La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, cimbró las instalaciones del Palacio de Xicoténcatl: “Los mexicanos tienen opiniones divididas sobre muchos temas: las Águilas o las Chivas, las tortillas de maíz o las de harina, el Santo o Blue Demon, Luis Miguel o Alejandro Fernández. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo: ¡ya basta de corrupción!”. Parecía que hablaba de algo en específico –dado el contexto y el día: justo en medio de la polémica por el departamento que ocupa la Primera Dama en Miami–, pero no. Es, dicen los analistas y los reportes de prensa, una visión sobre México que se ha generalizado.
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Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– El “Mexican Moment”, esperado a partir de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, se transformó en otra cosa a partir de 2014, sólo dos años después de la llegada del PRI a la Presidencia de la República. Ahora se ve al país sumido en un mar de corrupción y esa es una imagen basada en una realidad que será difícil mejorar en lo queda de la actual administración, coincidieron analistas mexicanos y extranjeros consultados por SinEmbargo.
De acuerdo con Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, el Gobierno mexicano se equivocó al confundir “una buena imagen” en el exterior con “relaciones públicas”. Hoy, a dos años de las elecciones de 2018, Peña Nieto y su Gabinete poco podrán hacer para revertir la idea de un país corrupto, agregó.
“A veces nos confundimos y creemos que si tenemos una buena imagen, la realidad sigue a la imagen. La realidad está detrás del imagen y la verdad es que no es así: está la realidad, y la imagen le sigue a la realidad. Hay una confusión en el Gobierno mexicano en ese sentido. Ellos realmente piensan que el problema es de relaciones públicas, que la percepción en el extranjero es un problema de relacionarse con los medios de comunicación y se equivocan, porque finalmente eso pudiera funcionar de manera temporal y poco. Pero finalmente la realidad se impone. La realidad que se impone es de un país a la deriva, que no encuentra esa brújula a dónde dirigirse. Una administración que no parece estar dispuesta a dar un cambio radical”, dijo.
El investigador agregó que al Gobierno de Peña Nieto le resulta difícil castigar la corrupción y terminar con la impunidad, pues los escándalos provienen de gobernadores como Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge, Javier Duarte o los ex mandatarios de Coahuila, Humberto Moreira Valdés; Rodrigo Medina, de Nuevo León, o el mismo Fidel Herrera.
“No están dispuestos a dar un golpe de timón y castigarlos. Los próximos dos años bien pudieran crear un plan para combatir la corrupción. Se tardaron dos años en las reformas, ¿por qué no tener un claro plan contra la corrupción?, bueno, porque trastocan todos los intereses y prefieren ser mudos y no decir nada y decir que es una cuestión de imagen. La designación de Carlos Sada [Solana]–nuevo Embajador de México en Estados Unidos– es parte de eso, porque necesitamos a alguien que maneje crisis, ellos piensan que se puede manufacturar un reputación, pero no es así”, explicó.
El último escándalo de presunto tráfico de influencias que envuelve al Presidente Enrique Peña Nieto y a la Primera Dama Angélica Rivera publicado por el diario británico The Guardian, refiere que la pareja presidencial usó un inmueble en Key Biscayne, Miami Beach, valuado en 2.05 millones de dólares y propiedad de Ricardo Pierdant, un empresario acusado por el medio de “potencial” contratista del Gobierno federal.
Ayer Univisión dio a conocer que, de acuerdo a documentos obtenidos, Ricardo Pierdant pagó la propiedad y los impuestos del departamento de la Primera Dama, aún cuando afrontaba un millonario embargo por incumplimiento en los pagos de otro en la ciudad. No sólo eso, de acuerdo con la investigación del medio estadounidense, la fecha en que firmó el contrato de compra del inmueble coincide con la de un viaje de Peña Nieto a esa ciudad.
