Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Elia Tamayo, la madre del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien de acuerdo con el informe que este mediodía emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) murió a causa de un proyectil lanzado por la policía poblana el pasado 9 de julio en el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, exigió hoy en el Senado de la República la renuncia del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas quien, dijo, “de plano me arruinó la vida quitándole la vida a un inocente”.

La madre del niño de 13 años, quien fue víctima de la Ley Bala instaurada dos meses antes por el gobierno morenovallista y que permite a la fuerzas de seguridad dispersar manifestaciones sociales por la fuerza e incluso con el uso de armas, ofreció una conferencia luego de que la CNDH emitiera las recomendaciones del caso.

Acompañada de Roxana Luna Porquillo, Diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el también Senador perredista Luis Sánchez Jiménez, dijo sentirse “indignada” con el Gobernador porque, además de provocar la muerte de su hijo, en esa comunidad “aún hay compañeros heridos”.

Además, expuso, el ataque de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) fue una injusticia. “Él [Moreno Valle] siempre dijo que si no podía hacer las cosas bien se iba y lo que yo quiero es que mejore renuncia porque es un mal gobierno, no merece estar en el estado, que se vaya mejor. Yo pido justicia”, exigió.

Por su parte, el abogado de la señora Tamayo, Alejandro del Castilla Saavedra, anunció que la próxima semana entregarán documentación oficial y pruebas fehacientes para solicitar un juicio político contra el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

La ingobernabilidad, dijo, es uno de los elementos principales para iniciar el proceso en contra del mandatario de extracción panista.

“Desde nuestro punto de vista, Rafael Moreno Valle cometió delitos y tendrá que enfrentar la justicia tarde o temprano y lo vamos a obligar”, declaró.

MORENO VALLE RESPONDE A CNDH

A través de un comunicado, el gobierno del Estado de Puebla afirmó que “lamenta que hayan resultado lesionados civiles y policías y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo”.

El gobierno encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la aceptación total de las recomendaciones emitidas.

Ante ello, José Antonio Pérez Bravo fue nombrado como Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan. Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UAM) y Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Anteriormente se desempeñó como Subprocurador Jurídico de Asuntos procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del delito (PROVÍCTIMA).

El Gobierno estatal reconoce el trabajo de la CNDH en la investigación del caso, cuyo dictamen enriquece la información sobre “los lamentables acontecimientos” y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJE) las cuales, señala el informe, ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo.

POLICÍA DISPARÓ AL MENOR

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó este jueves que fue un proyectil de la policía el que mató a un niño de 13 años en San Bernardino Chalchihuapan, por lo que recomendó al Gobierno de Puebla que inicie un procedimiento de responsabilidad y una denuncia de hechos en la Procuraduría estatal en contra del Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y la creación de una Fiscalía Especial para investigar las agresiones de las que fueron objeto los habitantes del municipio de Ocoyucan, el pasado 9 de julio, durante una manifestación en la que perdió la vida el menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

También recomendó al mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, que dé instrucciones para que se repare el daño a las víctimas y se implemente una estrategia para satisfacer las demandas sociales de la población.

La CNDH instruyó para que se ofrezca una disculpa institucional por parte de los servidores públicos que participaron en el operativo y se den garantías de no repetición de los hechos.

De acuerdo con el informe, José Luis no fue lesionado por una explosión u onda expansiva, como lo aseguró el gobierno estatal: para la CNDH las lesiones fueron provocadas por alguno de los proyectiles utilizados por los elementos de Seguridad Pública. Los hechos fueron reforzados por dos testigos que observaron cómo un policía que portaba un arma con ambas manos en la carretera dispararon a 50 metros de distancia en dirección a donde se encontraba el menor.

Otras nueve personas presentaron lesiones “circulares de 3 a 6 centímetros de diámetro”. Durante la presentación del informe sobre el caso Chalchihuapan por parte del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva; el Primer Visitador General, Luis García López Guerrero, y el Segundo Visitador General, Marat Gutiérrez Montiel, se concluyó que hubo uso indebido de la fuerza pública a pesar de que desde un día antes de la manifestación la Policía estaba enterada de que habría una protesta para exigir el regreso de las oficinas del Registro Civil que habían sido trasladadas a otro municipio y que la misma podría tornarse violenta.

Durante el operativo, los elementos policiacos utilizaron 930 granadas, cartuchos y proyectiles de gas lacrimógeno, 472 fueron lanzados directamente a los inconformes. Plascencia Villanueva advirtió que el gobierno de Puebla debe acatar las recomendaciones, de lo contrario, Moreno Valle puede ser llamado a comparecer en la Cámara de Diputados para explicar sus razones.

“La CNDH determinó un uso indecuado y negligente del armamento” durante el operativo en el que en “todo momento” estuvo al mando el Director de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quien confirmó las instrucciones al mando de control territorial. “No se justifica el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley”, dijo el Ombudsman.

En el lugar estuvieron presentes Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie y el Presidente Municipal, Javier Montes.

El informe señala que además de José Luis, otros dos menores resultaron lesionados. Dos personas fueron detenidas como responsables de diversos delitos. Se señaló que existieron obstáculos para la investigación, ya que en algunos testimonios existió la impresión de distintas contradicciones.

También es notoria la ausencia de versiones eficaces para una atención adecuada a los familiares de los afectados. Representantes de la Procuraduría de Justicia del Estado no recabaron ningún indicio en el lugar. De igual manera, la CNDH destacó la existencia de fotografías y videos en las que los habitantes llevaban objetos para lesionar a los policías, pero hasta ahora no se han realizado las investigaciones para detener a los responsables, pues la indebida preservación de las pruebas y alteración de los hechos “contaminó el lugar”.

También resaltó la inadecuada atención a las víctimas, quienes no recibieron apoyo por las lesiones durante y después de los hechos, a pesar de que el Procurador de Justicia de Puebla señaló en su momentos que los habitantes de Chalchihuapan rechazaron cualquier tipo de ayuda.