En los primeros tres meses del Gobierno, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social tiene un objetivo claro: impulsar el autoconsumo en el campo para incrementar el poder adquisitivo de los productores mexicanos, con la finalidad de garantizar su patrimonio y la reinversión de capitales para el desarrollo productivo, con la posibilidad –a mediano y largo plazos– de un crecimiento del sector primario a través de cadenas productivas de valor.
SinEmbargo entrevistó al titular de la Secretaría, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien reconoció que a pesar del reto, “el cambio va” con rendición de cuentas y sin corrupción.
Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- A 100 días del inicio del Gobierno federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) lucha por recuperar la rectoría de las políticas para el desarrollo del campo mexicano, ya que las administraciones pasadas se “desentendieron de ser autoridades”.
Al término de este año, el Gobierno federal espera que sus programas agropecuarios tengan un “beneficio medible” al incremento a la producción y la disminución a la dependencia de las importaciones, dijo a SinEmbargo el Secretario Víctor Villalobos.
“Ha sido todo un proceso, primero, de reconocer en qué condiciones recibimos la Secretaría, con un desentendimiento de las políticas públicas para la promoción y para la agricultura misma. Las autoridades de la Secretaría se desentendieron de ser autoridades. […] Estamos en ese proceso de recuperación de esa autoridad, que tiene mucho que ver con el proceso de toma de decisiones, las reglas de operación, el presupuesto, la transparencia y la rendición de cuentas. […] Estamos implementando un cambio importante en la manera de ejercer las políticas. […] Hay reacciones, choques e inconformidades, pero el cambio va”, explicó.
A través de cuatro programas prioritarios –”Producción para el Bienestar”, “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, “Crédito Ganadero a la Palabra” y “Fertilizantes”– y una inversión de 65.43 mil millones de pesos en 2019, la Sader busca mejorar la producción de autoconsumo; es decir, impulsar el poder adquisitivo y patrimonial de los trabajadores del campo para darles “mejor calidad de vida”, pero también, capital y herramientas para reinvertir y mejorar la calidad de la oferta, con miras a fortalecer las exportaciones y las cadenas de valor entre los sectores primario, secundario y terciario.
En la actualidad, el sector primario emplea a 6.8 millones de personas, o al 13.3 por ciento del total de la población ocupada a nivel nacional. Este sector productivo aporta, en promedio desde el 2000, el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, con un potencial productivo de 292 millones de toneladas anuales de productos agropecuarios y pesqueros, según cifras de Sader, del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Pese a que en los últimos cinco años el valor de las exportaciones agroalimentarias creció 42.9 por ciento (pasó de 22 mil 805 a 32 mil 583 mdd) y que el saldo de la balanza comercial pasó del déficit (-4 mil 969 mdd) al superávit (5 mil 411 mdd), las familias rurales de México (23 por ciento de la población mexicana) enfrentan “desafíos estructurales”, ya que seis de cada 10 personas que viven en el campo sufren de pobreza y dos de cada 10 viven en pobreza extrema, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (ONU-FAO).
Para revertir esta situación, los subsidios serán indispensables.
A través del programa “Producción para el Bienestar”, la Sader invertirá 9 mil millones de pesos para dar apoyos a 2.8 millones de pequeños y medianos productores, entre ellos 250 mil integrantes de comunidades indígenas. La estrategia consistirá en dar entre mil y mil 600 pesos por hectárea a productores y dueños de hasta 20 hectáreas productivas, con el objetivo de impulsar las cosechas de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, en aras de lograr la autosuficiencia alimentaria del país.
La estrategia irá acompañada del programa “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, que es un subsidio para los productores –sobre todo de maíz, frijol, leche, arroz y trigo panificable– que dependen de las unidades de producto vendido. La idea es comprarle a los productores su cosecha, a un precio promedio de 6 mil 110 pesos por tonelada, según el tipo de producto.
Empero, en nuestro país, las políticas “orientadas a proveer bienes privados individuales” han sido “regresivas” y aumentaron “las desigualdades regionales y entre productores”, según ONU-FAO (2018). Dicha situación se vio agravada por la existencia de un “excesivo” número de programas que “pulverizan la acción gubernamental”, así como “por marcos legales y diseño de políticas públicas sectoriales que no se articulan en el territorio”.
Inclusive, ONU-FAO refiere que los rendimientos por hectárea del maíz, frijol, trigo y arroz —que son algunos de los principales cultivos cíclicos del país— “han experimentado incrementos moderados en casi 40 años”, además que “los cultivos oleaginosos registran una disminución en su rendimiento lento desde 1980”.