Pierdant, quien reside en Miami, confirmó a Univisión Investiga que le ha prestado a la pareja presidencial su apartamento, la unidad 404 del Ocean Club en Key Biscayne y que el Presidente es su amigo desde la universidad. Angélica Rivera ha reconocido anteriormente que compró la unidad 304 del mismo edificio en 2005 por 1.8 millones, pero no se había revelado el arreglo con el empresario.
Apenas hace un mes el Presidente Peña Nieto pidió perdón por el escándalo de la compra de la casa de siete millones dólares construida por Grupo Higa, un importante contratista del gobierno, para su esposa.
Angélica Rivera dijo que compró la propiedad con las ganancias de su carrera como actriz. En diciembre de 2014, de acuerdo con el Gobierno mexicano, ella devolvió la casa al contratista y concluyó el contrato.
Tiempo después un nuevo escándalo cayó sobre México cuando el empresario Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales, según reveló la investigación de más de 11 millones de documentos divulgada este día por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y un centenar de medios de todo el mundo.
La investigación conocida como Los Papeles de Panamá involucra a decenas de políticos de alto rango como el Presidente Argentino Mauricio Macri, el astro del futbol mundial Lionel Messi y personalidades de todo el mundo, quienes están implicados en el manejo de cuentas offshore.
En el caso de México, se menciona a Juan Armando Hinojosa, a quien identifican como “el contratista favorito” del Gobierno federal y quien, dice la investigación, “dirige un imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios con agencias gubernamentales”.
Al escándalo de tráfico de influencias de Grupo Higa se le sumó OHL. De acuerdo con los audios hasta hoy publicados funcionarios clave en los sectores económicos del país, parecen estar coludidos en los escándalos de la compañía: Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin y Enrique Ochoa Reza, a nivel federal, y Apolinar Mena Vargas y Eruviel Ávila Villegas, a nivel estatal.
El 70 por ciento de los ingresos de OHL México provienen de las concesiones que tiene en el Estado de México, de lo que obtuvo entre las administraciones de Montiel Rojas y Peña Nieto, y de lo que continúa operando con Eruviel Ávila Villegas, el Circuito Exterior Mexiquense, el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Viaducto Bicentenario, el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca y la autopista Atizapán-Atlacomulco.
Pero no sólo empresas del tamaño de Grupo Higa y OHL han trascendido en el exterior mediáticamente por sus escándalos de corrupción: varios gobernadores de estados como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila han acaparado la atención de la prensa extranjera.
Uno de los casos más emblemáticos es el del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, detenido en enero de este año por la policía española y acusado de lavado de dinero.
Las autoridades españolas informaron en enero pasado que detuvieron al ex presidente nacional del PRI: “Detenido en Barajas Humberto Moreira por Orden Fiscalía Anticorrupción. Esta tarde pasa a disposición de Audiencia Nacional. #Misióncumplida”, escribió la policía de España en aquella ocasión en su cuenta de Twitter. Aunque finalmente fue liberado mediante el apoyo de la Cancillería, como dio a conocer otro medio extranjero, El País
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LOS CIUDADANOS PUEDEN REVERTIR LA CORRUPCIÓN
Para Tony Payán “limpiar” la imagen de México en el extranjero no le corresponde ni al Gobierno de Peña Nieto ni al que se establezca después de 2018. El investigador coloca esa tarea en la cancha de los ciudadanos.
“No le corresponde al Gobierno, porque ha fallado. Creo este último escándalo en Miami, es otra pequeña cereza, porque ya tiene muchas cerezas el pastel. Ya es prácticamente imposible para la administración de Peña y sus colaboradores resarcir el pasado, ya no hay manera de recomponer lo que ya está hecho. Le corresponde a la sociedad civil y a las organizaciones”, dijo.
Payán se refirió a las sorpresas que han arrojado las dos últimas elecciones en el país, la participación electoral y el voto por la alternancia, que explicó, supera el 50 por ciento.
