleros, no tenían tiempo para estar en la calle, estudiaban y trabajaban”.

A punto del llanto, Dávila añadió:

“Le apuesto que si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino”.

“Sí, señora”, musitó Calderón, quien sólo en privado fue capaz de disculparse con los familiares de las víctimas, pero no varió su estrategia.

Así como Calderón, autoridades de todos los niveles fueron señaladas a lo largo del sexenio por criminalizar a las víctimas.

En el sexenio del panista aumentó el número de ejecuciones y desapariciones. Un caso notable fue el del poeta Javier Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue asesinado en marzo de 2011 en Morelos. El escritor se convirtió en un activista y ayudó a la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que agrupaba a centenares de familiares que, como él, habían visto a un ser querido ser asesinado o desaparecido.

Del movimiento surgió el grito colectivo de “¡Estamos hasta la madre!”; fue organizador de la Marcha por la Paz que partió de Cuernavaca, Morelos, al Distrito Federal, en mayo de 2011.

En junio del mismo año, en el Castillo de Chapultepec, el movimiento se reunió con Calderón. Sicilia se convirtió en la voz de los familiares.

“Aquí, señor Presidente, vea bien nuestros rostros, escuche nuestros nombres, estamos los familiares de las víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales? No somos cifras. Venimos a que conozcan la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas. Usted, señor Presidente, está obligado a pedir perdón a la Nación y en particular a las víctimas”.

Calderón le respondió así: “Coincido en que debemos pedir perdón por no proteger la vida de las víctimas, pero no por haber actuado contra los criminales que están matando a las víctimas. Eso, definitivamente, es un error y en eso, Javier, sí estás equivocado”.

Otro de los momentos que marcaron al sexenio de Calderón fue la tragedia de San Fernando. En agosto del 2010 fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes en el ejido del Huizachal, en el municipio de Tamaulipas.

De acuerdo con un sobreviviente, los migrantes fueron asesinados luego de negarse a pagar extorsiones y rechazar integrarse a las filas del grupo delincuencial de Los Zetas.

El entonces Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, atribuyó la masacre a la efectividad de los operativos del gobierno para debilitar a los grupos de delincuencia organizada, los cuales para financiarse debían extorsionar a los migrantes.

Se pidieron cuentas a la entonces titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, quien negó tener responsabilidad en la masacre y se lo atribuyó al crimen organizado.

Romero dejó el cargo, pero fue porque en Gobernación le dijeron que buscaban un perfil más de seguridad para el INM. Actualmente la ex funcionaria es la Secretaria General del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con el Centro Pro, los migrantes no sólo son víctimas de la delincuencia organizada, como deslizó el Secretario de Gobernación. “También lo son de autoridades federales, estatales y municipales que los golpean brutalmente, los humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la libertad o deportarlos a sus países de origen, prácticas que constituyen violaciones a sus derechos humanos”.

El informe recordó que de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana (DPNH), en 2009 en seis meses fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes.

LOS VIOLADORES

El 3 de mayo de 2007, el Ejército, la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron un operativo en la carretera Carácuaro-Nocúpetaro y detuvieron a distintas personas.

Era una reacción a la emboscada cometida contra miembros del Ejército dos días antes y que le costó la vida a cinco soldados.

El Alcalde priísta de Carácuaro, Ismael Garduño Ortega, interpuso una queja ante la CNDH, por abusos cometidos por las autoridades.

A mediados de junio la Comisión acreditó que durante el operativo, ordenado por el propio Presidente, el Ejército violó a dos menores de edad.

Aunque no hay un ranking de autoridades violadoras de derechos humanos, en ella podrían ocupar los primeros lugares: el Ejército, la Secretaría de la Marina, la Policía Federal, y la Procuraduría General de la República (PGR), dicen los defensores de derechos humanos.

“Cuando la Procuraduría se niega a recibir denuncias es otra violación, o cuando el caso es investigado y no hay justicia o no aparece hay otra violación a derechos humanos, a la integridad y dignidad de la persona”, dice el director de Amnistía Internacional en México, David Zapico.

Afirma que las violaciones de los derechos humanos registradas en la anterior administración no se limitaban al ámbito de la seguridad y la justicia, también fueron por no dar servicio de agua, por no combatir la pobreza, por violencia contra mujeres e indígenas. “Pero éstas quedaron opacadas por los problemas asociados a la seguridad”.

“Es una responsabilidad del Estado mexicano, y no sólo del gobierno federal sino también de los gobiernos estatales”, aclara.

A las violaciones en materia de derechos humanos, agrega la falta de transparencia por parte de autoridades de todos los niveles para tener cifras precisas sobre la dimensión del problema. Incluso de manera formal han pedido información, pero no la han recibido.

“Hay falta de transparencia. La impunidad absoluta también nos dificulta saber qué autoridades son responsables. Podemos saber que hay un caso de tortura y tenerlo bien documentado y saber si son funcionarios policiales o integrantes de una procuraduría, pero hay otros muchos donde no hay investigación y no se saben quiénes fueron los responsables (del caso)”, dice.

Los derechos violados por la guerra contra el narcotráfico son el de la vida, la integridad y a la libertad, entre otros, señaló. “Si hablas de ejecuciones, están afectados todos estos derechos”, explica Cortez, del CMDHD.

Coincide con Zapico en que las autoridades violadoras de esos derechos fueron el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, las procuradurías estatales, las autoridades migratorias por los secuestros, las desapariciones, y la omisión de las procuradurías de no hacer una investigación adecuada.

A esas dependencias agrega a los tribunales aunque los jueces se justifiquen que las cosas son como son porque los ministerios públicos no hacen su trabajo.

“Los jueces no han asumido y tienen contribución”, critica.

“La falta e insuficiencia de política pública en lógica de derechos humanos contribuye a la negación de servicios, a la inseguridad y a la violencia. No hay nada más frustrante que ver que las opciones se han reducido a cero en desarrollo y educación, eso alienta a distintas realidades de violencia”, concluye Cortez.

■ Entre 60 mil y 90 mil ejecuciones
■ Cerca de 27 mil desapariciones

■ Se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de derechos humanos, en 2009 hubo un caso de homicidio, para 2010 fueron asesinadas 6 defensoras, 11 para 2011 y 10 en 2012.

■ Las mujeres han tenido que asumir un papel protagónico como defensoras de derechos humanos debido al contexto general de impunidad, violencia y criminalización de la protesta viviendo graves riesgos a su labor, además de enfrentar las expresiones machistas de esa violencia, una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias.

■ En el periodo 2009-2012, han sido asesinadas 26 defensoras, 8 de ellas eran periodistas 41 por ciento de los ataques a personas que defienden los derechos humanos son en contra de mujeres defensoras, sin contar todas las agresiones no visibles ni contabilizadas que sufren las mujeres defensoras.

■ De enero a diciembre de 2012, 69 defensoras y periodistas fueron agredidas y enfrentaron más de un ataque en su contra. Según registros de la Red Nacional de Defensoras las mujeres dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos suelen ser agredidas en más de una ocasión, durante el 2012 se contabilizaron 109 actos de violencia contra 62 mujeres defensoras y sus familias. Si bien es una problemática que afecta a todo el país los estados más afectados son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y en las Huastecas de Veracruz e Hidalgo.

■ La Red Nacional de Defensoras destaca que el 55 por ciento de las defensoras señalan que el Estado es el responsable directo de los ataques y amenazas perpetradas en su contra, información que coincide con la preocupación del Comité de la CEDAW.

*Datos extraídos de la organización JASS, Asociadas por lo Justo, en coordinación con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.