Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Una encuesta de Transparencia Internacional puso los focos rojos sobre Argentina y México, países a los que consideró los dos más corruptos de América Latina.

El “Barómetro Global de Corrupción 2013” dijo que 71% de los mexicanos considera que la corrupción en el país ha aumentado, principalmente entre el gobierno y partidos políticos.

Un nuevo indicador ha ratificado este diagnóstico: La consultora de análisis y negocios Maplecroft, con sede en Inglaterra, publicó su lista más reciente de los países con mayores índices de corrupción a nivel mundial. En América Latina, México vuelve a pintar los colores de esa vergüenza.

El estudio evaluó a un total de 197 países, en los que prevalece, de forma persistente, la corrupción tanto en el sector público como en el privado. A México se le asigna, junto con Venezuela y parte de Centroamérica, el grado de “Riesgo Extremo”.

En su momento, el Presidente, Enrique Peña Nieto dijo: “Queremos ser ejemplo para la ciudadanía, la corrupción es un cáncer que no solo afecta los ámbitos públicos, sino también el ámbito privado, pero toca al Gobierno establecer un ejemplo claro y que eso puede permear como un ejemplo de responsabilidad”.

En los últimos 10 meses, la corrupción y falta de transparencia en México han quedado evidenciados durante el cambio de administraciones federal, estatal y municipal, durante los cuales han salido a flote casos como la deuda pública, excesos de funcionarios de todos los niveles de gobierno, procesos judiciales entrampados, organización de eventos públicos con saldos trágicos e, incluso, la declaración patrimonial del Presidente ha sido motivo de burlas.

La vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti, señalada por no querer hacer pública su declaración de bienes, puso como ejemplo la del mandatario mexicano.

“Aquí está la (declaración patrimonial) de Enrique Peña Nieto. Léanla por favor, la que dijeron que era lo máximo. Yo tengo una copia de (la declaración) de Peña Nieto, me da risa, porque yo sí digo dónde debo, a quién le debo y en cuánto están hipotecadas mis casas”, dijo.

Gerardo Laveaga y José Trinidad Zaldívar. Foto: Cuartoscuro.

Gerardo Laveaga y José Trinidad Zaldívar. Foto: Cuartoscuro.

En el país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) es el encargado de transparentar todo lo relacionado con el manejo de la administración pública. Sin embargo, en enero pasado no pudo “transparentar” la elección de su nuevo titular: Gerardo Laveaga Rendón.

Laveaga Rendón fue electo como comisionado presidente del organismo en enero pasado; durante su toma de protesta, el 21 de enero, fue severamente cuestionado por el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien argumentó que el puesto requería de “todo el empeño y trabajo” y pidió a sus compañeras exponer la razón de su voto a favor de Laveaga, quien al momento de su elección tenía menos de un año como consejero y acumulaba rezagos en los asuntos asignados.

Nadie salió en defensa de Laveaga cuando se cuestionó su compromiso con el servicio público y la transparencia, ni siquiera los comisionados que votaron por él para ocupar la presidencia del Ifai.

Un mes más tarde, en febrero, el organismo se vio envuelto en otro escándalo al publicarse en medios de comunicación que la comisionada, Sigrid Artz Colunga, había hecho solicitudes de información, con seudónimos, sobre casos que estaban a su cargo.

“Niego categóricamente haber hecho las solicitudes de información”, respondió Arzt Colunga, sin embargo, aceptó que había posibilidades de que alguien, bajo el uso de dos seudónimos, que desconoce, pudiera haber enviado correos electrónicos que causaron conflicto en el Ifai, y se pronunció a favor de “revisar todos y cada uno de los protocolos de protección y manejo de los sistemas informáticos” porque la vulneración de los mismos “pone en peligro la información de datos personales”.

LA CORRUPCIÓN EN LA AGENDA NACIONAL

Daños ocasionados por el ciclón "Manuel" en la Autopista del Sol. Foto: Cuartoscuro.

Daños ocasionados por el ciclón “Manuel” en la Autopista del Sol. Foto: Cuartoscuro.

Dos hechos recientes despertaron nuevamente el debate sobre la transparencia y la corrupción, ambos cobraron vidas: el paso de los ciclones “Ingrid”y “Manuel” y el accidente de una camioneta “monster truck” en Chihuahua.

En el primero de los casos hubo al menos 157 muertos y salieron a flote los deficientes materiales con los que se construyó la Autopista del Sol, durante el sexenio de Carlos Salinas Gortari, a un costo de 2 mil 200 millones de pesos.

Con las lluvias, esta infraestructura registró 14 cortes graves, derrumbes y deslaves, entre los que destacan los dos túneles ubicados en el kilómetro 300.

El director General de la constructora ICA, Alonso Quintana Kawage reconoció en entrevista con el periódico Milenio que en la construcción de dicha carretera hubo falta de planeación, fallas en varias entidades, escasos recursos y tiempo para construir la vía.

Quintana Kawage salió al paso ante voces que reclaman a las autoridades a proceder en contra de las empresas constructoras de infraestructura señalando que con los elementos arriba citados “se hizo lo mejor que se pudo para hacer dicha autopista”.

