Mientras escribo esta nota, en el pleno de la Cámara de Diputados se discute en lo particular el dictamen de regulación del cannabis ya aprobado en lo general, el cual contiene cambios importantes respecto a la minuta del Senado. Ahora el nuevo texto irá de regreso a la Cámara de origen para su revisión y esta solo podrán aprobarlo o rechazarlo; si ocurriere esto último el Congreso ya no cumpliría con la prórroga concedida por la Suprema Corte para legislar en la materia y la regulación se aplazaría sine díe. En ese caso, la Corte podría hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud ya considerados inconstitucionales en la jurisprudencia derivada de las cinco sentencias de amparo en el mismo sentido, emitida en 2019, aunque, dadas las condiciones políticas de la relación del tribunal con el Gobierno actual, se antoja poco probable que esto ocurra.

El dictamen aprobado por los diputados tiene retrocesos graves respecto a la minuta enviada por el Senado, de suyo defectuosa. El problema mayor del proyecto legislativo original radica en que mantiene la prohibición de la marihuana, pues no elimina el delito de posesión simple, aun cuando aumenta el umbral de posesión que no implica ejercicio de la acción penal de 5 gramos a 28 y establece un margen que va de los 28 gramos a los 200 en los que la posesión se sancionaría con una multa, pero a partir de los 201 gramos la posesión ameritaría prisión, a pesar de la existencia de un mercado legal de la sustancia. Es como si estuviera penado con cárcel llevar más de cierto número de cajas de cerveza a una fiesta.

El sostenimiento del delito de posesión, aun cuando no se acredite la intención de comerciar con la sustancia, refleja la incomprensión de los legisladores de la relevancia de regular el cannabis, pues una de las razones más importantes para generar un mercado legal es eliminar la criminalización y la estigmatización de los consumidores, hoy víctimas de extorsión y acoso por parte de las policías y que corren el riesgo incluso de acabar en prisión simplemente por consumir. La posesión simple es un delito fácil de probar o de simular y es usado con frecuencia como subterfugio para mantener detenidos a sospechosos de otros delitos, ante la incapacidad de las policías de recabara adecuadamente pruebas para sustentar sus casos.

Los senadores tampoco quisieron descriminalizar a los campesinos que tradicionalmente han cultivado y procesado marihuana, sometidos a las reglas y la violencia de las organizaciones criminales y a la destrucción de plantíos, el maltrato, la extorsión y el encarcelamiento por parte de las autoridades. El proyecto regulatorio en curso sigue considerando delincuente a quien no cultive con las nuevas reglas, que establecen barreras de entrada infranqueables para los campesinos pobres, diseñadas para favorecer a empresas productoras con grandes sumas de capital para invertir en la infraestructura y los requisitos burocráticos propuestos.

Si el proyecto del Senado ampliaba los delitos relacionados con la producción y la posesión del cannabis, los diputados parecen dispuestos a ir incluso más allá, con la introducción de un artículo 198 bis al Código Penal Federal con más penas relativas al cannabis, incluyendo la extracción e introducción al país de cannabis psicoactiva, a la producción, transporte, tráfico, comercialización, suministro y posesión sin autorización.

El dictamen de los diputados plantea también retrocesos significativos respecto a lo aprobado en el Senado en materia de justicia social, pues elimina las licencias especiales para los cultivadores más afectados por las décadas de guerra contra las drogas. El objetivo de reparar el daño causado a las comunidades campesinas por la prohibición se desvanece. No se incorporan medidas concretas de acción afirmativa para incluir a los grupos vulnerables, como lo había hecho el Senado y se elimina la reserva del 40 por ciento de las licencias para estos grupos.

Uno de los mayores absurdos de los cambios hechos por la comisiones de diputados es que elimina la creación de un regulador específico, especializado en desarrollar los mecanismos para la aplicación de una ley que necesitará de enorme capacidad innovadora y conocimientos técnicos sobre operación de mercados, competencia y otros aspectos de carácter económico, y deja la regulación en manos de Conadic, un organismo especializado en prevenir el consumo, sin los conocimientos ni las capacidades técnicas necesarias, pues no son materia de su especialidad. La sobrecarga a un organismo que de por sí siempre ha sido flaco en presupuestos y que tiene una tarea ingente en el desarrollo de políticas de prevención y atención con perspectiva de reducción de daños, que debería centrarse en estrategias sanitarias, no de regulación de una industria y un mercado, va a provocar que no pueda hacer bien ni lo uno ni lo otro.

Lo aprobado por el Congreso va a resultar una ley fallida. Los cambios hechos por los diputados incluso van a inhibir la inversión de las compañías canadienses que vislumbraban en la regulación mexicana una oportunidad para producir en México cannabis para su propio mercado legal, pues queda prohibida la exportación. El éxito de una regulación de este tipo se mide por el porcentaje del mercado que deja de ser clandestino y opta por la legalidad. Lo más probable es que solo una pequeña parte de la producción y la comercialización se ajuste a unas reglas abigarradas, con altísimas barreras de entrada y que va a producir una marihuana poco atractiva para los consumidores por las cantidades limitadas de THC que contendrá.

La ley aprobada implicaría, para su aplicación, de un aparato estatal inexistente en México. Así, la mayor parte del mercado seguirá funcionando como hasta ahora, en la clandestinidad. El único avance será de carácter simbólico, pues México será considerado el tercer país del mundo que defecciona del prohibicionismo y crea un mercado nacional regulado, aunque este no sea más que una simulación.

¿Por qué ha resultado tan tortuoso el proceso de regulación de la marihuana? Pues porque han imperado la ignorancia y los prejuicios. Intervenciones hilarantes, como la de la Diputada del PRI Cynthia López Castro, muestran que los legisladores ni siquiera hicieron un esfuerzo por informarse y conocer las evidencias científicas sobre la materia que estaban legislando. Ni siquiera hojearon la jurisprudencia de la Suprema Corte. La dependencia de la trayectoria prohibicionista sigue atándonos a una estrategia fracasada, con su estela de injusticia y violencia.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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