Organizaciones internacionales siguen considerando al país como el más peligroso en el continente para ejercer el periodismo y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) considera que las primeras semanas del año han sido “las más violentas para la prensa mexicana en mas de una década”.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero (AP).— Mientras los mexicanos atestiguan un incremento de los ataques contra los periodistas y el Presidente ha hecho blanco de severas críticas a algunos medios por cuestionar a su gobierno, los ojos de muchos miran hacia el programa federal que tiene como mandato proteger a los miembros de la prensa y cuya eficacia ha sido cuestionada por algunos.

México cuenta desde hace diez años con el llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque las agresiones y asesinatos no se han detenido. Sólo en las primeras seis semanas de 2022, cinco comunicadores fueron asesinados, el último este jueves, cuando Heber López, director del portal Noticias Web, fue acribillado en el estado sureño de Oaxaca.

Organizaciones internacionales siguen considerando al país como el más peligroso en el continente para ejercer el periodismo y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) considera que las primeras semanas del año han sido “las más violentas para la prensa mexicana en mas de una década”.

Enrique Irazoque Palazuelos es el titular de dicho organismo y dice estar consciente de que su oficina está bajo el escrutinio de varios, pero defiende la labor del programa y asegura que ha permitido salvar muchas vidas.

Una vez incorporados en el programa, los periodistas y defensores pueden recibir algunos apoyos, como dispositivos electrónicos o “botones de pánico” para alertar a las autoridades ante alguna amenaza, sistemas de monitoreo en sus casos o incluso escoltas.

Irazoque, además, no cree que las críticas de López Obrador alimenten los ataques contra la prensa. En los diagnósticos del mecanismo, dijo en entrevista con The Associated Press un día antes del asesinato del quinto periodista, los atentados contra los miembros de la prensa son resultado de otros factores, como la impunidad y la corrupción, y provienen sobre todo de autoridades locales y el crimen organizado.

-¿Definitivamente no crees que las críticas del presidente contribuyen a que se fomenten las agresiones a periodistas?

-Yo no veo un nexo causal con lo que observamos desde el mecanismo para poder ligar esas expresiones desde el gobierno de México a una agresión real o específica en cualquier territorio de nuestro país.

Hasta antes del asesinato de Heber López, el gobierno contabilizaba 54 periodistas asesinados desde el inicio de esta administración, y según los propios análisis del mecanismo, los ataques provienen principalmente de las autoridades municipales (un 40 por ciento) y del crimen organizado (alrededor del 30 por ciento). La cifra de asesinatos es mayor a la de algunas organizaciones, como el CPJ, que la ubica en 33.

Además, dijo, el mecanismo no puede hacer su tarea de protección sin la colaboración de las autoridades locales. Y asegura que eso no siempre ocurre: “desde que se crea el mecanismo, pareciera que los municipios y los estados, o dan un paso hacia atrás o hacia el lado, y el mecanismo se va quedando solo”.

Para implementar las medidas de protección —por ejemplo, proporcionar escoltas— se tiene que hacer con la colaboración de las policías locales.

Cuando entró el gobierno de López Obrador, en diciembre de 2018, el mecanismo tenía incorporadas a 798 personas, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente, son 1.518: 495 periodistas (135 mujeres y 360 hombres) y 1.023 defensores (551 mujeres y 472 hombres).

“Evidentemente el mecanismo no tiene capacidades para cambiar la violencia, a veces generalizada, en ciertas zonas de varias entidades federativas”, comentó Irazoque. “Para eso no fue hecho el mecanismo.”

Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ, coincide en que el mecanismo no puede por sí sólo resolver el tema de la violencia. “La impunidad sigue siendo el factor de México que incentiva esos crímenes, y por lo tanto cualquier acción debe ir de la mano con el combate a la impunidad, mejorar a las fiscalías a las policías”, dijo a la AP. Dijo que si bien ha habido muchos casos en los que sí se ha hecho una buena labor de protección, también ha habido errores.

“Fallas que incluso pueden haber aportado a la pérdida de vida de periodistas”, comentó y refirió el caso de Gustavo Sánchez Cabrera, un periodista asesinado en junio de 2021 en el estado sureño de Oaxaca y quien había pedido protección al mecanismo. Hootsen dijo que Sánchez fue aceptado en el programa y que iba a recibir escoltas, pero la coordinación entre las autoridades federales y estatales falló.

“La protección policiaca… nunca llegó”, dijo. “Claramente la situación era crítica porque terminó acribillado”.

“Conozco casos de beneficiarios que no tienen ninguna crítica hacia el mecanismo, pero también hay periodistas que simplemente no recibieron una respuesta”, añadió.

El viernes, López Obrador se concentró más en sus quejas hacia los medios que en la violencia contra los periodistas. En una de sus críticas más largas contra los periodistas, cerca de media hora de su rueda de prensa diaria, el presidente se preguntó: “¿Cuántos están en contra de nosotros?”, y el mismo respondió: “¡La mayoría!”. Su enojo se concentró en el columnista y periodista de radio y televisión Carlos Loret de Mola, a quien llamó “mercenario, golpeador, corrupto”.

Loret de Mola es uno de los periodistas que reveló que un hijo de López Obrador había vivido en una casa de lujo en Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de una empresa que obtuvo contratos de la petrolera estatal mexicana. El presidente mostró ​​un gráfico, sin decir de dónde provino la información, de cuánto supuestamente ganó el periodista en 2021. Loret de Mola respondió al ataque en Twitter: “Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista”, y aseguró que la información del presidente es falsa.

El mandatario no mencionó el asesinato del quinto periodista sino hasta que un reportero le preguntó. López Obrador se limitó a decir que era “lamentable” y aseguró que el mecanismo de protección a periodistas “se está mejorando”.

Hootsen, del CPJ, coincidió en que sería incorrecto decir que la violencia que ha afectado a los periodistas en los distintos estados del país es resultado directo de las críticas del presidente a la prensa. Sin embargo, consideró que sus palabras sí dividen a la opinión pública y contribuye a que cuando ocurre un ataque, la gente no siempre vea que eso representa un atentado también a una de sus libertades.

Irazoque mencionó que el mecanismo ha dado mil 300 dispositivos electrónicos de seguridad, además de que ha asignado a más de 200 escoltas a distintas personas, ha instalado alrededor de 75 refugios para quienes están bajo su protección y en ocasiones su familia. Además, dice que han ayudado a reforzar la seguridad en unos 400 inmuebles donde viven las personas.

“El mecanismo, que no quede duda, ha salvado vidas”, subrayó. Y puso como ejemplo que de los más de 140 asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas que contabilizan sólo en este gobierno, “solamente seis personas estaban en el mecanismo”.

Sin embargo, algunos periodistas tienen una opinión diferente.

Hace unos días, poco después del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en la ciudad fronteriza de Tijuana, el reportero local de radio y televisión Odilón García, criticó al mecanismo, el cuál conoce bien después de haber estado tres años bajo su protección.

“Te dan un pequeño teléfono y si pasa algo, puedes llamar y la llamada sale a una oficina central que notifica a la policía, que después te va a ubicar, y mientras, ya estás muerto”, dijo en Tijuana.