De acuerdo con datos de la American Chamber, sólo en el 2015 la inseguridad que se vivió en varios estados provocó que 10 empresas hayan tenido que reubicar sus operaciones dentro del país, retirando sus inversiones de entidades como Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para instalarse en Querétaro, Yucatán, Puebla, Oaxaca y Nuevo León.
Este lunes por la tarde, la empresa PepsiCo anunció que, debido a la violencia, el asedio y la extorsión del crimen organizado en Ciudad Altamirano, Guerrero, decidió cerrar sus operaciones en la zona de Tierra Caliente y dio liquidaciones a unos 70 empleados. La decisión de la multinacional estadounidense se da dos meses y medio después de que Coca-Cola Femsa, su competidora directa, también abandonara esa región del estado, además de Chilpancingo, la capital de la entidad guerrerense.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo/EconomíaHoy).– Cierre de empresas, descarrilamiento de trenes, aumento de robo en carreteras, abigeato (robo de vacas), extorsión a pequeños negocios, este es el panorama que se ha visto en el país durante los últimos meses y entre los empresarios estos acontecimientos han generado “un tono que empieza a rebasar el de la preocupación, ya que en los últimos meses han observado un entorno en el que el crimen y la violencia está rebasando todo tipo de límites”, afirmó Marcelo Hernández, presidente del Comité de Seguridad de la American Chamber México (AmCham).
En este contexto, dijo que más allá de los costos de la inseguridad y de la violencia, el país se vuelve inviable debido a que se inhibe todo tipo de inversión. “Hay empresas como Femsa y Lala que han tenido que cerrar operaciones en ciertas geografías porque se vuelve imposible trabajar, distribuir, es imposible que tus empleados lleguen a sus centros de trabajo sin haber sido asaltados, eso no es digno de este país”, advirtió en entrevista para Economíahoy.mx.
Este lunes, además, la empresa refresquera PepsiCo cerró sus actividades en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, en la zona de Tierra Caliente del estado de Guerrero, dos meses y medio después de que la empresa refresquera Coca Cola-FEMSA cerrara sus operaciones por el asedio y extorsión de grupos del crimen organizado.
De acuerdo con medios locales y nacionales, la empresa multinacional estadounidense dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos –que tenía más de 40 años establecida en Ciudad Altamirano– liquidó en Toluca, Estado de México, al menos a 70 empleados y dio por terminadas sus operaciones en la región de Tierra Caliente.
El cierre de la empresa –de acuerdo con los diarios de la entidad– se dio por la presión de grupos delictivos que, desde el 29 de mayo pasado, pedían con mayor insistencia el pago de derecho de piso a los encargados de la refresquera. Bajo Palabra recordó que través de las diversas redes sociales se alertó desde la semana pasada que PepsiCo dejaría de surtir refrescos y botanas a tiendas de la Tierra Caliente.
El pasado 23 de marzo, Coca-Cola Femsa anunció el cierre de su centro de distribución en el municipio de Altamirano, en el sureño estado de Guerrero, debido al “hostigamiento” que sus trabajadores han sufrido por parte de grupos delictivos.
Desde enero de este año, los empleados de este centro “comenzaron a recibir constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado” y se registraron afectaciones a las instalaciones, explicó la empresa en un comunicado.
La compañía refirió que el cierre de operaciones es de “forma indefinida”, con el objetivo de “preservar la integridad y seguridad” del personal, conformado por 160 colaboradores.
“La falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura en esta zona del estado de Guerrero, así como la reciente agresión injustificada hacia uno de nuestros colaboradores, llevó a la empresa a tomar esta decisión”, agregó Coca-Cola Femsa, la embotelladora más grande de productos Coca-Cola en el mundo.
De acuerdo con datos de la AmCham, tan sólo en el 2015, la inseguridad que se vivió en varios estados provocó que 10 empresas hayan tenido que reubicar sus operaciones dentro del país, retirando sus inversiones de entidades como Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para instalarse en Querétaro, Yucatán, Puebla, Oaxaca y Nuevo León.
Ante este panorama, Marcelo Hernández advirtió que lo sucede actualmente ha rebasado todos los pronósticos. “Los hechos delictivos observados recientemente en el país nadie los pudo haber presupuestado, el hecho de que el crimen organizado ya esté descarrillando trenes completos para poder acceder a los inventarios y a los bienes que ahí son transportados, es propio de una geografía muy lejana y subdesarrollada, pero el hecho de que esté pasando en México denota el grado de descomposición que hay”, aseguró.
Dijo que este entorno complica el ánimo de inversión y de hacer negocios en territorio nacional. Además, incrementa los costos de las empresas de manera sustantiva, tanto nacionales como extranjeras.
ESPECULACIÓN POR TLCAN Y ELECCIONES
Sobre los diversos factores que podrían desincentivar la inversión como lo es el proceso electoral y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el directivo de la cámara dijo que ambos son temas y factores que aún están en el terreno de la especulación, pero el tema de inseguridad es un dato duro, “ya tenemos las afectaciones presentes en nuestros resultados, es algo que está pasando”.
La American Chamber agrupa alrededor de 1,450 empresas que representan el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, más de 100 de sus asociados integran las 500 compañías más importantes de México.
En este sentido Hernández dijo que la mayoría de los empresarios que participan en la American Chamber tienen posiciones en México de largo plazo. “México es un centro de negocios y va a seguir siendo un centro de negocios, me gusta pensar que esto será solo una coyuntura”.
Dijo que la última vez que se vio un pico en el repunte de la violencia fue en el 2011, por lo que podría ser un tema estacional que cuando llegue el nuevo gobierno con trabajo y coordinación de parte de las autoridades pueda ser resuelto con éxito.
Comentó que el tema principal es el tema de la impunidad y la corrupción, “hay un porcentaje altísimo de las averiguaciones previas que acaban sin consignación, es un problema de integración de los expedientes. Además el tema de la corrupción es el segundo factor más importante”, aseguró.
Tan solo en 2017 el impacto económico de la violencia alcanzó la cifra de 4.72 billones de pesos, lo que equivale a 21% del PIB nacional, fue siete veces mayor que el presupuesto de educación y es uno de los mayores porcentajes del mundo.
