Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) presentaron ante medios y representantes de la sociedad civil, una iniciativa alterna a la Ley de Protección a la Infancia que envió el Presidente Enrique Peña Nieto como preferente y para expedir la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las senadores panistas Mariana Gómez del Campo Gurza y María del Pilar Ortega Martínez, así como Mario Delgado Carrillo y Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo, aseguraron que la propuesta del Ejecutivo federal es asistencialista y tiene insuficiencias que no garantizan la protección integral de los menores, mientras que las organizaciones denunciaron que presenta innumerables vacíos y además no tiene un enfoque de derechos humanos.

“Se ve que quien construyó esa iniciativa no sabe de derechos humanos y no sabe de derechos de infancia, sino que ha trabajado únicamente en el sistema de asistencia porque es lo que plantea”, dijo Alma Meneses Bernal, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad y que operan en 16 Estados de la República Mexicana.

“No han sido escuchadas las voces de los expertos de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Presenta un vacío estructural. No crea un sistema real de protección a la infancia, no crea un sistema articulado, sino que monta todo en el sistema de asistencia social, es decir, en el sistema DIF”, dijo.

El Presidente Enrique Peña Nieto envió el pasado 2 de septiembre al Senado de la República como iniciativa preferente el Proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para combair el trabajo infantil y el bullying,

El trámite preferente implica que la iniciativa deberá ser discutida y enriquecida por el Senado dentro de los primeros 30 días del periodo ordinario que comenzó el pasado 1 de septiembre.

“Esta es la primera vez que hago uso de esta facultad que me confiere nuestra Constitución. Decidí hacerlo porque el bienestar de nuestra niñez es una prioridad. En la que, además, estoy seguro, coinciden los legisladores de las distintas fuerzas”, dijo el mandatario federal en la presentación del proyecto.

Alma Meneses aseguró que la Nación tiene un pendiente de cumplimiento ante un tratado internacional, pues desde la convención sobre los derechos del niño que se realizó en 1990. “Hemos esperado 24 años para que salga una ley que se encuentre a la altura de las problemáticas que vive la infancia de nuestro país”, dijo.

Pero la iniciativa del Presidente al ser entregada como preferente “nos pone contrarreloj para trabajar por una ley de altura a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, denunció.

“Es una presión bastante grande para el Legislativo y para las organizaciones civiles, porque nos da un tiempo muy limitado para poder modificar la iniciativa que está mandando el Ejecutivo. El hecho de meterla como preferente ha sido una estrategia sucia por parte del Ejecutivo federal porque bien sabe que el tiempo que se tiene para poder dictaminar porque da un margen muy limitado para poder conjuntarla con las iniciativas que ya estaban dentro de las cámaras como es la de la Senadora Angélica de la Peña y la iniciativa de la Diputada Verónica Juárez, las cuales sí habían contemplado participación de sociedad civil para su construcción”, dijo.

Por su parte, la Senadora Gómez del Campo denunció “el crecimiento en el número y en la gravedad de los casos de acoso escolar o bullying”, situación que rebasó ya a las autoridades e incluso colocaron a México en el primer lugar con esta problemática en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

RETROCESO PARA LA INFANCIA

La propuesta que presentaron los legisladores incluye la creación de un Consejo Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Política sobre Niñas, Niños y Adolescentes, que emitirá evaluaciones confiables y tendrá la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política en la materia y pretende formar parte de un esquema institucional que permita que la información sea de utilidad para mejorar la toma de decisiones a favor de la vida y dignidad de cada menor de 18 años.

La representante de Redim aseguró a SinEmbargo que la iniciativa de Peña Nieto representa un verdadero retroceso en el tema de la infancia, pues uno de los temas donde más vacíos tiene es el de niños migrantes, donde plantea un “sistema persecutorio”.

“Pone a la sociedad a perseguir a los niños migrantes y a notificar al Instituto Nacional de Migración. Deja a los niños migrantes en manos del Instituto, cosa que la ley de migración ya planteaba totalmente distinto. Los niños migrantes tendrían que pasar al sistema de protección integral de la infancia porque son niños antes que ser extranjeros o migrantes”, explicó.

También dijo que si se deja a los niños migrantes en manos del Instituto Nacional de Migración (INM), los deja afuera del sistema de infancia, además de que la ley sólo contempla a la población de niñas, niños y adolescentes no acompañados “pero no contempla nada de la infancia migrante mexicana, que tendría que ser una de nuestras principales preocupaciones. Tampoco contempla a los niños y niñas que sí van acompañados y son muchos. No brinda una respuesta para nadie de ellos”.

Otro de los puntos que resaltó Meneses Bernal es el retroceso en las niñas niños y adolescentes que se encuentran sin los cuidados de sus familias.

“Los deja en una lógica asistencial, regulando únicamente centros de asistencia cuando los estándares internacionales plantean generar un subsistema de cuidados alternativos que contemplen una regulación precisa sobre familias acogidas, familias substitutas, fortalecimiento familiar, instituciones de cuidado donde se contemplan modelos familiares y el fortalecimiento de los sistemas de adopción”, agregó.

De acuerdo con las organizaciones civiles, tanto la “rectoría de la política pública, la defensa de los derechos de niñas y niños y el sistema de información”, van a estar en manos del DIF. “No hay alguien que haga contrapeso o que pueda representar un verdadero diálogo de pluralidad para la garantía de derechos”.

Alma Meneses también dijo que la propuesta federal “no contempla la participación de la sociedad civil ni tampoco la de niñas, niños y adolescentes lo cual refleja esta visión tutelar que se tiene de los menores que no pueden participar en los espacios de decisión lo cual es totalmente contrario al principio establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño que es el principio de participación infantil y que es el eje rector de este nuevo paradigma para garantizar los derechos de la infancia”.

Respecto al órgano de defensa que contempla la iniciativa de Peña Nieto, aseguró que no es un órgano autónomo como lo establece los estándares internacionales, sino que es “un órgano que va a depender del sistema de asistencia y que éste a su vez depende del sistema de salud. Es un órgano de muy bajo nivel que no va a hacer un cambio en la defensa de los derechos porque no contempla que esta procuraduría represente casos específicos. Sólo va a hacer lo que actualmente hace el DIF: recibir las quejas, brindar orientación, tratar de dar soluciones amistosas, pero no habla nada de representación jurídica por parte de abogados especializados, frente a órganos judiciales o frente a órganos administrativos”, concluyó.