Si no fuera por los videos que han sido filtrados en las redes sociales y a la prensa, difícilmente podría conocerse hasta dónde el crimen organizado tiene en su poder a la clase política de Michoacán. Ahí está la evidencia gráfica de que alcaldes, funcionarios del gobierno del estado y hasta el mismísimo hijo del ex Gobernador Fausto Vallejo se reunían con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, a quien las autoridades federales aún persiguen.

Ahora el Padre Goyo, quien dio a conocer que el ex Alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Méndoza, tenía vínculos con el narcotráfico, delito por el cual un juez le dictó formal prisión, ha dicho que hay más grabaciones que muestran a senadores, diputados y ediles reuniéndose con criminales.

Videos que pueden, o no ser revelados.

Esto obliga a preguntarse sobre la situación que se vive en otras entidades en donde desde hace años se realiza el combate al crimen organizado. ¿Qué pasa en esos estados donde los ciudadanos acusan a sus gobernantes de tener nexos con la delincuencia que juran enfrentar?

¿Por qué si el gobierno federal sabe del poder del narco para corromper a las estructuras de poder no hace algo para prevenirlo? ¿Por qué no implementa los mecanismos necesarios para combatir estas relaciones?

Los elementos existen, sino que consulte a las autoridades de Estados Unidos, donde se han presentaron cargos criminales contra el ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, y el ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, además del ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.

En lugar de continuar con una guerra que ha dejado miles de personas muertas, desaparecidas y familias fragmentadas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo debió hacer en su momento el ex Presidente Felipe Calderón, debe armar un equipo real de inteligencia que dé con los grandes corruptores de la política.

¿De qué sirve que se destinen tantos recursos para sacar a regiones enteras de la violencia en la que están sumidas, si los gobernantes se reúnen con los líderes criminales para rendirles cuentas y darles protección?.

¿No sería mejor emprender una labor de Estado y combatir esas amistades entre políticos y narcotraficantes? ¿O qué, nos tenemos que esperar al próximo videoescándalo y ver si el gobierno actúa?

Redacción/SinEmbargo

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