Semanas antes de que asumiera el cargo de Gobernador de Chihuahua, le recomendé a Javier Corral Jurado que leyera En la niebla de la guerra, de Andreas Schedler, un acucioso investigador del CIDE que expuso lo que padecen los ciudadanos ante la violencia del crimen organizado. Se trata de un libro muy bien cimentado, sólido, nada de feeling y sí abundantes datos, verificados, de esos a los que les ponen el apellido de “duros”.

En aquel tiempo (2016) se combinaron dos circunstancias: Corral empleó en su campaña, de manera abundante, la necesidad de recuperar el espacio de la ciudadanía en una entidad que ha padecido la violencia como pocas en la república; y lo de siempre, que aún se podía hablar con él, en condición de electo.

Después se dio otro par de circunstancias: jamás supe si se benefició con la lectura de la recomendación bibliográfica, y luego se negó a dar audiencia a Unión Ciudadana, la organización que vertebró la lucha contra la tiranía corrupta de César Duarte.

El quinquenio corralista agotó ya tres años y medio del periodo constitucional, con todo lo que eso significa en México. Ha pasado tiempo más que suficiente para evaluarlo en su desempeño en la delicada agenda de la seguridad, más ahora que Óscar Alberto Aparicio Avendaño dejó la jefatura en la Comisión Estatal de Seguridad, arrojando un saldo tras de sí cargado de fracasos proverbiales.

Veamos unos datos: las denuncias de varios delitos –cifras no contrastadas con enjuiciamientos reales o formales– crecieron de cerca de 69 mil a 72 mil (números cerrados) de 2017 a 2019, y la tendencia se mantiene en la misma dirección, abriéndose en espiral.

Los homicidios en el estado de Chihuahua, cifra a la que se le pone mucha atención como indicador, es a un tiempo escandalosa y escalofriante. En los primeros tres meses del gobierno actual (octubre a diciembre de 2016) se registraron 454; 2017 cerró con 1 mil 900; 2018 con 2 mil 087; 2019 con 2 mil 454, y al momento de redactar este texto van 636. Estamos hablando de 7 mil 500 homicidios que manchan el prestigio de cualquier gobierno local. El autor del libro recomendado diría que esas cifras en un país dictatorial y en guerra darían mucho de qué hablar.

Empero, el condecorado Aparicio Avendaño no se inmutó a la hora de presentar su renuncia: orondo declaró que se reintegra a la Guardia Nacional del gobierno de la Cuatroté, dando pábulo a creer que esa institución es un hospital de fracasados policiacos. Este exfuncionario diseñó un aparato que compactó –junto con presencia de efectivos federales– a la Policía Vial, labores de inteligencia, operaciones especiales, fuerzas estatales, grupos de acción rural, agentes dedicados a la vigilancia en bancos y usurpó los mandos policiacos municipales en regiones importantes. Pero la delincuencia continuó arrojando sus mismos saldos, especialmente en zonas donde se vive una galopante extraterritorialidad, donde no hay no Estado ni gobierno.

Sumado a lo anterior, se le concedió al exjefe de seguridad un monto de recursos públicos exhorbitante para apoyarlo en la encomienda que recibió, descuidada por el gobernador. Se elevó su presupuesto en casi 140 por ciento. Un dato lo dice todo: de 875 millones de pesos, asignados en 2017, se incrementó en 2019 en alrededor de mil millones más. Los resultados: escasos. Lo más grave: no hay responsabilidad alguna por la que Aparicio Avendaño deba responder. Ni por la incuria mostrada, ni por el dispendio de fondos públicos tan mermados para áreas prioritarias. El señor, una especie de Dandy policiaco por su vestuario, simplemente dice que se reintegra a su vieja y querida casa en la Guardia Nacional.

El Gobernador Corral quiere imponer una narrativa especial para aparentar que se corrige el rumbo. Para sacar de escena a Aparicio Avendaño (sospechosamente hubo grandes dificultades para lograrlo) anunció la creación –con el consabido “ahora sí”– de toda una Secretaría de Seguridad Pública al mando de Emilio García Ruiz, quien ahora amalgamará a la Comisión Estatal de Seguridad, sacándola de la esfera de la Fiscalía General al mando de César Augusto Peniche Espejel, dupla esencial del renunciante.

Se sigue pensando que si se cambia el nombre a las instituciones se transforma la realidad. Lo único que se logra es un engaño momentáneo, inducido, a la sociedad. En Chihuahua ya hubo una secretaría de ese tipo durante el gobierno de José Reyes Baeza y hasta se habló de una policía científica. En la etapa aguda de esta guerra de nuevo tipo, que mostró su cara a partir de 2008 y que ensombrece al país, lamentablemente las cosas siguen marchando en la misma tendencia.

Gobiernos van, gobiernos vienen, y nada se corrige, nada se soluciona. El mismísimo sindicato patronal, COPARMEX, ha mantenido en ello una aguda crítica, por encima de sus afinidades con el PAN gobernante en la entidad. La región de la que escribo sigue en los mismos deshonrosos lugares en esta materia, y los partidos que han gobernado y cogobernado la entidad sólo ofrecen la cara del fracaso.

El nuevo secretario García Ruiz ofrece que, “ahora sí, de manera perentoria, se usará la inteligencia”. En realidad es palabrería pura, si nos hacemos cargo de que al gobierno de Javier Corral el tiempo ya se le agotó y la pandemia ahora no lo deja hacer nada. La muerte sigue con su siniestra presencia desde la delincuencia, sólo que el COVID-19 le ha otorgado una ventaja macabra: ahora está invisibilizada de manera absoluta.

Por lo pronto, a mí me queda una moraleja: inútil es recomendarle a gobernantes soberbios lecturas, libros, investigaciones. Ellos son de un solo librito, el que da los pasos para buscar la propia reproducción y ser inamovibles en el poder. Nacieron para administrar el crimen, no para combatirlo.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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