Las cifras del Gobierno federal también contrastan los resultados. Por ejemplo, entre 2000 y 2018 uno de los principales subsidios al campo, el programa Proagro (Procampo hasta 2013), ejerció 263 mil 698 millones de pesos. En ese periodo, la productividad del sector primario como proporción del PIB pasó de 3.3 a 3.1 por ciento, con un promedio anual de crecimiento de dos puntos porcentuales (aunque a partir de 2012 el promedio de crecimiento aumentó a 4.6 por ciento).
En ese sentido, SinEmbargo cuestionó al Secretario Villalobos acerca de cómo garantizará que haya más productividad y por qué será diferente lo que propone la nueva administración.
Según el ingeniero agrónomo, doctor en morfogénesis vegetal por la Universidad de Calgary (Canadá), se trata de propuestas de subsidio orientadas a estimular y mejorar “las prácticas de producción sencillas”. Esto es, impulsar sus ingresos para incrementar el acceso que tienen a insumos básicos de producción, como fertilizante o semillas mejoradas, lo que “posiblemente” les permitirá “duplicar o hasta triplicar sus rendimientos”.
“Entonces, además de poder tener una autosuficiencia en términos de su producción, [el productor] puede pensar en vender sus excedentes y de esa forma el precio está acompañando el estímulo para el incremento a la producción”, dijo Villalobos.
–No obstante, los precios de garantía son criticados por ser contrarios a la economía de mercado. ¿Cómo evitarán afectar al comercio mexicano, tanto a nivel interno como externo? –preguntó SinEmbargo.
–“En primer lugar, es muy importante que quede claro que este programa de precios de garantía no va a distorsionar la agricultura comercial, porque su razón de ser no es intervenir en los mercados comerciales. Es un subsidio; es un estímulo para la gente más pobre, la gente que ha estado olvidada por muchos años, que no ha tenido acceso a los apoyos, que tiene propiamente nulo acceso a la extensión y a las tecnologías”.
Con un “precio atractivo” a los productores, refirió Víctor Villalobos, “vamos a incrementar la productividad […] considerando que va a haber un aumento en la producción de autoconsumo”. Por un lado, la asistencia social “mejorará los ingresos [directos] del productor”. Y con un mayor poder adquisitivo, el productor podrá consumir más, mejorar su calidad de vida e invertir capital adicional en sus procesos de producción.
Para no afectar los mercados, el funcionario público aseguró que en los casos del maíz, trigo harinero, frijol y arroz, aunque llegaran a entrar en la cadena comercial, “no van a detonar el precio” de los productos porque serían adquiridos al precio de garantía por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Este organismo descentralizado de la Sader, a su vez, “tendría que poner [los productos] en el mercado al precio comercial”. Al respecto, Villalobos aseguró que “la idea es proteger al mercado” ya que la producción comercial seguirá estando acompañada de los mecanismos tradicionales, como lo es la “agricultura por contrato”.
PROGRAMAS E IMPACTOS
Además de los programas de subsidio directo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implementará el programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, cuya finalidad es generar autosuficiencia de carne y leche con inversión en ganado de cría.
Esta medida estará dirigida a pequeños productores que tengan hasta “35 vientres bovinos”, quienes podrán ser beneficiados “hasta con 10 vaquillas y un semental, así como otros componentes” como alimento, equipamiento y obras de infraestructura pecuaria.
Para ello, a lo largo del sexenio la Sader entregará un millón de vaquillas y 50 mil sementales en todo el país, con prioridad en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
A diferencia de los programas de subsidio, la estrategia de Crédito Ganadero pretende que la entrega de “especies pecuarias” sea retribuida, en un plazo de tres años, con el retorno del apoyo “a través de las primeras crías” que el productor obtenga, según el proyecto del Gobierno federal.
“Lo que se pretende es incrementar, repoblar y/o mejorar la genética del hato ganadero y lograr que las hembras, que son los vientres que necesitamos para mantener el hato, se queden en vez de llevarlas al sacrificio”, dijo a SinEmbargo el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Asimismo, la estrategia contempla que los pequeños ganaderos tengan acceso al forraje y a los pastizales, como a potreros para sus animales. Con dichas medidas, los ingresos de los pequeños ganaderos irán mejorando “a partir de la oferta de animales de mejor calidad”.
