El proceso de selección de los seis mil 442 candidatos a ocupar cargos de elección popular en el proceso electoral del domingo 1 de julio, fue por completo antidemocrático y cupular en los partidos políticos, y en materia de transparencia es uno de los más opacos que se registra en la historia electoral del México contemporáneo.

De hecho, los grupos de la diversidad sexual, los jóvenes, las personas con discapacidad y los indígenas están marginados de la toma de decisiones en los partidos, pero el oligopolio de los medios de comunicación en México –Televisa y TV Azteca- ganó 18 candidaturas gracias al apoyo que le dieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), lo cual pone en riesgo el derecho de los mexicanos a la información y  la libertad de expresión.

Un análisis del desarrollo que ha tenido el proceso electoral en México hasta el pasado 30 de mayo, hecho por el Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE) que integran 51 ciudadanos y 15 organizaciones civiles defensoras de Derechos Humanos, concluye lo anterior y destaca que “los mexicanos votaremos a ciegas por la falta de información de los candidatos a diputados y senadores”.

Esto porque sólo el 1.9 por ciento de los aspirantes -127 de los seis mil 442 candidatos- han hecho  pública su información curricular en el sitio electrónico “Candidatas y candidatos: conócelos”, herramienta de divulgación creada por el Instituto Federal Electoral (IFE).

“Las y los mexicanos –precisa el informe- no contamos con información elemental para saber quién es quién en este proceso electoral, por lo que acudiremos a las urnas en la más completa obscuridad”.

Y agrega: “Es una elección a ciegas, en la que los actores fundamentales han optado por la más contundente y abrumadora opacidad”.

El estudio revela que ante una solicitud de información presentada por el Comité, el IFE resolvió que no podían obligar a los partidos políticos a entregar la información curricular de sus candidatos, conforme a lo establecido en el artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Asimismo, el Comité Conciudadano presentó solicitudes de información a los partidos políticos, por la vía del IFE para que entregaran las fichas curriculares de sus candidatos. La mayoría de los institutos políticos dijeron no contar con la información y declararon su inexistencia.

En un par de casos un partido político, que el organismo civil no identificó, dijo que solicitaría la información a sus órganos partidistas, pero hasta el pasado 30 de mayo no la entregó al observatorio.

LA CUCHARA GRANDE

Los miembros del observatorio, entre ellos Sergio Aguayo, Eduardo Alcalá, Hugo Almada, Silvia Alonso Félix, Emilio Álvarez, Ivabelle Arroyo, José Antonio Crespo y María Eugenia De Alba Muñiz, y organizaciones civiles como Alianza Cívica, Centro Nacional de Comunicación Social, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, se mostraron preocupados por el “altísimo porcentaje de aspirantes a legisladores federales” que surgieron de acuerdos cupulares en los partidos, sin la participación directa de la militancia.

“En el PRI, el 96% de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y el 100% de las candidaturas al Senado se definieron en asambleas con un solo precandidato registrado”, se destaca en el estudio.

En el PVEM el porcentaje fue de 98.6 por ciento en diputados y 100 por ciento en senadores.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) sometió casi el 50 por ciento de las candidaturas (293 de 596) al voto libre y secreto de su militancia.

Las fuerzas políticas del país también optaron por métodos indirectos de selección: el PRI por asambleas de delegados y Comisión Política Permanente. El PVEM por Consejo Político Nacional conformado por cerca de 30 dirigentes políticos (sólo cuatro senadurías de mayoría relativa se programaron para ser electas en asambleas estatales). El Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Consejo Nacional, integrado por cerca de 300 delegados y dirigentes partidistas. El Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (PMC), por Convención Nacional Electoral formada por poco más de 100 personas, todas integrantes del órgano ejecutivo nacional. El Partido Nueva Alianza (PANAL) recurrió a sus consejos políticos estatales y nacional, conformados las primeros con por lo menos cinco integrantes y el último por poco más de 400.

