Las gestiones de Miguel Ángel Mancera al frente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Gobierno de la Ciudad de México están ensombrecidas por las detenciones arbitrarias contra jóvenes, presuntos culpables y manifestantes.

Expertos y activistas consultados coinciden que este tipo de práctica ponen en evidencia la falta de capacitación de los efectivos de seguridad de la capital del país y que la falta de sanciones contra funcionarios se traduce en impunidad.

Jesús Robles Maloof, abogado y activista que defendió a jóvenes detenidos en la manifestación por la toma protesta de Peña Nieto y por el caso Iguala, asegura que la administración de Mancera se ha caracterizado por “dar rienda suelta” a ese “gen autoritario” de la época de Arturo “Negro” Durazo.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, la policía de la Ciudad de México se ha caracterizado por realizar detenciones arbitrarias. Lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga local, así como organizaciones civiles y activistas.

La estrategia de Mancera, coincidieron especialistas en derechos humanos y seguridad, ha estado marcada por una serie de desatinos que han dejado a la vista la falta de capacitación de la policía capitalina y la falta de sanciones contra funcionarios, que se traduce en impunidad.

“La policía capitalina se constituye sobre la base de la policía del ‘Negro’ Durazo y los cimientos de esa policía permanecen vigentes. Una policía autoritaria que participó en los movimientos de los 70. El Gobierno del ingeniero [Cuauhtémoc] Cárdenas logró una mejora, pero nunca pudo erradicar ese gen autoritario”, sostuvo Jesús Robles Maloof, abogado y activista defensor de los derechos humanos.

Robles Maloof fue uno de los abogados que defendieron a las víctimas de las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, y de los detenidos durante las manifestaciones de septiembre de 2013 y las que le sucedieron durante 2014 y 2015 en el marco de las marchas por el caso Ayotzinapa.

Sólo entre diciembre de 2012 y 2015, la Liga de Abogados contabilizó mil 150 detenciones de jóvenes en el contexto urbano; ya sea por protestar, bailar o reunirse.

“Hubo un logro en tanto que habían marcado límites; los habían modernizado a gran parte de los elementos a través de una buena academia. El problema es que con [Miguel Ángel] Mancera esos controles que se tenían se rompieron desde el primer día de la gestión de Peña Nieto. Mancera no hizo más que permitir que esa pulsión autoritaria con la que nació la policía capitalina tuviera rienda suelda”, dijo.

Las detenciones arbitrarias durante la protesta social fueron objeto de recomendaciones de la CNDH a la policía capitalina, que sólo se han cumplido parcialmente.

Durante las protestas del 1 de diciembre de 2012 –cuando aún gobernaba Marcelo Ebrard Casaubón– se detuvieron a 99 personas, de las cuales 97 fueron puestas a disposición del Ministerio Público dice la recomendación 7/2013 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) y a la Secretaría de Gobierno.

Aunque las detenciones se dieron aún durante la gestión del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, le tocó a la administración de Mancera recibir y cumplir la recomendación de la CNDH.

En la recomendación, la CNDH condena “categóricamente la violencia que se suscitó el 1 de diciembre de 2012 en el Distrito Federal, pero de la misma forma condena la respuesta policial que dichos eventos genera y reitera la ausencia de una estrategia de intervención policial adecuada que tuvo efectos colaterales que se materializaron en violaciones múltiples de derecho y en el detrimento patrimonial de comercios y bienes públicos”.

En 2013, en su segundo año de Gobierno, el organismo le hizo saber a las instituciones policiacas de Mancera Espinosa que debía sancionar a los policías que violaron los derechos humanos de los manifestantes.

La CNDH recomendó modificar el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública con un enfoque de derechos humanos, así como formular una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF, a fin de que se investigaran los delitos en los que incurrieron los policías que participaron en el operativo del 1 de diciembre de 2012.

Sin embargo para septiembre de 2013 y para noviembre de 2014, las detenciones arbitrarias de jóvenes principalmente, no se detuvieron.

El 20 de noviembre, por ejemplo, fueron detenidas 31 personas en el contexto de la mega marcha en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de ese año.

“No existe de parte del Gobierno una reacción, lo que se interpreta como algo permisible. Tengo registro de una sola sanción, de manera que son contadas con los dedos de una mano las sanciones que hay a la policía”, dijo Maloof.

El abogado recordó que de la recomendación emitida por la CNDH se cumplió en la reparación económica del daño a varios de los jóvenes detenidos, pero no se han sancionado a los mandos que dieron la orden ni a los policías que la ejecutaron, ni a los ministerios públicos que consignaron indebidamente.

Robles Maloof argumentó que las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México no sólo no ha cumplido con la recomendación de la CNDH, sino que hubo más detenciones.

“En 2015 detuvieron a unas jóvenes que repartían información para esterilizar animales en la calle Madero [Centro Histórico], fueron llevadas al Juez Cívico, y ahí los policías se atrevieron a poner en la boleta que habían sido puestas a disposición por repartir información, que ni siquiera es una falta cívica ni un delito, el colmo del cinismo”, recordó.

Antes de llegar a la Jefatura de Gobierno Miguel Ángel Mancera tenía ya un historial por encarcelar a personas inocentes como Procurador General de Justicia de la capital del país.

En 2008 llevó a prisión a Lorena González Hernández “La Lore” acusada en 2008 del secuestro de Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí. La mujer permaneció casi siete años en la cárcel y fue liberada por falta de pruebas.