La actividad pecuaria representa el 40.3 por ciento del valor del sector agropecuario y pesquero. Al año son producidos 6.7 millones de toneladas de carne de ave, bovino, porcino, ciprino y ovino con exportaciones anuales por 3 mil 537 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Sader.
Con el programa de créditos, Villalobos y su equipo de trabajo buscan “llegarle” al pequeño ganadero “para incrementar su producción”, en un primer acercamiento. Sin embargo, la Secretaría también contempla capacitaciones para la producción, como en el caso de la leche, así como un “acompañamiento de índole sanitario” para garantizar optimas condiciones productivas.
En la actualidad, muchos ganaderos del sur-sureste del país engordan y venden su ganado de pie. Para el titular de la Sader, lo ideal es evitar que los ganaderos se deshagan –por necesidad– de su patrimonio base, a la par que comercian su ganado de engorda con calidad de exportación a Estados Unidos.
–¿Por qué será diferente lo que ustedes proponen? ¿Cuál es la estrategia para generar una cadena productiva de valor? –preguntó SinEmbargo.
“Estamos exportando alrededor de 1 millón 300 mil cabezas al año. Lo que nosotros quisiéramos idealmente es que en vez de mandar los animales en pie pudiéramos mandar cortes. Y eso de alguna forma se empieza a hacer, pero sí nos falta mucho más infraestructura. Nos faltan rastros TIF [Tipo Inspección Federal, que son lugares dedicadas al sacrificio de animales, proceso de envasado, empacado, refrigerado o industrializado], nos faltan empresas que hagan el sacrificio y que hagan toda la industrialización de la carne. En ese sentido, se puede ir progresando en función de la oferta de animales de mejor calidad” –respondió el ingeniero agrónomo.
No obstante, Villalobos mencionó que a pesar de los esfuerzos del Gobierno federal, “hay que tomar en cuenta que la ganadería está sujeta siempre a imponderables. Nuestro hato más o menos se ha mantenido y lo que hay que reconocer es que tenemos una genética más o menos respetable internacionalmente. Pero si de repente tenemos sequías prolongadas [como la de 2011], el ganadero va a vender sus animales porque de otra forma se le van a morir. O si de repente la sequía está asociada con la falta de forraje o falta de agua, o temperaturas extremas, es cuando perdemos el hato. Entonces allí la idea es asistirlos, prepararlos y la capacitación allí tiene sentido”.
Además de los subsidios y los créditos en especie, el Secretario de Agricultura expuso la necesidad de su plan de “Fertilizantes”. Con dicha estrategia, el Gobierno federal dará 110 mil toneladas de fertilizantes nacionales –químicos y orgánicos– a pequeños productores, sobre todo en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sin embargo, el programa piloto dará inicio en Altamirano, Guerrero, con 650 millones de pesos en inversión, en apoyo a 116 mil (80 por ciento) productores estatales.
–La degradación de los suelos afecta a 89 millones de hectáreas en México, según datos de ONU-FAO. Ustedes planean impulsar el uso de fertilizantes nacionales. ¿Con qué medidas garantizarán que no sean dañinos para el medio ambiente o para el consumo humano? –cuestionó SinEmbargo.
–Estamos muy preocupados por la calidad de nuestros suelos. Y también no todo tiene que ser necesariamente con fertilizante químico. Estamos hablando de un programa muy agresivo de fertilizante orgánico, casualmente por la ganadería.
De acuerdo con el funcionario público, “el problema de los suelos no está en función de los fertilizantes; somos de los países que menos fertilizantes químicos usan. […] Lo que uno ve en las zonas agrícolas o en las zonas aledañas a las zonas ganaderas, es una pérdida de los suelos por influencia del viento y del agua, porque hemos venido desprotegiendo la cobertura vegetal y [no hemos controlado] los incendios forestales [controlados]. […] Todas estas actividades han llevado a un proceso de degradación de los suelos y al incremento, no de la desertificación, pero sí de la erosión de los suelos y efectivamente esa es una realidad”.
Lo que la Sader propone, en primer lugar, es “regresar a las buenas prácticas agrícolas que incorporan, entre otras cosas, lo que llaman ‘labranza de conservación’”, explicó Villalobos. Esto quiere decir que buscarán revertir prácticas como la quema de cultivos cosechados y el uso de fertilizantes químicos para compensar el desgaste del suelo, como medida para evitar la pérdida de microflora y microfauna que coadyuvan a la fertilidad de los suelos.