“A partir de la revisión y comparación de las listas de precandidatos y de candidatos a puestos de elección popular publicadas por el IFE –dice el documento-, a través del sistema en Internet ‘Conoce a tu Candidato’ y ‘Conoce a tu precandidato’, detectamos que de las 257 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa que debía elegir el PRI, sólo en 11 se registró más de una precandidatura”, se indica en el análisis.

El PRD fue el partido que tuvo el mayor registro de precandidaturas, con poco más de dos mil. Sin embargo, el comité detectó que un número significativo de estos aspirantes no figuraron posteriormente en la lista de candidatos que se presentó al IFE para su aprobación.

En varios casos, los que participaron en la contienda interna fueron sustituidos por personas que no estuvieron registrados como precandidatos y uno de cada cuatro candidatos propietarios no se sometió a las formalidades del proceso de selección establecidas en la normatividad interna, ni compitió contra otros aspirantes.

Uno de estos problemas se dio en Baja California y está en proceso de investigación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, que le asignó el expediente número SG-JDC-3395/2012.

Se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano Juan Pablo Leyva Rodríguez, que acusó a la Comisión Nacional de Garantías del PRD-Coalición Movimiento Progresista y al Consejo General del Instituto Federal Electoral de registrar a Marco Antonio Blázquez Salinas, periodista de Tijuana, como candidato al Senado por Baja California cuando él previamente fue electo por las bases perredistas y legalmente registrado por el PRD para ocupar esa posición.

Blázquez, a quien el demandante acusa de pertenecer a grupos priistas identificados con el senador Fernando Castro Trenti, el ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon y el ex gobernador Xicotencatl Leyva Mortera, todos ellos miembros del PRI, ha sido ubicado en algunas encuestas regionales como quien encabeza las preferencias electorales al Senado por Baja California, al igual que Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal Electoral de la Federación inició la investigación del caso y de encontrar las anomalías que denuncia Leyva Rodríguez, un izquierdista con 20 años de militancia activa en el PRD de Baja California, podría alterar de manera grave la posición al Senado de ese instituto político.

DIRIGENTES BENEFICIADOS

El CCOE denuncia en su estudio: “En el caso del PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza varios de los precandidatos que resultaron electos y que ocupan posiciones con posibilidades de ganar, son dirigentes partidistas que conforman los órganos encargados de organizar los comicios internos, de elegir a las y los candidatos, de sancionar los resultados, de realizar el registro ante la autoridad electoral e, incluso, de realizar la sustitución de los mismos”.

El caso más evidente que detectó es el del PT, donde cinco poderosos dirigentes, que intervienen y controlan toda la cadena de toma de decisiones para la nominación de candidaturas, resultaron electos en posiciones con altas probabilidades ganar.

Uno de ellos es representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del IFE, por lo cual está facultado para solicitar la sustitución de candidatos.

Además, los dirigentes petistas también participaron en las negociaciones y  suscribieron el Convenio de Coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con información generada con base en documentos oficiales publicados por el PT en su sitio web, así como en acuerdos del IFE, los dirigentes beneficiados son:

1.– Alberto Anaya Gutiérrez, miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, la Comisión Ejecutiva Nacional y la Comisión Coordinadora Nacional del PT. Esta postulado en primer lugar como propietario a la diputación de representación proporcional de la segunda circunscripción electoral.

2.– Silvano Garay Ulloa, miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales y secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del mismo Partido del Trabajo. Aspira -en quinto lugar- a la diputación de representación proporcional en la cuarta circunscripción

3.– Ricardo Cantú Garza, miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional y representante ante el Consejo General del IFE. Es candidato -en primer lugar- a la diputación de representación proporcional en la quinta circunscripción.

4.– Alejandro González Yáñez, miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, la Comisión Ejecutiva Nacional y  la Comisión Coordinadora Nacional. Fue postulado a diputado de mayoría relativa por el Distrito 04 de Durango.

5.– Pedro Vázquez González, miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Nacional de Finanzas y Patrimonio. Se colocó en el tercer lugar de la lista nacional a la senaduría por representación proporcional.

