El Estado tiene el deber de recordar. Ese es uno de los principios de la lucha contra la impunidad. La memoria es un antídoto para la repetición.

En México, a lo largo de nuestra historia, se han cometido un sin número de violaciones graves a derechos humanos de las que poco se sabe y que el Estado de manera sistemática y conveniente había decidido olvidar. Cuando las violencias ocurren todos los días, alguna puede quedarse desterrada de las páginas de los medios de comunicación y de la historia. Entonces son las víctimas, las sobrevivientes quienes llevan a cabo la tarea de recordarlas, de exigir justicia y verdad.

El día de ayer, la Secretaría de Gobernación, lanzó un memorial en Circular de Morelia 8, colonia Roma para las víctimas del Estado durante la llamada “guerra sucia” en el período de los 60s, 70s y 80s. Durante su inauguración, las autoridades reconocieron la represión que durante décadas y desde la Dirección Federal de Seguridad, entre otras instituciones estatales, se llevó a cabo en contra de diversos movimientos sociales en todo el país. De hecho, el memorial también busca resignificar los espacios que una vez fueron los centros de tortura, detención, ejecución y desaparición de miles de mexicanas y mexicanos para convertirlos en espacios de conocimiento sobre lo que ocurrió.

El reconocimiento desde el Estado de la violencia que este mismo cometió es una primera forma de reparación ya que, históricamente, nuestros gobiernos han tenido una política de negación, perversión o justificación del pasado. Sin embargo, dicho reconocimiento no puede ser visto como LA REPARACIÓN para las víctimas y tampoco como una forma de garantizar el derecho a la verdad de la sociedad pues la verdad como derecho implica acceso a la información sobre lo que pasó, sobre quiénes son las víctimas, sobre quiénes participaron, sobre las acciones que el Estado hizo, dejó de hacer, toleró o permitió y sobre aquellas que lleva a cabo para garantizar que, eso, nunca más vuelva a ocurrir. La verdad como derecho, nos permite reconocer lo que fuimos, lo que fue el Estado y lo que NO queremos volver a ser. También implica justicia, no impunidad.

Durante el evento, las consignas de las y los asistentes eran claras “¿dónde están?”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “castigo a los responsables”. Cierto, el Estado mexicano que antes negó lo que pasó e incluso reprimió a los que querían recordar, hoy nos está diciendo que estos hechos tan dolorosos de nuestra historia sí ocurrieron y, además, que el perpetrador y responsable fue el mismo Estado. Sin embargo, el discurso se queda corto cuando no existen líneas que nos permitan reconocer que lo que ocurrió no se va a repetir, porque no hay nada que nos confirme que hoy están buscando a esos cientos de desaparecidos o que están sancionando a los que desaparecían, ejecutaban de manera arbitraria o a los que torturaban de manera sistemática a quienes disentían con el gobierno.

Sí, el reconocimiento no puede ser sobre el vacío y apuntando a un ente etéreo como lo es el Estado, implica nombrar -con todas sus letras- a quienes cometieron las desapariciones y a quienes garantizaron la impunidad que se ha cristalizado en el momento actual con decenas de miles de personas desaparecidos, convirtiendo a nuestro país en una fosa clandestina. La justicia también requiere decir y demostrar que estas personas – con nombre y apellido – serán sancionados por esos hechos y, cuando estos ya han muerto, la justicia simbólica implica eliminar sus nombres de la historia como grandes héroes de la patria o promotores de la democracia y mostrarlos como lo que son: violadores de derechos humanos, personas corruptas que hicieron de la represión al pueblo una forma de gobierno.

En el mundo, podemos nombrar a Adolfo Hitler y a Paul Potts como los genocidas que fueron en Alemania y Cambodia, respectivamente ¿por qué en México no podemos nombrarlos? ¿por qué los nombres que resuenan siguen encumbrados en los señalamientos de calles y aeropuertos de nuestro país? ¿se imaginan ustedes una calle o un aeropuerto de aquellos países con el nombre de alguno de los dos?

El reconocimiento de los hechos y de las víctimas es importante, pero no es suficiente. Hay que buscar, encontrar, nombrar, sancionar, escribir la historia, recordar y cambiar el rumbo.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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