Protesta contra el maíz transgénico. Foto: Francisco Cañedo

Protesta contra el maíz transgénico. Foto: Francisco Cañedo

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Por primera vez en la lucha que por años han mantenido  las organizaciones civiles de México en contra del maíz transgénico, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió una medida precautoria en la que ordena a la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspender cualquier permiso experimental y frenar el procedimiento de liberación comercial para la siembra de este tipo de alimento en el país.

La resolución del juez se dio como respuesta a una demanda colectiva que interpusieron activistas como el Padre Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Adelita San Vicente, entre otros, y además deja sin efecto 43 permisos experimentales que se otorgaron desde 2011 en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.

La medida precautoria se basa en el riesgo de daño al medio ambiente, impide a empresas trasnacionales como Monsanto y Pioneer –entre otras–, liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, explicaron los abogados de la Asociación civil “Colectivas”, dijo René Sánchez Galindo, representante legal de los demandantes.

El abogado explicó que en el país existen tres tipo de permisos para sembrar maíz transgénico: experimentales, piloto y el comercial que está en proceso de liberación.

Sin embargo, gracias a la medida precautoria, las empresas que poseen los 43 permisos experimentales en el país, deberán detener su producción.

Sánchez Galindo detalló que una de las razones que tomó en cuenta el juez para dictar la medida, fue que se recabaron pruebas de que en el maíz transgénico, sujeto solo a cierto número de hectáreas restringidas, contaminó los sembradíos de otros campesinos.

“El juicio puede durar de un año a tres años, no tienen plazo el juicio, pero durante este tiempo ya no habrá siembra de transgénicos y se detiene la autorización para hacerlo de manera comercia. Los científicos aseguran con pruebas que es imposible la convivencia con el maíz transgénico con el nativo”, dijo.

El abogado indicó que de aprobarse la liberación comercial, impulsada por las grandes empresas productoras de maíz, los campesinos mexicanos perderían la propiedad sobre su semilla por la facilidad de contaminación por polinización.

Mercedes López, de Vía Orgánica, dijo que 53% de la ingesta calórica y 22% de la proteínica de la dieta nacional provienen del consumo directo del maíz como grano nixtamalizado.

“Si se permitiera la siembra indiscriminada de maíz transgénico, todas las mexicanas y mexicanos seríamos afectados pues cada día se revelan nuevas las investigaciones que demuestran el daño a la salud causado por los transgénicos”, subrayó.

Adelita San Vicente Tello, representante del movimiento, dijo a SinEmbargo que la resolución es una buena noticia para México.

“Estamos muy contentos, nunca el Poder Judicial había entrado al fondo del asunto, es la primera vez que están tomando una resolución, esperamos que se abra una etapa de debate”, dijo.

San Vicente detalló que los defensores del maíz nativo tienen conocimiento de que estaba en proceso una solicitud para sembrar comercialmente 11 millones de hectáreas de transgénico.

“Es la mitad del país, lo que nos demuestran la magnitud de la intención de las grandes trasnacionales como Monsanto. Hay un permiso en proceso para sembrar 250 mil hectáreas de soya transgénica. Quieren asegurar tener ocupado todo el territorio”, dijo la activista.

Si al final del juicio las autoridades mexicanas deciden abrir al país a la siembra de maíz transgénico, el campesino será uno de los más afectados, explicó.

“El campesino dejaría de ser dueño de sus semillas. Las empresas van a patentar las plantas y después habrá que pagarles regalías, porque el polen no es estático”, agregó.

La colectividad de demandantes también está integrada por organizaciones de productores, indígenas, apicultores, ambientalistas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos de Campo (ANEC), Fundación Semillas de Vida, Fomento Cultural y Educativo, Fronteras Comunes, Alternativas y Procesos de Participación Social de Tehuacán Puebla, Tosepan Titataniske y el Grupo Vicente Guerrero.

El Padre Miguel Concha aseveró que la resolución del juez se inscribe en el espíritu del Principio Precautorio contenido en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

El sacerdote añadió que el Estado mexicano está obligado a proteger los derechos humanos frente a intereses económicos de grandes empresas, por lo que la orden judicial de detener la siembra de maíz transgénico es un avance en materia de alimentación, salud y medio ambiente.

Concha explicó que la demanda colectiva busca proteger el derecho humano de conservar, utilizar y participar de la biodiversidad de los maíces nativos, frente a la amenaza que representan los maíces transgénicos.

“Se trata de un derecho colectivo de la población mexicana, derecho reconocido por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”, explicó el defensor de derechos humanos.

Víctor Suárez Carrera, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), dijo que los productores se verán afectados frente a la monopolización de sector semillas a través de esta tecnología.

Detalló que los Científicos han demostrado que “no es posible contener al maíz transgénico y que la acumulación progresiva e irreversible de los paquetes transgénicos actuales y futuros, pudiera rebasar el umbral letal de tolerancia de la planta e impedir su sobrevivencia”, afectando gravemente a la planta y la condición única de México como centro de origen y diversificación continua.