Además de estos dirigentes, el CCOE detectó que otros 32 integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT resultaron electos candidatos.

LOS SUSTITUTOS

Por otro lado, el Comité Conciudadano encontró que los partidos políticos y coaliciones hicieron casi 500 sustituciones de los candidatos registrados, lo que representa casi el ocho por ciento del universo total de personas que obtuvieron el registro.

El 76 por ciento de las sustituciones se presentó en candidaturas de mayoría relativa, de las cuales el 77 por ciento corresponde a diputaciones y el 23 por ciento a senadurías.

Por el contrario, las de representación proporcional registraron un menor movimiento, alcanzando el 20 por ciento en las diputaciones y apenas el 2.7 por ciento en las senadurías.

El PRI fue el partido que menos candidatos propietarios sustituyó, con el siete por ciento, en tanto que los partidos que integran la coalición de izquierda sustituyeron en su conjunto al 40 por ciento de los candidatos propietarios.

El estudio destaca también que una de cada cuatro sustituciones fue realizada por el PANAL, que seis de cada 10 personas sustituidas eran mujeres y que de estas, el 80 por ciento aspiraba a una diputación, el 46 por ciento tenían la calidad de propietarias y el 54 por ciento de suplentes.

El comité no pasa por alto que más del 90 por ciento de las sustituciones efectuadas se hicieron por motivos de renuncia, según lo que informaron los partidos al IFE, y que sólo en un caso se notificó el fallecimiento de un candidato y 17 se realizaron en acatamiento de alguna sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Es preocupante que los partidos sustituyan e impongan candidatos, violentando los derechos político-electorales de sus militantes”, afirma el documento.

Y agrega: “El alto número de sustituciones y renuncias demuestran lo endeble que son los procesos de selección de candidatos y pone en duda su autenticidad y credibilidad, pues es muy significativo que casi 500 personas que en un momento manifestaron su interés y obtuvieron una candidatura, de pronto renuncien a ella, para ceder su lugar a personas que no tuvieron que cumplir con los procedimientos formales”.

Es por ello que el CCOE concluye que las renuncias, más que una auténtica expresión de quienes la presentan, es una estrategia a la que recurren los partidos para seguir negociando y, en su caso, determinando las listas de candidatos a la conveniencia de las cúpulas partidistas y de los intereses que representan.

EL GÉNERO AÚN ES UNA CUOTA

En el tema de cuotas de género, el organismo civil declara que a pesar de que los partidos políticos cumplieron en términos generales la cuota de género en el registro de candidaturas, el examen de los aspirantes a los distintos cargos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, revela un patrón de distribución desigual en las candidaturas otorgadas a mujeres y hombres por parte de todos los partidos políticos, lo cual acaba trasgrediendo la obligación legal de 40-60 establecida en el COFIPE.

“Tanto en candidaturas de mayoría relativa como de representación proporcional, las mujeres ocupan más de la mitad de las posiciones de suplencia en las fórmulas para diputados y senadores”, y en el PAN el porcentaje superó el 90 por ciento.

Estos datos –afirma el observatorio- muestran que en el proceso electoral actual subsisten prácticas que obstaculizan la igualdad de oportunidades en la representación política de las mujeres, pues si bien más de la mitad de candidaturas fueron registradas para mujeres, la posición mayoritaria de éstas como suplentes en las fórmulas de candidatos, limita sus posibilidades reales de ocupar un cargo de elección popular.

Por lo que respecta a jóvenes, personas con discapacidad y grupos indígenas, el estudio pronuncia que los partidos los contemplan explícitamente en sus plataformas políticas, pero les otorgan un carácter pasivo en la participación y toma de decisiones.

“Las principales propuestas para atender sus agendas tienen como objetivo proveer y atender sus necesidades sin que se plantee el involucramiento de estos grupos como sujetos de participación y representación y agentes de su propio cambio”, denuncia el organismo.

