México, 11 Jun (Notimex).- La Asamblea Legislativa inició el análisis para modificar el marco jurídico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, bajo la premisa de que el acceso al agua es un derecho humano que el Estado debe garantizar.
Los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez adelantaron que al dictaminar la iniciativa enviada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, no dejarán rendija alguna a la posible privatización, ya que el líquido no es mercancía sino que se le debe considerar un servicio público.
Señalaron que actualmente las tarifas son facultad exclusiva del Jefe de Gobierno, por lo que los diputados promoverán que sea una comisión en la que participen diversas dependencias a la que se otorguen facultades legales para establecer las tarifas.
Los diputados locales afirmaron que hay consenso en que se deben establecer tarifas diferenciadas, de acuerdo con las posibilidades reales de la gente, para que “pague más quien más tiene o la desperdicie, protegiéndose el abasto de agua para los sectores de escasos recursos”.
Un gobierno de izquierda, como el de la Ciudad de México, debe garantizar que el agua llegue a todos los habitantes de manera continua y equitativa, lo que requiere de fuertes inversiones para extender, modernizar y dar mantenimiento a las redes de distribución.
El sistema de redes de agua potable de la Ciudad de México acumula un desgaste de más de 50 años y requiere rehabilitación urgente de 100 por ciento, la cual es imposible completar en un periodo de gobierno de seis años, por ello los diputados ofrecieron aprovechar la ocasión para aprobar un programa transexenal.
Los legisladores locales reconocieron que los gobiernos han invertido poco en infraestructura hidráulica y en la reparación de las redes de drenaje, porque se trata de obras poco visibles a las que no se les saca rentabilidad electoral inmediata.
Sin embargo, señalaron que en la medida en que se logre una distribución eficiente y equitativa del agua se contará con un valioso factor de estabilidad y de paz social que se manifestará en el índice de gobernabilidad.
