Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- El equipo del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, contestó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF) con un “hay cosas más graves que atender” ante la petición de sostener una reunión con el fin de evaluar las acciones para detener la violencia contra las mujeres en la entidad.
De acuerdo con la agencia Cimac, existe un correo electrónico enviado por el gobierno del estado en el que se informa que el Gobernador fue informado de la petición y dio instrucciones para que se atienda con el apoyo del área correspondiente, con un folio para dar seguimiento a la solicitud, sin embargo, durante una reunión que activistas lograron con José Luis Bárcena Trejo, coordinador de Concertación de la Subsecretaría de Gobierno, y otro funcionario de seguridad cuyo nombre no es mencionado, éstos les dijeron que “entendían la demanda, pero por el momento la reunión no era posible pues en el Estado de México hay problemáticas más graves que resolver”.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud Federal, durante el gobierno mexiquense del ahora Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas 1997 mujeres, mientras que este estado ha ocupado entre 1990 y 2011 en once ocasiones, la mayor tasa de feminicidios a nivel nacional.
Asimismo, según las cifras del OCNF, son más de mil 500 mujeres asesinadas entre 2007 y 2013 y más de 600 menores de 20 años que han desaparecido durante la actual administración.
En 2011, el Estado de México y otros gobernados por el PRI, impidieron la instrumentación de la alerta de género para el Estado de México, proceso que aún continúa en tribunales, mientras que la Secretaria de Gobernación ha admitido por vez primera la revisión del caso.
Se han contabilizado mil 451 asesinatos de mujeres y 115 feminicidios en la entidad que vio nacer a Peña Nieto, durante el periodo de 2005 a 2012, que es el tiempo que ha durado la investigación de feminicidios en el Estado de México, la solicitud de declaratoria de alerta de género y el proceso de amparo ante la negativa del gobierno mexiquense y de la Secretaría de Gobernación a emitirla.
En este contexto, el día de hoy, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, rindió protesta como Procurador de Justicia del Estado de México, luego de que el pasado 21 de mayo el Gobernador priista diera a conocer la renuncia de Miguel Ángel Contreras, anterior titular de la PJE, y del Secretario de Gobierno, Efrén Rojas Dávila, quienes dejaron sus cargos por “motivos personales”.
El acto se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, con la presencia de Ávila Villegas, luego de que ayer fuera ratificado por el Congreso estatal, donde recibió votos a favor de los distintos grupos parlamentarios.
Ante este panorama, el pasado 22 de mayo padres de las desaparecidas y diversas organizaciones sociales se manifiestaron frente al Palacio de gobierno en Toluca, en donde despacha Ávila Villegas, en demanda de emita la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad. Alrededor de 50 manifestantes colocaron una cruz de color rosa de dos metros de altura frente a la puerta principal del edificio.
Fue ese día en el que la comitiva, parte de la campaña “Ni un feminicidio más en el Estado de México; declaratoria de Alerta de Género ya”, buscó reunirse con el mandatario mexiquense para conocer qué contiene el informe que está próximo a presentar al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SPASEVM), el cual tras una sentencia judicial, tiene la obligación de indagar la violencia feminicida en el Edomex y determinar si procede, informó Cimac.
Las activistas, entre ellas la Diputada local por el PRD Ana Yurixi Leyva Piñón, denuncian que la inclusión del Grupo Multidisciplinario encargado de la indagación de la violencia de género en la entidad, esté conformado sólo por dependencias federales y sin especialistas de la academia, por lo que se teme un "sesgo oficialista" en los resultados.
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dio cuenta en entrevista con Cimac de los maltratos verbales de elementos de seguridad que pretendían impedirles llegar a las puertas del Palacio de Gobierno, además de las negativas de los funcionarios de atender su demanda y recibir la carta dirigida a Eruviel Ávila.
Estrada dijo que su intención es conocer lo que se va a informar a las integrantes del Sistema, y si los datos se limitarán a la gestión de Peña Nieto, pues "en la actual administración la violencia extrema contra las mujeres continúa e incluso han incrementado las desapariciones, a lo que se suma el intento gubernamental de maquillar las cifras y de no brindar información sobre el tema", dijo.
El OCNF ha registrado la desaparición de 600 mujeres de entre 11 y 20 años de edad y más de 560 asesinatos, aunque sólo 145 fueron acreditados como feminicidio.
Respecto al tema, recientemente se presentó el reporte del índice delictivo estatal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en el que se contabilizan un total de 905 violaciones sexuales a mujeres denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), sólo en los primeros cuatro meses de este año.
Dicha cantidad de violaciones denunciadas implicaría que en abril, cada 24 horas en promedio se registraron 5.9 casos, de acuerdo con la agencia Quadratín.
A sus demandas, la primera respuesta del gobierno local fue que entregaran el escrito a Oficialía de Partes y que “se conformaran con el sello”. Posteriormente, las autoridades señalaron que el tema no correspondía al gobierno del estado sino a la Procuraduría de Justicia local, “así que nos mandaron a la PGJ, sin considerar que el procurador acababa de renunciar”, declaró Estrada.
Activistas señalaron que seguirán presionando al Gobernador para que rinda cuentas al respecto y para que se emita una Alerta Ciudadana.
“Era algo que teníamos pensado, pero a lo que nos rehusábamos, porque nosotras no somos Ministerio Publico y no tenemos la obligación de investigar, atender a las víctimas y sobre todo no tenemos las atribuciones de sancionar a los responsables de los delitos, pero no nos dejaron otra opción para impedir que las mujeres sigan siendo asesinadas o desaparecidas”, dijo la coordinadora del OCNF.