El agua también dejó al descubierto actos de corrupción del pasado de funcionarios que permitieron la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, mismas que fueron arrastradas por el caudal.

“Es importante integrar este mismo año las zonas de riesgo no susceptibles de asentamientos humanos, que sean parte del Registro Nacional de Reservas, dentro del Registro Único de Vivienda, para que autoridades y desarrolladores privados puedan verificar la condición de la tierra en la que se pretendan construir desarrollos. Y si ésta puede o no, eventualmente, convertirse en una unidad habitacional.

“Es importante, también, reiterar que el gobierno de la República no apoyará ni subsidiará ninguna vivienda que se encuentre dentro de zonas de alto riesgo”, advirtió el Presidente Enrique Peña Nieto el 26 de septiembre durante una reunión con su gabinete legal y ampliado.

En el caso de Chihuahua, donde perdieron la vida 9 personas durante un espectáculo de “monster truck” al que el Ayuntamiento otorgó la licencia y en el que se comprobó que no había las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad del público, salieron a relucir relaciones de poder que permitieron la organización de la exhibición realizada el sábado pasado.

Una investigación del Diario de Chihuahua reveló el martes que la empresa organizadora Espectáculos Extremos del Municipio de Chihuahua tenía apenas tres meses de haberse constituido, sus socios son Jorge Luis Cuesta Manjarrez, Mario Gerardo Dueñas Barrios y Xavier Chaires Duarte, un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que asumió el jueves el cargo de regidor en el gobierno de Javier Garfio. Versiones no confirmadas indican que Chaires Duarte sería familiar en tercer grado del Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez.

Por otro lado, una investigación del equipo de Noticias MVS reveló que Mario Gerardo Dueñas Barrios cobró por cerca de dos años al municipio de Chihuahua, por varios conceptos, entre los que destacan sondeos de opinión, promoción turística o capacitación de los empleados municipales.

En la investigación se encontró que la empresa organizadora del evento está registrada como una Sociedad Civil, por lo cual ha podido acceder a los recursos públicos y hacerse de contactos cercanos en la estructura municipal.

En dos años, Dueñas Barrios cobró hasta 11 millones de pesos de las arcas municipales a cargo del ahora ex Alcalde priista Marco Adán Quezada Martínez. En el 2012, de acuerdo a la información obtenida, se destinaron 4 millones de pesos por concepto de “apoyo económico” para cubrir parte del espectáculo aeroshow realizado en aquel año.

En ninguno de los dos casos hay funcionarios o ex funcionarios detenidos.

Fotograma de un video proporcionado a El Diario

Fotograma de un video proporcionado a El Diario de Chihuahua.

EL CASO DE LAS REFRESQUERAS

Diputados federales denunciaron ayer que la industria refresquera ha intensificado las presiones en su contra para evitar que se apruebe el impuesto a las bebidas azucaradas, contemplado en la Reforma Hacendaria.

La presión es verbal, es discreta, pero sistemática, de acuerdo con varios de ellos, y se ejerce a través de despachos de cabilderos que operan dentro de la Cámara de Diputados.

Los métodos usados para presionar son muchos, de acuerdo con los mismos legisladores. Las agencias de “cabilderos” contratadas por la industria los llaman día y noche; les hacen ofrecimientos en especie e incluso han llegado a mentir, difundiendo información falsa.

Uno de los diputados que ha alzado la voz sobre este tema es el perredista Fernando Zárate, precisamente el proponente de una iniciativa para establecer en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se grave no sólo con uno, sino dos pesos cada litro de refresco.

“Sí conozco a varios diputados a los que han presionado. Se han reunido con ellos, los han presionado o, en el menor de los casos, [han querido] convencerlos con este tipo de sofismas de que ‘se va a ir la inversión de México’, que ‘ya no comprarán azúcares nacionales’ y que ‘se acabará el empleo’”, denunció el Diputado Zárate.

OTRO EX GOBERNADOR

De los Santos Gobernó SLP de 2003 a 2009. Foto: Pulso de San Luis.

De los Santos gobernó SLP de 2003 a 2009. Foto: Pulso de San Luis.

Ayer, la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí impuso al ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga una sanción económica por 7 mil 791.3 millones de pesos y lo inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos al considerar que el panista incurrió en el desvío de recursos públicos, concretamente, el crédito de mil 500 millones de pesos que tramitó al final de su gestión.

De los Santos Fraga gobernó la entidad del 26 de septiembre de 2003 al 25 de septiembre de 2009; la resolución que le impone las sanciones aparece en el expediente RESP-057/2011, y fue emitida el 25 de septiembre pasado. Los abogados defensores del ex mandatario estatal fueron notificados al día siguiente.

El litigio data desde finales de 2011 y se demoró debido a que en el transcurso de su desahogo, el ex Gobernador tramitó diversos incidentes, recursos y amparos impugnando el procedimiento y la presunta falta de competencia de la CGE para evitar la imposición de sanciones.

El ex Gobernador tendría la oportunidad de impugnar el fallo ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA).