Antes de llegar a esa conclusión, El Faro aclaró que pasó 10 meses visitando 14 comunidades, la mayoría de las cuales, en sus palabras, eran “impenetrables” antes de marzo de 2022. Esa fue la fecha en que, a instancias del presidente, el Congreso de El Salvador declaró el régimen de excepción, a raíz de unos 92 homicidios en una ola de violencia orquestada por las pandillas.

El decreto del Gobierno suspendió un buen número de derechos constitucionales, como la libertad de reunión y asociación, a lo que siguieron operativos sorpresa indiscriminados y la encarcelación masiva de cerca de 65 mil ciudadanos a lo largo y ancho de este país, cuya área es equiparable a la del estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Aunque Bukele y sus aliados no se refirieron a ella como tal, a esta política se la conoce con el nombre de “Mano Dura”.

Como ha sido el caso en periodos anteriores de Mano Dura, esta política puede llevar a la extralimitación de funciones del gobierno y a abusos generalizados. El Faro mismo ha relatado cómo la evidencia contra muchas de estas personas privadas de la libertad es discutible en el mejor de los casos. Y, en un informe, Human Rights Watch acusó al gobierno de “arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos a los detenidos”.

Aun así, el decreto parece, al menos por el momento, haber logrado el objetivo que se propuso, según el reportaje de El Faro, que dice así: “Las pandillas ya no existen de la manera en que El Salvador las ha padecido”.

El Faro analiza al detalle el significado de esa declaración en las siguientes 7 mil palabras, con entrevistas a jefes pandilleros, policías y organizaciones no gubernamentales, y visitas a los territorios que las pandillas controlaban, pero la idea general es que las pandillas dejaron de ejercer el control sobre grandes porciones de territorio, ya no extorsionan a empresas de televisión por cable o a conductores de Uber, ni crean “fronteras invisibles” en calles al azar ni paran partidos de fútbol escolares o callejeros.

“Todo se siente muy tranquilo”, declaró el dueño de un negocio a El Faro antes de expresar su temor de que “si dejan salir a esa gente”, volverán a sentirse los problemas.

La historia fue una victoria de relaciones públicas para Bukele, quien ha hecho caso omiso de la indignación de la comunidad internacional por los abusos contra los derechos humanos, la suspensión de los derechos constitucionales y sus ataques persistentes contra periodistas. Desde que llegó a la presidencia en 2019, Bukele ha atacado a El Faro y a otros medios, obligando a muchos periodistas a salir del país por temporadas cortas y largas, por lo que ha presentado como un cubrimiento injusto de su gestión.

Después de la publicación del artículo, Bukele adujo que El Faro ahora atacaría “desde otros ángulos”.

“Ya no podían sostener la mentira de que El Salvador continuaba siendo un país peligroso, ni continuar negando el éxito total del Régimen de Excepción”, señaló, haciendo referencia a lo que se ha convertido en un estado de excepción permanente.

No cabe duda de que en el reportaje de El Faro se hicieron numerosas alusiones a los abusos contra los derechos humanos y la suspensión de garantías constitucionales, al desestimar la pérdida de los derechos fundamentales como solución intermedia en pro de la seguridad.

Sin embargo, aun los detractores de Bukele se han visto sorprendidos por este cambio y por lo que han visto sobre el terreno en El Salvador. Para citar solo un ejemplo, en un tuit muy reproducido, Juan José Martínez d’Aubuisson —antropólogo experto en pandillas que es colaborador habitual de InSight Crime y crítico del abuso de poder de Bukele— comparó el actual replegamiento de la actividad pandillera con el acuerdo de paz de 1992, que puso fin a 12 años de guerra civil. (Bukele, quien suele lanzar dardos contra Martínez en Twitter, calificó el trino como “¡CAPITULACIÓN!”).

En conversación con InSight Crime, Martínez —cuyos hermanos Carlos y Óscar compartieron la autoría del artículo aparecido en El Faro— señaló que muchos factores jugaron a favor de Bukele, como el control casi total sobre el Congreso, la rama judicial y la policía.

Más aún, había una migración de las pandillas —algo sobre lo que Martínez escribió para InSight Crime en una serie sobre la Mara Salvatrucha (MS13), la principal pandilla de El Salvador. Específicamente, estaban mutando hacia estructuras “menos visibles” y, dijo, más alineadas con las actividades estilo mafia que requerían manejar perfiles más bajos y menos conflictos frontales con el Estado.

Sin embargo, observó, que no cabe duda de que las pandillas se vieron afectadas por la dura arremetida de Bukele y de la administración anterior, en especial en las relaciones entre la ranfla y los pandilleros en las calles.

“Las pandillas están desarticuladas”, comentó, reiterando la postura de El Faro. “Las maras tal como las conocíamos tienen bien pocas posibilidades de reagruparse y de volver hacer las estructuras que vos y yo conocimos y de las cuales escribimos [en el pasado]”, dijo Martínez.

ANÁLISIS INSIGHT CRIME

Los avances en el mandato de Bukele son loables, pero hay consenso de otros expertos sobre pandillas a quienes InSight Crime consultó: son imposibles de mantener a menos que se traten las condiciones que hacen posible el surgimiento y la proliferación de las pandillas. Más aún, señalaron, el objetivo último pueden no ser las pandillas, sino la democracia misma.

“Si de verdad se quiere responder a la violencia de las pandillas, debe analizarse la dimensión social de estos grupos”, comentó Sonja Wolf, profesora de ciencias políticas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México, y autora de Mano dura, un libro que explora políticas anteriores de mano dura en El Salvador. “Y eso significa que no se puede simplemente encerrar a los pandilleros, sino que se debe garantizar que se esté dando respuesta a las condiciones en las comunidades que motivaron la aparición de las pandillas. Así que incluso si se piensa que se puede salir del problema de las actuales pandillas con arrestos, si no se tratan esas condiciones sociales, bueno, es muy probable que resurjan estructuras pandilleras en el futuro, pues no se dio respuesta a esas condiciones en las comunidades”.

Con ella concordó José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), quien ha pasado los últimos 20 años analizando las pandillas de El Salvador (y de otros lugares).

“Las identidades pandilleriles [en El Salvador] son muy fuertes y no tengo evidencia de que los pandilleros hayan abandonado esas identidades”, escribió Cruz por correo electrónico. “No hay ninguna garantía de que ante un cambio de inesperado de condiciones (decisión política, desastre natural, incapacidad de gestión dentro de las prisiones, etc.), las estructuras pandilleriles no reaparezcan, especialmente si las condiciones que dan origen a su existencia siguen presentes”.

Cruz añadió que era imposible afirmar qué tan afectadas estaban las pandillas sin entrar a las prisiones. Fue allí, por supuesto, donde se reagruparon las pandillas durante el primer experimento de mano dura en El Salvador a mediados de los 2000, un periodo en el que se presentó un alza igual de asombrosa en las encarcelaciones y los abusos del gobierno. Pero lo que surgió de esa ronda de encarcelaciones masivas fue una pandilla más formidable y duradera, con más disciplina, sistemas de comunicación más confiables, mayores ingresos y mayor habilidad política.

Michael Paarlberg, profesor asistente de ciencia política en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia (VCU), otro investigador que lleva años estudiando las pandillas de El Salvador, también manifestó reservas frente a las declaraciones de victoria prematuras.

“Soy profundamente escéptico de que esta sea una solución duradera o un golpe permanente a las pandillas”, le comentó a InSight Crime en un intercambio de correos. “La mano dura siempre ha tenido buena acogida en el momento, porque demuestra de forma dramática el compromiso de un gobierno con la seguridad, mediante demostraciones públicas de fuerza. También ha sido por lo general una solución cortoplacista que desplaza al crimen organizado, pero no lo elimina, sino que más bien lo reubica en otras comunidades, como de las ciudades al campo, o al sistema penitenciario […] No se puede encerrar los problemas para deshacerse de ellos”.

También hay otros problemas. Wolf señaló que las políticas de Bukele no abordan en ningún punto los problemas de los sistemas judicial y carcelario, instituciones que en el pasado han fomentado las pandillas. Y los tres expertos temen que la mano dura favorezca las ambiciones de Bukele de asfixiar la democracia.

“Las pandillas son accesorias”, le comentó Cruz a InSight Crime en entrevista telefónica. “El propósito fundamental no es el tema de la seguridad. El propósito fundamental es ganar y mantenerse en el poder”.

En este sentido, Bukele parece en buena posición para aprovechar la situación.

“Bukele sabrá explotar de manera muy habilidosa la guerra contra las pandillas para las próximas elecciones presidenciales”, señaló Wolf. “Porque puede que a la gente no le guste lo que ha hecho en términos de represión, pero todos sabemos que la gente en El Salvador lleva tiempo esperando con ansias el fin de la violencia de pandillas y que a la gente no le importan necesariamente los medios para lograr ese fin”.

Por su parte, Paarlberg se pregunta cómo acabará, si es que acaba. “A fin de cuentas, la ocupación militar debe terminar en algún momento, y con ella la paz transitoria que ella trajo”, señaló. “A menos que el estado de excepción se convierta en política permanente de Estado, que es lo que temo”.

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