Por Sergio Rincón y Shaila Rosagel
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El último informe realizado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado a conocer este día, baja una de las afirmaciones que sustentan la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) para responder al por qué se llevaron a los 43 normalistas: que iban a boicotear un acto del matrimonio Abarca.
El informe dice que no es así.
Además, expone ante la opinión pública que los estudiantes estuvieron siempre bajo los ojos de las agencias policiacas del Gobierno mexicano. Y que de allí, mientras eran vigilados, “desaparecieron”.
De acuerdo con la información divulgada por los expertos, los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 no iban a “boicotear” el evento político de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. Los estudiantes llegaron tiempo después de concluido el acto público.
En su momento, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseveró que las investigaciones apuntaban a que los muchachos “iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre. Pero se los llevaron directo a Iguala. En el camino les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político”.
A la fecha, la Procuraduría ha mantenido esa versión: los normalistas intentaron sabotear a los Abarca. Y según la dependencia, fue el Presidente Municipal quien dio la orden de detener a los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
Sin embargo, la investigación de la CIDH determinó que el desarrollo de los hechos tuvo más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la obtenida por el propio grupo de expertos.
“Del análisis de la información realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de buses para sus actividades”, dice el documento.
El análisis, dice la CIDH en el documento, no supone una valoración de la responsabilidad de los Abarca, pero intenta generar un mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas, los miembros de Los Avispones y otras personas, los seis autobuses y otros vehículos, así como las detenciones llevadas a cabo y las circunstancias de las mismas.
Con ello la CIDH señaló que los delitos a investigar “configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, pero subraya que también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos: 1) tortura (por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 2) tentativas de homicidio, 3) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4) uso no adecuado de la fuerza, 5) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados”.
El 11 de diciembre de 2014 a Murillo Karam, en entrevista con el periodista Jorge Fernández, se le pidió explicar qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, y dijo: “No puedo entender un acto de estupidez entre gente tan joven de los dos lados. Algo está mal”.
La responsabilidad mayor es del gobierno, dijo, pero a final de cuentas es de todos.
“Hay un problema educativo que tiene que ver con las escuelas y el entorno familiar, con la convivencia social. Tenemos que restablecer las reglas”
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes informaron que fue negada la entrevista que solicitaron hace mes y medio con integrantes del 27 Batallón del Ejército. El argumento, explicaron, es que la reunión con las fuerzas castrenses no se puede gestionar a través de la Procuraduría General de la República; también comenzaron a gestionar el encuentro de forma directa pero hasta la fecha no ha habido respuesta.
Los familiares de los 43 han acusado directamente a miembros del Ejército, luego que sobrevivientes denunciaran que los militares los retuvieron y no les brindaron ayuda. A esto se suma que se diera a conocer que la última ubicación que marcó el sistema GPS del teléfono celular de Julio César López, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue el cuartel militar de Iguala.
No obstante el 13 de noviembre, el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que la noche del 26, por la distancia, los militares no estuvieron en condiciones ni de escuchar los disparos ni de ver las llamas del incendio “porque era un día lluvioso”.
YO NO DI LA ORDEN: ABARCA
A principios de mayo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer su informe del caso Iguala y detalló que aquel 26 de septiembre José Luis Abarca permaneció en su casa cuando policías disparaban contra normalistas, miembros de Los Avispones de Chilpancingo y otros ciudadanos. El documento también determinó que Abarca no dio la orden de detener a los estudiantes.
“Abarca afirmó que a las 23:30 le pidió a Felipe Flores [entonces jefe de la policía municipal] que llamara al Ejército y lo mismo le pidió al secretario de Gobierno del estado. Dice también que intentó llamar a la Policía Federal sin ningún éxito”, explicó el informe de la “Comisión Abarca”.
El ex Alcalde de Iguala aseguró, según la investigación del PRD, que cerca de las 23:30 horas, cuando los jóvenes eran atacados, trató de comunicarse con el Ejército y con la Policía Federal, pero no obtuvo respuesta.
Según el informe del PRD la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), no concuerda con la versión que ellos encontraron de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron en Iguala los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“En declaraciones oficiales se dijo que José Luis Abarca había ordenado que detuvieran a los estudiantes de Ayotzinapa cuando se estaba llevando a cabo el acto de informe de actividades de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, en la Explanada de Iguala, pero el ordenamiento cronológico de los hechos podría complicar el sentido de tales afirmaciones”, dice.
El informe concluyó un poco antes de las 21:00 horas indica. La toma de autobuses se dio a las 21:10 y los primeros disparos a las 22:00 horas.
“En síntesis, Abarca, según afirmó ante esta Comisión, permaneció en su casa sin dar órdenes a la policía y con la idea de que él no podía hacer nada frente a lo que estaba ocurriendo pues no era quien contaba con las armas para ello. Esta Comisión le repuso a Abarca que los disparos provinieron siempre de efectivos de la policía municipal que estaban, según la ley, bajo su mando, lo mismo que las detenciones de los estudiantes, pero al respecto no dio respuesta alguna”, se expuso en la investigación.
TORTURA
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó hoy que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentra dispersa por distintos estados del país.
Carlos Beristain, especialista del grupo, aseveró que las autoridades cuentan con 13 causas penales, en seis juzgados distintos.
“Las causas están en Matamoros, Jalisco, Iguala y los detenidos están en otros estados. Nosotros vemos esto con preocupación y pedimos homologar la investigación, acortar las distancias y facilitar el acceso a la justicia”, indicó.
El grupo precisó que la dispersión de la investigación le resta eficacia y dificulta el adecuado acercamiento al proceso de los implicados.
“La legislación mexicana permite que eso suceda, pero también permite la acumulación de los hechos, para que un mismo juez lleve el caso”, agregó la experta Claudia Paz.
Beristain afirmó que continúa la recomendación a las autoridades para clasificar el caso de los normalistas como desaparición forzada y no como secuestro.
Los expertos resaltaron que además se deben investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
“En el caso de los detenidos, del penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain.
Los expertos dijeron que las violaciones al debido proceso pueden impactar negativamente a la investigación. Por ello solicitaron nuevas pesquisas y una investigación financiera a un mayor número de detenidos. Sin embargo, no precisaron a quiénes.
“La investigación debe llegar a todos los que se necesiten investigar”, indicó Claudia Paz.
Los expertos enfatizaron la necesidad de la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada e informaron que el proceso de búsqueda de los estudiantes continúa.
