México, 9 Ago. (Notimex).- La magistrada electoral María del Carmen Alanis Figueroa señaló que es obligación del Estado erradicar la violencia de género, así como cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, y remover los obstáculos que las propicien.
Al dictar la conferencia “Jurisprudencia sobre sufragio femenino e igualdad de género como derecho humano”, la integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal subrayó que la desigualdad de género no proviene de un estatus jurídico, sino de diferencias sociales.
Expuso que ello ha llevado a Congresos y organismos internacionales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), a instrumentar acciones afirmativas para revertirla.
Señaló que la igualdad es una responsabilidad compartida entre mujeres y hombres, porque es un asunto relacionado con el ejercicio pleno de los derechos y su tutela, por lo cual los Tribunales y Cortes deben realizar una interpretación de la ley que realmente la materialice.
Dijo que asegurar el acceso a la justicia en materia electoral y juzgar con perspectiva de género, permiten restituir los derechos político electorales violados, además de contribuir a lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en espacios de toma de decisiones.
En ese sentido, refirió que muchos países han implementado medidas de carácter especial, como las cuotas de género para garantizar la presencia de las mujeres en los parlamentos.
Alanís Figueroa resaltó que el año pasado fueron establecidas dichas cuotas en 30 países, en los que se alcanzó una presencia femenina de casi 28 por ciento en las curules.
Consideró necesario recurrir a instrumentos constitucionales y convencionales, como los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales enfocados a lograr la igualdad material y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
En el marco del “Taller casos emblemáticos. Procedimiento administrativo sancionador, la magistrada dijo que no es suficiente la igualdad formal, es decir, la contenida en las leyes para incrementar la presencia de mujeres en los espacios públicos y en los parlamentos”.
Lo anterior, porque a pesar de que 172 Constituciones en el mundo establecen el derecho del sector femenino a votar y a ser electas en condiciones de igualdad, sólo 20 mujeres en el orbe son jefas de Estado, 22 por ciento congresistas y 27 por ciento juzgadoras.
Se refirió a las diversas resoluciones exitosas en las que el organismo jurisdiccional ha tutelado, de forma efectiva, los derechos humanos, y ha sentado precedentes innovadores y vanguardistas, tales como la tutela de los derechos de la militancia en materia de equidad de género.
Finalmente, dijo que muchas sentencias y jurisprudencias, tanto del tribunal mexicano como del de Costa Rica, se han convertido en ejemplo de criterios novedosos y garantes de los derechos humanos de las mujeres.
