Mérida, 22 Dic (Notimex).- La bancada del PAN en el Congreso de Yucatán criticó hoy el presunto abuso de autoridad de la juez y magistrada local Ligia Cortés Ortega, quien habría emitido una orden para que la policía estatal asegurara una negociación con la que mantenía un diferendo económico.
Al respecto, el legislador del blanquiazul local, Tito Sánchez Camargo, consideró que el uso de la fuerza pública por parte de Cortés Ortega para obligar a una empresa a que le devolviera el dinero de una compra, perjudica la imagen y credibilidad de quienes forman parte del poder judicial.
Ayer, en un hecho considerado sin precedentes en la historia de la entidad, la magistradaa habría abusado de su cargo como juez al ordenar el uso de la fuerza pública para su beneficio personal a fin de obligar a una casa comercial a devolverle el dinero de la compra de una sala de estar y de un centro de entretenimiento.
Supuestamente enojada porque no le entregaron los muebles que había comprado en el plazo convenido, dio órdenes para que agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaran en una tienda de muebles ubicada en una plaza comercial del poniente de Mérida.
En ese punto, varios policías armados se presentaron y cerraron los accesos reteniendo en su interior, y sin darle explicaciones, a varios clientes, algunos de los cuales evidenciaron miedo e incertidumbre al ver a sujetos armados y vestidos de negro, asociando esto a lo que ocurre en otros puntos del país con altos índices de violencia, a diferencia de Mérida.
El operativo se mantuvo por un largo período hasta que los encargados del establecimiento habrían cumplido las exigencias de la funcionaria del Poder Judicial.
Las políticas de la empresa establecen que en caso de retraso en la entrega, el cliente puede recibir su dinero en un plazo hasta de seis días. Sin embargo, la magistrada exigió y logró que se lo devolvieran el mismo día.
Ante ello, el legislador panista dijo que sería importante que tanto la empresa haga uso de las vías legales para inconformarse por el hecho, como que la magistrada recapacite sobre la forma en cómo uso su cargo para un asunto que nada tiene que ver con el trabajo del Poder Judicial.