“Estamos yendo a las urnas en números suficientes, está votando mucha gente, el mexicano sí se está organizando, está haciendo uso de los medios sociales, está saliendo a las urnas. Son los ciudadanos los que exigen la reforma de las instituciones y la recomposición de la credibilidad de las instituciones mexicanas no puede venir de arriba. Si se recompone de abajo para arriba la credibilidad está clara, porque le entregan la credibilidad y la imagen a las instituciones. Si se recompone de arriba para abajo, hay un déficit de la misma”, explicó.
José Antonio Crespo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió con Payán y agregó que los ciudadanos están concentrados en la rendición de cuentas, a diferencia de lo que ocurrió en el 2000, cuando los mexicanos buscaban proteger las urnas para lograr la alternancia.
“Pero la corrupción siempre ha estado ahí. Solamente castigando a los corruptos se puede cambiar la imagen en relación a la corrupción, mientras sigan sin castigarse, habrá la imagen de que hay mucha corrupción, pero este no es el punto, sino que queda impune. En todos los países hay corrupción, en las democracias más avanzadas hay, pero se castiga en mayor medida y hay menos incentivos para seguirse corrompiendo. Mientras que aquí no se llame a cuentas a los corruptos, seguiremos con esa imagen”, indicó.
Crespo detalló que los medios de comunicación internacionales y algunos nacionales, están más atentos a lo que sucede en México, debido a que el Gobierno federal no ha podido controlarlos con contratos de publicidad.
“Ya no se tiene todo el control, son los que están exhibiendo la corrupción, exigiendo, cuestionando, están generando esa presión y crítica permanente, cuando son leídos por la gente son un espejo, ya no encubren, sino que exhiben la realidad”, precisó.
Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), difirió de Payán y de Crespo.
“Ahora está esto de moda, para para eso se construyó un Gobierno y se estableció un sistema de contrapeso y controles que no está funcionando. La sociedad puede protestar, pero no hay capacidad social. Sólo sirve de una manera muy limitada y a veces se revierte. El Gobierno es el problema serio para este país, para la sociedad, para el mundo de negocios, la democracia, este Gobierno de ahora y hay que buscar los mecanismos para detener esto, llamarlos a cuentas y buscar la forma de que esto se erradique”, indicó.
Alvarado Mendoza dijo que será “muy difícil” que el Presidente llame a cuentas a su esposa o algún mecanismo institucional de fiscalización como la Contraloría: “esta administración presidencial y varias de las administraciones estatales, han demostrado que no sólo no tienen la voluntad de combatir la corrupción, sino que están muy involucrados en ella”.
NO ES SUFICIENTE CON PEDIR PERDÓN
Haydeé Pérez Garrido, Directora de FUNDAR Centro de Investigación y Análisis, agregó que la puerta de entrada para cambiar la imagen de México al mundo, es el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La investigadora explicó que para recuperar la confianza en las instituciones, se deben emprender acciones puntuales: “no es suficiente con pedir perdón, sino que hay que comenzar a ejecutar acciones contundentes y significativas contra quienes se están favoreciendo. Por otro lado hacer las acciones de prevención e investigación realmente profundas, respecto a la rendición de cuentas y corrupción. Hablar menos y actuar más”, precisó.
Pérez Garrido describió tres desafíos para combatir la corrupción en México a través del SNA.
El primero se refiere a una adecuada implementación del Sistema. El segundo, a la elección de los perfiles que estarán a cargo de las instancias de control, fiscalización y combate a la corrupción y el tercero, a realizar un trabajo especializado y “bien articulado con la sociedad civil”,
“La sociedad está cada vez más activa y mejor organizada, para rendir cuentas y para proponer acciones, mecanismos y programas que logren el objetivo que queremos buena parte de la población”, detalló.
La alternancia del 2000, agregó, trajo a México el “anhelo y sueños” de una menor pobreza y desigualdad, pero la democracia no garantizó una mejor calidad de vida.
“Después de 16 años contar con una democracia no garantizó una mejor calidad de vida, seguimos estando en una sociedad donde los grupos de élite políticos y económicos se favorecen del Estado y los bienes públicos”, añadió.
