“A los niños no les pasa nada” han dicho una y otra vez, sobre el covid-19. Lo dijeron al principio de la pandemia, mientras se creía que los niños no se contagiaban, cuando en realidad no es que los niños no se infectaran, sino que cursaban con infecciones asintomáticas o con enfermedad leve. El hecho de que en muchos países las escuelas estuvieran cerradas durante el primer pico epidémico, en la cuarentena, también evitó que muchos menores entraron en contacto con el virus. Una mezcla de factores ayudó a sustentar la falsa teoría de que eran inmunes o no corrían riesgos de salud si se contagiaban. También contribuyó que a los niños no se les realizaron pruebas de detección, salvo a los que desarrollaron una sintomatología más seria. En muchos países, la disponibilidad de pruebas fue progresiva, por lo que nadie puede saber realmente el número de contagios real en la población infantil.

Las cosas cambiaron, sin embargo, cuando los niños comenzaron a contagiarse con la reapertura de las escuelas o cuando los países negligentes permitieron elevados niveles de transmisión comunitaria. Poco a poco, la comunidad médica internacional fue reconociendo que, contrario a lo que se creía en un inicio, los niños se contagian y contagian tanto como los jóvenes y los adultos. También que niños y adolescentes son susceptibles de enfermar gravemente con un síndrome inflamatorio, perder la vida, o desarrollar diversas secuelas, algunas de ellas muy serias. Detectarlas y empujar para su reconocimiento por parte de los gobiernos ha sido un viacrucis para muchas familias en el mundo, ya que éstas se presentan semanas después de infecciones leves o asintomáticas cuando ya las pruebas de detección del virus suelen salir negativas. Esto impidió, durante un buen tiempo, que se reconociera formalmente al “long covid” o covid persistente en niños. No es extraño, pues, que en países como Reino Unido, donde las escuelas permanecieron abiertas y en donde se siguió una política totalmente negligente con la infancia, se hayan formado potentes asociaciones de padres de niños enfermos de covid persistente, meses y hasta un año después de su infección, que han logrado visibilizar la grave problemática de salud que genera permitir que los niños y adolescentes se contagien masivamente. Lamentablemente, el gobierno del Reino Unido ha demostrado, desde el comienzo de la pandemia, ser desastroso: primero con la intención de contagiar a toda su población para alcanzar la inmunidad de rebaño, a la que tuvieron que renunciar, y después, poniendo en riesgo a toda su población levantando todas las restricciones. Tampoco es extraño que una de las variantes de preocupación haya emergido de ese desastre, en Inglaterra.

El tema es realmente interesante, querido lector, porque lejos de que los gobiernos actúen protegiendo a los niños, han seguido un camino que en algunos casos raya en la criminalidad. Tal es el caso de México, donde el presidente o su gabinete aún no se entera de los graves riesgos que implican los contagios en niños y adolescentes. Esto, a pesar de que en las noticias de muchos países hay evidencias de que Delta está causando más estragos en las poblaciones jóvenes y no vacunadas, de la elevación en las hospitalizaciones pediátricas y de las secuelas que el virus deja en ellos.

Hace unos días, por ejemplo, leía una nota donde se da cuenta de un adolescente de catorce años, estadounidense, que desarrolló psicosis post covid, semanas después de recuperarse de una enfermedad leve. Toda su familia se contagió en un cumpleaños familiar. El médico entrevistado para el artículo decía que cada vez son más frecuentes las manifestaciones de este tipo en menores. Si uno lee la prensa internacional se da cuenta de que está llena de evidencias de que los adolescentes y los niños están siendo atacados cada vez más severamente por el virus y que la solución no es exponerlos al contagio al regresar a las aulas, totalmente inermes, sino conseguir vacunarlos con rapidez. Solo el gobierno de México no se entera, o no quiere darse por enterado, de la locura criminal que significa no vacunarlos y enviarlos a las escuelas en pleno pico epidémico.

Esto ya lo sabemos, lo hemos dicho hasta el cansancio, querido lector. Lo que me lleva a escribir otra vez sobre este tema es la injusticia implícita en la decisión del gobierno de López Obrador quien, nuevamente, en esta pandemia estaría sacrificando, sin escrúpulo ético ni moral alguno, a los más pobres, a los niños y adolescentes, más pobres, hay que decirlo. Sabido es que las escuelas privadas han dispuesto de medios para impartir una educación de mayor calidad a distancia, a diferencia del sistema público. Muchas de ellas podrán continuar con la educación en línea, cuidando la salud y la vida de quienes pueden pagarlas. No solo eso, familias con recursos han estado llevando a sus hijos a vacunar a Estados Unidos, mientras el gobierno deja desprotegidos a quienes no tienen los recursos para hacerlo, se niega a vacunarlos. Ambas situaciones ahondan la brecha de desigualdad, de una manera grotesca. A unos, la escuela presencial con todos los riesgos que esto implica, sin vacunas, y otros, a cuidar sus vidas en línea y vacunados. La diferencia entre estos mexicanos, es que unos tienen dinero y otros, no.

No sé si López Obrador pueda siquiera ver la monstruosidad que implica esto. Es, literalmente, la diferencia entre vivir y morir, entre educarse con seguridad o arriesgar la vida.

Es imposible que no lo vea, pienso y me aterroriza, me deja helada la conciencia de que nos gobierna un político que usó a los pobres como mero gancho retórico, o que, teniendo el poder, prefirió sacrificarlos. Como sea, hay que dejar constancia de lo que está haciendo y advertirlo, otra vez, y a tiempo. Porque, lamentablemente, esto no acabará pronto, como él quisiera: muy probablemente el virus seguirá mutando y la vacunación seguirá requiriéndose en toda la población, periódicamente. Si no lo entiende por la buena, lo entenderá por la mala y trágicamente, con todo el costo de sufrimiento de la gente, mayoritariamente pobre. Esa infamia.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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