Y concluye que los grupos de la diversidad sexual son los más excluidos de las agendas políticas de los partidos.

“Sólo el PRD y el PMC reconocen e incorporan sus demandas en las plataformas electorales y plantean acciones específicas para la atención de sus demandas con la propia incorporación de estos grupos como agentes de cambio”.

EL REGALO

El informe también destaca que 17 de los 18 candidatos que podrían conformar la “telebancada” -aspirantes con vínculos en Televisa y TV Azteca- son apoyados por PRI y PVEM. El candidato restante representa al Partido Movimiento Ciudadano.

“El Comité Conciudadano –indica el estudio- se une a las diversas muestras de preocupación y repudio por  la renovada intención de las los medios electrónicos de comunicación de ocupar, a través de personas cercanas a sus intereses, espacios importantísimos en el Congreso de la Unión, conformando lo que se ha denominado ‘la telebancada’”.

En su investigación el comité menciona que 12 de las 18 candidaturas que se obsequiaron al duopolio, por tratarse de representación proporcional con lugares privilegiados en las listas, llegarán efectivamente a ocupar curules en las Cámaras de Diputados y escaños en la de Senadores.

De estas 18 candidaturas, nueve son postulaciones del PVEM, cinco del PRI, tres de la Coalición PRI-PVEM y una del Movimiento Ciudadano.

“Es decir –dice el CCOE-, prácticamente la totalidad de ellas pertenecen a los partidos que conforman la Coalición Compromiso por México, lo cual da muestra del fuerte vínculo entre las televisoras y esta coalición”.

La lista de la llamada “telebancada” en la Cámara de Diputados postulada por el PRI, es la que sigue:

1.– Jorge Mendoza Garza, actual senador y vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de TV Azteca. Candidato a diputado por representación proporcional, se ubicó en el lugar 3 de la segunda circunscripción.

2.– Fernando Azcárraga López, primo de Emilio Fernando Azcárraga Jean, dueño de Televisa. Busca la diputación por mayoría relativa del Distrito 08 de Tamaulipas.

3.- Enrique Cárdenas del Avellano, radiodifusor, accionista de Organización Radiofónica Tamaulipeca y accionista de Victoria Radio Publicidad. Se postuló por la diputación por mayoría relativa del Distrito 05 de Tamaulipas.

Los propuestos por el Partido Verde Ecologista son:

1.– Javier Orozco Gómez, promotor de la “Ley Televisa” y ex director jurídico en Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Ocupa el lugar número 1 en la quinta circunscripción de candidatos a diputados de mayoría proporcional.

2.– Rubén Acosta Montoya, director general ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Ocupa el primer lugar como candidato a diputado de representación proporcional por la primera circunscripción.

3.– Humberto Sarkis, diputado hace dos legislaturas, secretario técnico de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, y ligado a Televisa. Es suplente en primer lugar a diputado de representación proporcional por la primera circunscripción.

4.– Mónica García de la Fuente, asesora jurídica de Nueva Alianza. Trabajó en el departamento jurídico de Televisa. Se ubicó en el segundo lugar en la lista de diputados por representación proporcional en la segunda circunscripción.

5.– Federico José González Luna Bueno, especialista en legislación en telecomunicaciones y asesor de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Candidato a diputado por representación proporcional en la tercera circunscripción, en donde ocupa el lugar número tres en la lista de aspirantes.

6.– Laura Ximena Martell, prosecretaria de la CIRT en la presidencia de Tristán Canales. Se le ubicó en el lugar número 1 de la cuarta circunscripción de diputados por representación proporcional.

Finalmente Raúl Osorio Alonso, conductor de TV Azteca, fue postulado por los partidos PRI-PVEM a la diputación de mayoría relativa en el Distrito 09 del Distrito Federal.

EN EL SENADO OCURRE ALGO SIMILAR

Por lo que respecta a los candidatos de la “telebancada” al Senado de la República propuestos por el PVEM, la lista es:

1.– Ninfa Salinas, actual diputada e hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Aspira a ser senadora de representación proporcional y ocupa el lugar 1 en la lista de aspirantes.

