Washington, 1 Jun (Notimex).- El Congreso de Estados Unidos respaldó la semana pasada el derecho de los estados a sancionar el uso de la mariguana con fines medicinales ante las acciones judiciales del gobierno federal.
Con un voto bipartidista, la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que limita a la Administración Federal Antidrogas (DEA) usar recursos federales para emprender acciones judiciales contra el uso de la mariguana con fines medicinales en estados donde la ley lo permite.
Se espera que el Senado apruebe una iniciativa similar reflejando la creciente aceptación del público.
La medida, aprobada el viernes pasado, busca resolver la “naturaleza conflictiva” de las leyes estatales y federales que ha creado una situación calificada por los legisladores como insostenible.
Hasta el momento, 22 estados y el Distrito de Columbia han legalizado la mariguana con fines medicinales, en tanto, otros cinco (Alabama, Kentucky, Missisipi, Utah y Wisconsin) aprobaron el uso del cannabidiol, un componente de la mariguana usado en pacientes con epilepsia.
Un sondeo de la organización Pew Center mostró que el 67 por ciento de los estadunidenses apoya una política de drogas que se enfoque en una política terapéutica en lugar de arrestos y procesos legales.
En tanto un 86 por ciento respalda que los doctores tengan la facultad de prescribir mariguana a pacientes enfermos de gravedad, según una encuesta de la cadena CBS.
Las redadas a dispensarios de mariguana y el encausamiento de propietarios y cultivadores por parte de la DEA en estados donde esas actividades son legales, han puesto de manifiesto también una lucha al interior de la administración de Barack Obama en materia de política de drogas.
Al llegar a la Presidencia, Obama cumplió su promesa de campaña de respetar la legalización del uso medicinal de la mariguana en los estados, aún cuando a nivel federal el uso, producción y distribución de la cannabis es contra la ley.
En 2009, el subprocurador David Ogden informó a las agencias de seguridad que no se deberían destinar recursos federales en “individuos cuyas acciones estén en cumplimiento claro o ambiguo de las leyes estatales que ofrecen el uso medicinal de la mariguana”.
Pero pese al llamado “memorando Ogden”, el Departamento de Justicia continuó las redadas a dispensarios, mientras el Servicio de Rentas Internas (IRS) y otras agencias emprendieron acciones contra bancos y terratenientes que negocian con dueños de los dispensarios.
Pese a la promesa del gobierno de Obama de que la mariguana con usos medicinales no sería prioridad en su política de drogas, funcionarios federales en la DEA y el Departamento de Justicia continuaron presionando por una regulación más apretada.
En junio de 2011 un nuevo memorando emitido por el subprocurador James Cole delineó nuevas directrices sobre la disposición Ogden en la que se otorgó a los fiscales federales mayor respaldo para emprender acciones legales contra los dispensarios de mariguana con amparo en la ley federal.
Funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron a autoridades gubernamentales estatales y municipales que podrían enfrentar prisión al respaldar y avanzar en legislaciones para regular el uso médico de la cannabis.
Benjamin Warner, abogado de esa dependencia federal, indicó a funcionarios locales en Chico, California, que la aplicación de ordenanzas para la legalización del uso medicinal de la cannabis podría interpretarse como “facilitar una actividad ilegal asociada con la mariguana”.
El funcionario dijo que aún cuando el gobierno federal procesaría judicialmente los casos más significativos para detener la distribución y cultivo ilegal de la mariguana, “en esos casos, personal u oficiales electos no serán inmunes de encausamiento por conspiración de las leyes de lavado de dinero", enfatizó.
En Mendocino, California, una fiscal federal canceló un programa para regular la comercialización de la mariguana en el que los cultivadores luego de pagar una cuota y someterse a una inspección policiaca, el sheriff les otorgaría dispositivos para sellar las bolsas de la hierba para identificar el producto cultivado de manera legal.
El viernes la cámara baja aprobó también una enmienda en la que prohíbe a la DEA utilizar fondos federales para interferir en la investigación industrial sobre la mariguana a nivel estatal.
La medida resta autoridad al Departamento de Justicia y a la DEA para prevenir que los estados importen semillas de mariguana y prohiba a los estados implementar leyes para autorizar actividades industriales en ese ramo.
La agencia confiscó hace una semanas semillas de mariguana para un programa piloto de investigación en Kentucky.
