México, 11 Sep. (Notimex).- El pleno del IFAI informó que de 2009 a 2012 la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), encabezada entonces por Consuelo Sáizar, gastó un millón 953 mil 137 pesos en la compra de mil 924 libros, que no se sabe a dónde fueron a parar.
En la sesión de este miércoles, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga Rendón, expresó que en ese período se adquirieron libros que costaron más tres mil pesos cada uno.
Al resolver un recurso de revisión presentado por un particular que solicitó a Conaculta informes sobre el presupuesto asignado a la compra de libros en el tiempo mencionado, año de la compra, título, número de ejemplares, editorial, precio por libro, motivo por el que se adquirió y el lugar en el que se encuentra cada uno.
Laveaga Rendón, en su calidad de comisionado ponente del caso, señaló que en el análisis se observó que el Conaculta respondió todas las preguntas, excepto la del lugar en dónde se encuentran los libros.
Señaló: “me parece muy razonable preguntarse dónde están esos libros, porque de repente veo que se compró un libro que se llama Historia de la cruz, que costó un mil 111 pesos; un libro que se llama Renacimiento del paganismo, que costó un mil 206 pesos”.
Además, “un libro que se llama Paul Strand en México, que costó un mil 350 pesos; uno que se llama Robert Bold, que costó un mil 134 pesos; un libro que se llama Diccionario Océano Desino, que costó un mil 980 pesos, y así podría seguir leyendo los libros”, señaló.
El comisionado presidente del IFAI agregó que “en un ejercicio elemental de rendición de cuentas tendría que decirse dónde están o dónde debieran estar esos libros”.
Detalló que en su respuesta inicial y alegatos, el Conaculta dijo que se amplió la búsqueda de información a las áreas de Recursos Financieros de su Coordinación Administrativa, a la Dirección de Relaciones Públicas y a la Secretaría Particular, ambas adscritas a la presidencia del consejo, así como a la Dirección General de Administración adscrita a la Secretaría Ejecutiva.
En dicha búsqueda no fue posible encontrar información adicional referente al lugar en dónde están los libros, por lo que se modificó la respuesta del sujeto obligado para que declare formalmente la inexistencia de la información y se le instruyó a justificar ese gasto.
La comisionada Jacqueline Peschard fue quien pidió un engrose en la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información para que el Conaculta justifique la adquisición de esos ejemplares, como lo marca la ley.
“No se puede hacer una compra solamente justificando que se está haciendo con la mejor adquisición por el precio, etcétera, ni el procedimiento que se sigue, sino que tiene que haber una justificación de la adquisición”, expuso.
A su vez, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar indicó que éste es un buen ejemplo de por qué no sólo se requiere acceso a documentos, sino también a que se explique y se justifique ese gasto.
“Son estas cosas las que cuando menos llevan a duda, esta pregunta de a dónde fueron a parar esos libros, que puede ser que hayan ido a parar a buenas manos, pero que no necesariamente es así, para eso se tendría que dar la explicación”, agregó.
