México, 14 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó hoy al Gobierno mexicano a acatar en su totalidad el alcance jurídico de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó limitar el fuero militar para casos de violaciones a derechos humanos.
"Es de suma urgencia que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asuma su responsabilidad de abrir y avanzar en la investigación de las denuncias de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas y que las demás instituciones respeten esta transformación como un paso fundamental para consolidar la justicia y terminar con la impunidad", indicó la ONG en un comunicado.
Hace dos días, en una histórica y unánime decisión, el alto tribunal mexicano restringió el fuero militar para casos de abusos a derechos humanos cometidos por militares, en línea con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que en 2009 analizó el asunto de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974.
AI recordó hoy que las secretarías (ministerios) de Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar) y Gobernación (Interior) mostraron nada más una disposición a "acatar parcialmente" el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un comunicado conjunto, las tres dependencias consideraron que el fallo del Supremo era un "criterio orientador" únicamente, interpretación que han criticado con dureza las ONG y algunos magistrados del tribunal, como Olga Sánchez Cordero.
"AI espera que asuman el carácter obligatorio de esta resolución y además reconozcan que representa un paso positivo para demostrar el compromiso de las fuerzas armadas de someterse a controles civiles y para la rendición de cuentas ante la sociedad", señala.
La ONG resalta el carácter "histórico" de la resolución para la justicia en México y recuerda que es un precedente importante acerca de la obligación de cumplir con las sentencias de la CorteIDH y los tratados internacionales de derechos humanos.
Destaca que hay documentados "varios casos de desaparición forzada en los últimos meses" que hasta el momento ni las autoridades militares ni las civiles mexicanas están instruyendo.
Además. indica que la SCJN "señala el camino para el Ejecutivo y la Legislatura para reformar el Código Penal Militar", algo que el 18 de octubre pasado propuso el presidente Felipe Calderón, pero sólo para tres delitos: desaparición forzada, tortura y violación.
Para AI, dicha iniciativa de Calderón "no cumple" con lo resuelto esta semana, por lo que el proyecto de ley "debe ya ser modificado para excluir la jurisdicción militar de la investigación y procesamiento de cualquier presunta violación contra civiles por parte de miembros de las Fuerzas Armadas".
La ONG recuerda que desde diciembre de 2006, por instrucciones de Calderón, las Fuerzas Armadas realizan funciones policiales de seguridad pública en el contexto del combate contra la delincuencia organizada, lo que ha desatado un "alarmante aumento en las denuncias de graves violaciones de derechos humanos".
Las víctimas de abusos o familiares suyos han interpuesto "más de 6.000 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)", un organismo que funciona como oficina del Defensor del Pueblo en este país.
En ese contexto, la ONG "ha documentado una serie de violaciones graves de derechos humanos que no han sido investigados debidamente, dejando familiares y víctimas sin recurso a la justicia", concluye la nota. EFE
