Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que fue un proyectil de la policía el que mató a un niño de 13 años en San Bernardino Chalchihuapan, por lo que recomendó al Gobierno de Puebla que inicie un procedimiento de responsabilidad y una denuncia de hechos en la Procuraduría estatal en contra del Secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas Rosas, y la creación de una Fiscalía Especial para investigar las agresiones de las que fueron objeto los habitantes del municipio de Ocoyucan, el pasado 9 de julio, durante una manifestación en la que perdió la vida el menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

También recomendó al mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, que dé instrucciones para que se repare el daño a las víctimas y se implemente una estrategia para satisfacer las demandas sociales de la población.

La CNDH instruyó para que se ofrezca una disculpa institucional por parte de los servidores públicos que participaron en el operativo y se den garantías de no repetición de los hechos.

De acuerdo con el informe, José Luis no fue lesionado por una explosión u onda expansiva, como lo aseguró el gobierno estatal: para la CNDH las lesiones fueron provocadas por alguno de los proyectiles utilizados por los elementos de Seguridad Pública. Los hechos fueron reforzados por dos testigos que observaron cómo un policía que portaba un arma con ambas manos en la carretera dispararon a 50 metros de distancia en dirección a donde se encontraba el menor.

Otras nueve personas presentaron lesiones “circulares de 3 a 6 centímetros de diámetro”.

Durante la presentación del informe sobre el caso Chalchihuapan por parte del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, el Primer Visitador General, Luis García López Guerrero y el Segundo Visitador General, Marat Gutiérrez Montiel, se concluyó que hubo uso indebido de la fuerza pública a pesar de que desde un día antes de la manifestación la Policía estaba enterada de que habría una protesta  para exigir el regreso de las oficinas del Registro Civil que habían sido trasladadas a otro municipio y que la misma podría tornarse violenta.

Durante el operativo, los elementos policiacos utilizaron 930 granadas, cartuchos y proyectiles de gas lacrimógeno, 472 fueron lanzados directamente a los inconformes.

Plascencia Villanueva advirtió que el gobierno de Puebla debe acatar las recomendaciones, de lo contrario, Moreno Valle puede ser llamado a comparecer en la Cámara de Diputados para explicar sus razones.

“La CNDH determinó un uso indecuado y negligente del armamento”  durante el operativo en el que en “todo momento” estuvo al mando el Director de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quien confirmó las instrucciones al mando de control territorial.

“No se justifica el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley”, dijo el Ombudsman.

En el lugar estuvieron presentes Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie y el Presidente Municipal, Javier Montes.

El informe señala que además de José Luis, otros dos menores resultaron lesionados. Dos personas fueron detenidas como responsables de diversos delitos. Se señaló que existieron obstáculos para la investigación, ya que en algunos testimonios existió la impresión de distintas contradicciones. También es notoria la ausencia de versiones eficaces para una atención adecuada a los familiares de los afectados. Representantes de la Procuraduría de Justicia del Estado no recabaron ningún indicio en el lugar.

De igual manera, la CNDH destacó la existencia de fotografías y videos en las que los habitantes llevaban objetos para lesionar a los policías, pero hasta ahora no se han realizado las investigaciones para detener a los responsables, pues la indebida preservación de las pruebas y alteración de los hechos “contaminó el lugar”.

También resaltó la inadecuada atención a las víctimas, quienes no recibieron apoyo por las lesiones durante y después de los hechos, a pesar de que el Procurador de Justicia de Puebla señaló en su momentos que los habitantes de Chalchihuapan rechazaron cualquier tipo de ayuda.

ELÍA TAMAYO VA POR LOS CULPABLES

De acuerdo con el medio digital E-consulta, Elia Tamayo, madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, adelantó que iniciará un proceso legal para ubicar a los responsables del asesinato de su hijo.

Ayer, antes de conocer la recomendación emitida por la CNDH, la señora Tamayo advirtió: “Vamos a seguir adelante porque esto no puede seguir impune”. Y exigió la renuncia de Moreno Valle.

“Él [Rafael Moreno Valle] en un momento dijo que si no estoy haciendo bien las cosas, me voy, pues entonces qué está esperando, mejor que se vaya porque no sabe cuidar al estado. Que renuncie, es lo mejor”, declaró.

Elia Tamayo detalló que recurrirá a otra instancias, aparte de la CNDH, a fin de dar con los responsables de la lesión que le provocó la muerte a su hijo. Además refirió que no confía plenamente en la resolución de la CNDH, aún sin conocerla todavía.

“Espero que salga toda la verdad, porque siempre estuvieron tapando y tapando, espero que sí salga la pura verdad lo que ellos digan”, comentó sobre los resultados de las investigaciones que emitió hoy la Comisión.

Además recordó que mientras José Luis estuvo internado en el Hospital General del Sur en la entidad, fue auscultado por personal médico que debió detectar qué fue lo que lesionó al menor, sin embargo destacó que el acta de defunción señala que “se desconoce el objeto que provocó la lesión”.

LA POLICÍA DISPARÓ A QUEMARROPA

Ayer, durante el Foro por la Libertad de los Presos Políticos y el cese de la Represión Social en Puebla, en un auditorio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Hugo Jiménez, uno de los lesionados en la carretera Atlixco-Puebla durante la manifestación del pasado 9 de julio, quien perdió el ojo izquierdo a causa del impacto de un proyectil, denunció que los policías estatales le dispararon a quemarropa.

Ante estudiantes, maestros y activistas que asistieron al evento, Jiménez relató que él, su esposa y su hija, tras ser bajados del transporte público, no querían avanzar, iban cruzando cuando los policías estatales comenzaron a disparar a “quemarropa” contra los manifestantes. Corrió con su mujer y su hija, pero los granaderos empezaron a subir el puente, cuando lo vieron gritaron: “Agárrenlo a él, agárrenlo”.

Jiménez y su familia corrieron hacia unos terrenos en busca de refugio. Para cortar camino se dirigieron hacia una zanja, su hija y su esposa lograron pasar, él ya no. “A la hora que volteo […] escucho el disparo, veo que viene con gas y me toca en el ojo. Vi todavía con el otro ojo que era un cilindro cromado”. Aseguró que los policías le dispararon aunque estaban a menos de ocho metros.

Hugo declaró que los lentes que usaba, lo salvaron. “El doctor me dijo que eso fue lo que amortiguó el golpe, de otro modo yo estaría muerto y el gobierno estaría diciendo que morí por un cohetón”, detalló.

“Estoy mal por lo que el Gobernador mandó a hacer allí en Chalchihuapan”, finalizó.

En el evento el Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó que otros cuatro habitantes de la comunidad, que pertenecen al municipio de Santa Clara Ocoyucan, estuvieron presos casi un mes acusados de nueve delitos, entre ellos la muerte de José Luis, a pesar de que sólo pasaban por el sitio o estaban viendo la manifestación.

A los cuatro detenidos -Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras- se les imputó primero tentativa de homicidio y luego el homicidio del menor, cuando los arrestaron minutos antes de que éste fuera herido.

Su abogado, Raúl Rodríguez, aseguró que sus clientes fueron arrestados a las 14:45 horas del 9 de julio y que las propias autoridades reconocieron que la lesión a José Luis fue causada hasta después de las 15:00 horas.