2.– Juan Gerardo Flores, director en COFETEL, ex asesor de Televisa, actual diputado y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de San Lázaro. Se ubica en segundo lugar en la lista de candidatos al Senado por representación proporcional.

3.– María de Lourdes Puente Salas, hermana de Carlos Alberto Puente, asesor de la CIRT y vinculada a TV Azteca. Ocupa el lugar 14 en la lista al Senado por representación proporcional.

Los candidatos del duopolio que postuló el PRI son:

1.– Arely Gómez, hermana de Lepoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Ocupa el lugar 8 en la lista al Senado por representación proporcional.

2.– Tristán Canales, jefe de la Oficina de la Presidencia de Grupo Salinas. Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Ocupa el lugar 13 en la lista al Senado por representación proporcional.

Luis Armando Melgar, presidente de la Fundación Azteca Chiapas, director de Proyecto 40 y directivo de Seguros Azteca, es propuesto por el  PRI-PVEM a senador de mayoría relativa por Chiapas.

También por el PRI-PVEM esta Carlos Puente, que en Televisión Azteca ocupó los cargos de jefe de administración de Convenios Públicos (1994-1998), gerente de Estrategias y Desarrollo Político (1998-2000) y asesor de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (2002-2003). Es candidato por Mayoría Relativa al Senado por el estado de Zacatecas.

Finalmente Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (CANITEC), presidente del Consejo de Administración de Efecto TV y negociador de Televisa en el conflicto contra Telmex y MVS, fue propuesto por el Movimiento Ciudadano, que lo ubicó en el segundo lugar en la lista al Senado por representación proporcional.

“El crecimiento de candidatos a diputados y senadores vinculados al duopolio televisivo –dice el Comité Conciudadano- y la anuencia principalmente del PVEM en primer lugar y del PRI en segundo, para cederles posiciones en las listas plurinominales donde tienen garantía de acceder al Congreso, representa un flagrante engaño para la ciudadanía y para los militantes de esos partidos”.

Agrega finalmente el comité: “Al votar por esos partidos se estará eligiendo por representantes del duopolio televisivo para que desde dentro del Congreso, continúen obstaculizando la expedición de leyes que afecten su enorme poder y riqueza, y en consecuencia se sigan conculcando el derecho de los mexicanos a la información y  la libertad de expresión”.

LIBRE EXPRESION, A SALVO

Para terminar su análisis, el CCOE fija su posición respecto de la compra de espacios en medios electrónicos para fines electorales.

Primero considera que el artículo 41 Constitucional, que prohíbe la posibilidad de comprar o adquirir tiempo en radio y televisión con fines electorales, no es violatorio de la libertad de expresión pues no impide la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.

“No prohíbe ni limita el derecho de las personas a expresar sus opiniones, y tampoco limita o prohíbe a las personas a comprar tiempo o espacios en esos medios de comunicación para fines distintos a los político-electorales”, precisa.

Considera que en la razón de ser de la norma constitucional no está restringir la libre circulación de las ideas, ya que se trata de una disposición constitucional complementaria de otros principios constitucionales como el de equidad en las contiendas electorales.

Por ello, agrega, la prohibición contenida en el artículo 41 Constitucional cumple con los criterios de necesidad, idoneidad  y proporcionalidad.

“Se trata de una medida necesaria –dice-, ya que es uno de los principales mecanismos para garantizar la equidad entre las diversas expresiones políticas que se encuentran contendiendo por un cargo de elección popular, además de que evita la perniciosa influencia del dinero en el proceso electoral”.

Asimismo es idónea porque evita la disparidad que se generaba en el plano electoral a partir de la posibilidad de que personas físicas y morales contrataran publicidad a favor o en contra de un cierto candidato o partido político.

Por último, considera que la medida es proporcional toda vez que restringe de manera racional la contratación de tiempo en radio y televisión, sin poner trabas ulteriores al ejercicio de los derechos fundamentales.