Los crímenes no paran en México. Foto: Cuartoscuro.

Por Edmundo del Pozo 

La incapacidad del Estado mexicano para poner un alto en contra de las agresiones y asesinatos contra personas defensoras del territorio es alarmante. Se trata de un patrón de violencia estructural que se ha venido agravando de sexenio en sexenio asociado a conflictos socioambientales y a la defensa de derechos humanos en contextos de megaproyectos de inversión y desarrollo.

Focos rojos en el número de ataques y crímenes

Entre 2012 y 2020 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró cerca de 570 agresiones en contra de ambientalistas y personas defensoras del territorio. Tan solo en los dos últimos años de la actual administración se han producido más de 100 agresiones, de las cuales se contabilizan ya 30 homicidios.[1] Apenas el pasado 4 de mayo la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), denunció los asesinatos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de Sonora.[2] De la misma manera, la escalada violenta en la comunidad de Paso de la Reyna, en Oaxaca, cobró la vida en menos de tres meses de los  defensores Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez, actores claves en la consolidación de la resistencia frente a los proyectos PH Río Verde, de la empresa privada ENERSI S.A. de C.V. y de la Comisión Federal de Electricidad que ha intentado desde 2006 la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina, sobre el Río Verde. Ante la incapacidad de asegurarles condiciones mínimas, habitantes de Paso de la Reina tomaron la autodeterminación de velar por su propia seguridad. [3]

Reclamos internacionales al Estado mexicano

Esta terrible situación es expresión de la grave crisis en derechos humanos sobre la cual se han pronunciado diversas instancias internacionales. La Relatoría de la ONU sobre pueblos indígenas, ha mostrado gran preocupación sobre el número de denuncias relativas a la “extremadamente grave situación de violencia que sufren los pueblos indígenas debido a disputas sobre sus territorios” y a la expansión de proyectos de desarrollo con presencia del crimen organizado. Factores a los que se suma “la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la criminalización[4]. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que, “cuando se trata de violencia en territorios o comunidades indígenas donde se ubican grandes proyectos, el común denominador es el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas”.[5] Por su parte, la Relatoría especial sobre personas defensoras expresó que “las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos”.[6]  Para hacer frente al grave contexto de violencia han recomendado al Estado desarrollar medidas concertadas de protección frente al crimen organizado y grupos armados en regiones indígenas, que incluyan medidas de coordinación con instituciones indígenas, así como elaborar y adoptar políticas públicas integrales para prevenir las violaciones a los derechos humanos de las y los defensores, que aborden las causas estructurales que contribuyen a la situación de riesgo, y sean adaptadas a las necesidades de diferentes grupos como los indígenas y las mujeres defensoras.[7]

Incapacidad de una respuesta de Estado

A pesar de los reiterados señalamientos internacionales el Estado mexicano parece dar la espalda al fenómeno. Es manifiesta la falta de una política de Estado coordinada entre diversas dependencias, que establezca medidas claras de prevención, investigación y sanción. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, apenas es un débil paliativo y dista de brindar una atención efectiva al tamaño del problema que se presenta.[8] La institución además ha sufrido recortes significativos de cerca del 40 % de su presupuesto y en fecha reciente se extinguió el fideicomiso público que aseguraba su financiamiento[9]; medidas de austeridad impulsadas por la actual administración a pesar de los diversos reclamos de organizaciones civiles.[10]

Ante la espiral de violencia contra personas defensoras, a pocos meses de iniciar el año, es urgente que las instancias del Estado como la CNDH, la SEGOB, el INPI, SEDATU y los órganos del sistema de justicia brinden una respuesta inmediata, coordinada y focalizada que aseguren medidas de protección y mecanismos extraordinarios de justicia y reparación a las familias, defensoras, defensores y comunidades afectadas. Además, se deben atender las causas estructurales que han detonado el aumento de la conflictividad socioambiental, como las políticas neoliberales vigentes en las leyes minera, agraria, de aguas y energéticas. En este sentido, resulta lamentable que las reformas del Ejecutivo en el sector eléctrico y de hidrocarburos dejasen intactas las figuras legales de ocupación de los territorios, violatorias de derechos colectivos y que favorecen la imposición de los proyectos en contra de la libre determinación de los pueblos sobre sus tierras y recursos naturales[11]. Si bien la Cámara de Diputados logró pasar iniciativas de consulta indígena y de prohibición de actividades extractivas en Áreas Naturales Protegidas, han quedado atoradas en el Senado frente a las fuertes presiones del lobby minero y de las cámaras empresariales. De igual manera, tampoco acaba de ver la luz la reforma constitucional para fortalecer el autogobierno y la aplicación de sistemas propios de seguridad y justicia de los pueblos indígenas, prometida por el gobierno.

La reciente entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, en el día mundial de la tierra, fue celebrada en toda la región, pero enfrenta grandes obstáculos para su puesta en marcha en países como México donde reina la violencia y la impunidad. Por su parte, el presidente López Obrador acaba de celebrar en tierras mayas los 500 años de la resistencia desde la caída de Tenochtitlán y sigue intransigente en exigir una disculpa histórica a la Corona española por los crímenes de la Conquista; sin embargo, es indispensable que la 4T no se quede solo en el reclamo de la justicia histórica y la acompañe de acciones de justicia en el presente en contra de las agresiones que enfrentan los pueblos de hoy para defender sus territorios. Estos siguen esperando la respuesta enérgica de un Estado que no llega mientras sigue enfrascado en al avance de nuevos megaproyectos.

* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

[1] http://miranoscemda.org.mx/2021/04/12/continua-tendencia-a-la-alza-de-agresiones-contra-personas-defensoras-del-medio-ambiente-durante-2020/

[2] http://www.remamx.org/2021/05/comunicado-rema-asesinan-a-integrantes-de-la-rema-en-sonora/

[3] https://www.educaoaxaca.org/organizaciones-comunidades-y-autoridades-exigimos-seguridad-para-el-ejido-de-paso-de-la-reyna/

[4] A/HRC/39/17/Add.2, Informe sobre su visita a México 2017, párrs. 57, junio de 2018, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/17/Add.2

[5] CIDH, Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 diciembre 2015 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

[6] A/HRC/37/51/Add.2, fecha de publicación 12 de febrero de 2018, disponible en https://undocs.org/en/A/HRC/37/51/Add.2

[7] A/HRC/39/17/Add.2 y A/HRC/37/51/Add.2, informes citados.

[8] https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/informe_cemda_2021_vfinal.pdf

[9] Fundar. Análisis del Paquete Económico 2021. https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/Analisis_Paquete_Economico_2021_Fundar.pdf

[10] https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/10/1/eliminar-fideicomisos-una-torpeza-grande-que-afectara-miles-de-victimas-ong-250285.html

[11] https://nofrackingmexico.org/derechos-humanos-y-prohibicion-del-fracking-grandes-ausentes-en-la-reforma-a-la-ley-de-hidrocarburos/