Otro de los ejemplos de su actuación como Procurador fue el caso de Mariel Solís Martínez, una joven que fue detenida en 2009 acusada de ser cómplice de la banda de asaltantes que asesinó a un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A Mariel la presentaron ante los medios como culpable y su culpabilidad se sostenía sólo en las declaraciones de dos presuntos criminales. Ante la presión nacional a través del movimiento #MarielSolísEsInocente, Mancera Espinosa tuvo que dar marcha atrás y liberarla sin disculparse públicamente con ella.

En 2009 la PGJDF inculpó a cuatro hombres por el asesinato de Christopher Augur, un científico francés asesinado con un disparo en la cabeza durante un asalto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con una investigación en base a los expedientes de los casos que realizó Univisión Investiga y publicó en 2015.

Mancera Espinosa anunció, al día siguiente del crimen, la detención de cuatro personas. De acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la detención se dio sin que los inculpados supieran bajo qué cargos se les detenía, sin hablar con su abogado y también fueron presentados ante los medios como criminales.

Las personas que fueron acusadas de pertenecer a una banda criminal, y luego exoneradas, fueron: Omar Apatenco López, de 19 años de edad, Carlos Héctor Ortiz Enríquez de 43, Gabriel Ulises Valdés Larque de 36 y Miguel Ángel Herrera.

Herrera permaneció cinco años en la cárcel acusado de un crimen que no cometió.

DETENCIÓN ARBITRARIA Y DESAPARICIÓN FORZADA

Robles Maloof apuntó en entrevista que lo que buscan las fuerzas policiacas de la Ciudad de México es contar con elementos que puedan responder a las órdenes que son “incluso ilegales a cambio de la protección. Es un fracaso intencional para tener una fuerza policial dispuesta a actuar en contra de la ley. Esa es mi hipótesis”.

Ese pacto de impunidad garantizada a los policías, argumentó, explica el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, el jovencito de 17 años que permaneció desaparecido durante cinco días luego de que cuatro policías lo subieran a una patrulla, el martes 23 de enero.

“Si nosotros a un caso de tortura le llamamos abuso de autoridad, pues desde luego que la actuación de la investigación, la generación de los datos de prueba van a tener un error de origen y pueden conducir a una situación de impunidad. En este momento lo que sí sabemos es que hay indicios razonables para que se configure la desaparición forzada porque fue detenido por agentes de Seguridad Pública y estuvo bajo custodia de esos agentes”, dijo Antonio Simón Hernández León, del Instituto de Justicia Procesal Penal sobre el caso de Marco Antonio.

Pero antes de Marco hubo otros, como el caso del mazahua vendedor de dulces y papitas fritas detenido afuera de su domicilio en Nezahualcóyotl, Estado de México por elementos de la entonces policía de investigación del Distrito Federal vestidos de civiles, sin identificarse, sin orden de aprehensión, para someterlo a tortura con la finalidad de obligarlo a inculparse y culpar a su hermano de homicidio.

Aunque la tortura no logró que Sergio Sánchez Arellano confesara el crimen que se le imputaba, con pruebas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito calificaron como ilegales, el padre de familia de cinco hijos estuvo preso casi ocho años.

El pasado dos de febrero, el Noveno Tribunal juzgó el caso y resolvió a favor de Sergio un amparo en contra de la sentencia condenatoria.

Gabriela Carreón Lee, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo a SinEmbargo que sabe que hay una investigación abierta en contra de los policías que detuvieron a Sergio, que en caso de llegar a la sanción marcaría un precedente y enviaría un mensaje de no impunidad.

“Ya está dicho por una autoridad judicial, que hubo detención ilegal y esto tiene consecuencias; es una falta, un delito que cometieron estos policías hace más de siete años […]. Si no hay consecuencias de esos actos ilegales que se cometen, se queda ahí”, sostuvo.

AUSENCIA DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y codemandante en el caso de Marco, selñaló que lo sucedido al joven debe obligar a la autoridad capitalina a mejorar su política en materia de detenciones.

“Este caso muestra que no tienen una planeación adecuada de cómo y cuándo pueden detener a las personas”, anotó.

Mientras que Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano del Derechos Humanos y Democracia, consideró que además de la falta de protocolos, la policía capitalina carece de controles internos y externos que puedan monitorear su desempeño.

“En el caso de Marco no hay grabación de lo que pasó. Situaciones como estas si no son investigadas y sancionadas, el mensaje es que cualquier otro policía lo puede hacer. La sanción tiene que mandar un mensaje de que estas prácticas no se admiten”, explicó.

El activista consideró que llama la atención que Mancera Espinosa, alguien que fue Procurador General de Justicia y “que pareciera estar convencido del sistema penal acusatorio”, permita que la carga de la prueba recaiga en Marco y no en los policías.

“Es el Estado el que debería estar demostrando que ellos no torturaron y cometieron abusos en contra del joven y no al revés, ¿por qué Marco tiene que demostrar que lo golpearon y lo maltrataron?”, cuestionó.

Para Antia Mendoza Bautista, directora de la organización Seguridad y Paz Ciudadana, la policía capitalina se caracteriza por una “opacidad impresionante”. “Eso es parte de lo que se encuentran los investigadores que envían las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y la nacional: una ausencia de información que permita definir qué sucedió, falta de sistematización, de documentación”.

Mendoza Bautista precisó que en muchas ocasiones las autoridades argumentan que no existen videos de los hechos, pero que quienes tienen experiencia en investigar casos como el de Marco o de detenciones arbitrarias se “dan cuenta que hay un documento irrefutable, una imagen que es una evidencia muy fuerte”.