La idea es “hacer compostas [e] incorporar […] las buenas prácticas agrícolas, para incorporar la materia orgánica al suelo. Esto retiene la humedad, mejora la estructura del suelo e incrementa la fertilidad. […] A mí, en lo personal, me preocupa mucho que […] no tenemos un programa nacional de suelos; ahora sí lo vamos a tener. Vamos a poder sustentar las fórmulas para la determinación de qué fertilizantes usar. Ya no se usan análisis de suelos. Ya simplemente el que vende los fertilizantes es el que te dice qué echarle y en qué cantidad; no necesariamente lo más adecuado. Vamos a empezar a acompañar con análisis técnicos, con acompañamiento científico-técnico para que se puedan analizar el tipo de suelos [y] qué tipo y cantidad de fertilizante se usan en los cultivos”.
El agrónomo añadió que ya empezaron a implementar este tipo de medidas. “Tenemos mil millones de pesos. Y tenemos un programa de extensión, pero eso se complementa mucho con los programas que tienen los estados, las universidades y los centros de investigación”. Sin embargo, Villalobos advirtió que se trata de un proceso que toma tiempo y que no dará resultados a corto plazo, aunque esperan ver resultados positivos a mediano y largo plazos.
NO A LOS TRANSGÉNICOS
“No vamos a promover el uso de semilla transgénica para los cultivos que van a la cadena alimenticia. La razón [de esta decisión] es que la sociedad está polarizada. Hay un debate que no ha concluido por muchos años, particularmente el caso del maíz. Entonces hay la creencia de que el transgénico es la mejor solución; y por el otro lado, hay la versión de que es cancerígeno. Ambas posiciones están equivocadas”, mencionó Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
En los últimos 30 años, México pasó de la prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe “Treinta años de transgénicos en México”, realizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
La expansión del cultivo de transgénicos ha sido tan evidente que, entre 2005 y 2017, sólo la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco permanecieron como territorios “libres” del cultivo experimental y comercial de este tipo de productos. Sin embargo, existen casos documentados del uso ilegal de transgénicos en estos lugares y en toda la República Mexicana.
A finales del año pasado, por ejemplo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) reveló que a pesar de que en México está prohibida la siembra y distribución de maíz transgénico, el 91.3 por ciento de los productos industriales de maíz contienen algún producto genéticamente modificado –inclusive en aquellos etiquetados como “artesanales” o “libres de transgénicos”–.
Pese al aumento, hasta 2016, México tenía 100 mil hectáreas de cultivo de productos transgénicos, refieren datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de la Agrobiotecnología (ISAAA, por sus siglas en inglés).
El uso de organismos genéticamente modificados (OGM’s) o transgénicos, en México y el mundo, se presenta en la actualidad como “una alternativa para enfrentar la crisis climática” que afecta las cosechas y la producción de alimentos, refiere el documento del CECCAM.
Los cultivos transgénicos “son organismos creados en el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias, plantas o animales a cultivos como el maíz y la soya”, refiere Greenpeace en su Guía roja y verde de alimentos transgénicos.
El problema radica en que “la ingeniería genética aplicada para la creación de transgénicos, ‘corta y pega’ genes sin controlar dónde y cuántos se pegan en el organismo receptor y sin que se sepa qué efectos inesperados pueden provocar. Tampoco se sabe si estas construcciones transgénicas son estables o no”, explica el organismo internacional.
Contrario a lo que se dice, Víctor Villalobos aseguró que “desde el 2004 la Organización Mundial de la Salud [OMS] decretó que los transgénicos no hacen daño a la salud y eso está publicado con base en un estudio muy profundo”. Además, añadió que en todo caso “el transgénico no se come directamente; nadie está comiendo maíz crudo, por ejemplo”.
Pese a todo, reconoció que en los procesos de industrialización, como aquellos productos o mercados a base de maíz, la proporción de transgénicos es de 60 ó 70 por ciento. En ese contexto y hasta que la comunidad científica, los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones ambientalistas no lleguen a un acuerdo y se defina la política pública en torno al uso de productos transgénicos, la Sader se enfocará en promover el uso de técnicas y semillas convencionales. La capacidad de producción agroalimentaria de México, dijo Villalobos, nos da la posibilidad de incrementar la producción nacional para satisfacer las demandas del país, “sin usar semillas de transgénicos. […]“No hay una limitante tecnológica de forma convencional para no atender –por ejemplo– la demanda de maíz”.
