El Presupuesto de Egresos para 2016  no contempla el ramo destinado a la gestión pública de los diputados, que en la Legislatura pasado provocó diversos escándalos por los “moches” que legisladores del PAN exigían a presidentes municipales a cambio de gestionarles contratos para infraestructura.

Luis Alberto Villarreal. Foto: Cuartoscuro

El panista Luis Alberto Villarreal, ex coordinador de los diputados blanquiazules en la anterior legislatura, fue el centro de acusaciones de presidentes municipales que lo denunciaron por pedir “moches” a cambio de su gestión en obra pública. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– A diferencia de otras legislaturas, los diputados federales tendrán candados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para evitar que gestionen, en la opacidad y en completa discreción, cerca de 20 mil millones de pesos etiquetados para infraestructura y obra pública, lo cual fue la oprobiosa marca del Poder Legislativo en años recientes.

Ayer, integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados confirmaron que no existe un ramo destinado a la gestión de obra pública, como el Fondo para pavimentación, infraestructura deportiva o educativa que funcionó durante la pasada legislatura y que otorgaba 10 millones de pesos a cada Diputado para edificar obra pública en sus distritos y darle respuestas a las exigencias de sus electores.

Sin embargo, como la mayoría de los recursos que se entregan a los propios legisladores, el recurso carecía de reglas de operación ni requería de la comprobación del gasto, por lo que el dinero público podía traspasarse entre los propios legisladores, usarse en un municipio diferente al acordado o simplemente el destino de ese dinero no era siquiera reportado por los diputados a sus propios partidos.

Aunque en el documento del proyecto de egresos 2016 no está considerado dicho fondo, legisladores de oposición no descartaron que, por presión de diputados de la mayoría priista, se destine un fondo de cerca de 20 mil millones de pesos para que puedan gestionar obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros años, esta bolsa no se dejaría a discrecionalidad del Diputado federal y sería fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este candado funcionará, por lo menos, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos legisladores fueron señalados en el pasado como los principales ejecutores del “moche” a discreción. Las acusaciones en la anterior Legislatura recayeron, principalmente, en la persona de Luis Alberto Villarreal, quien era entonces el coordinador de la fracción blanquiazul en la Cámara Baja.

“La forma en cómo podemos tratar de evitar que haya desvíos en el camino entre la aprobación de un monto y su utilización, es la transparencia.  La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya ofreció de manera específica que fiscalizará estos recursos, aunque el monto no califica para ser fiscalizado exhaustivamente”, explicó la Diputada panista Cecilia Romero Castillo.

La también vicecoordinadora de Contraloría y Transparencia del grupo parlamentario recordó que junto con el coordinador Marko Cortés Mendoza se reunieron con el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, para pedir su intervención en la fiscalización de los recursos.

El propósito prevenir posibles casos de corrupción, prioridad de la gestión del presidente nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, como pieza fundamental para rescatar la credibilidad de la sociedad hacia este partido político.

La Diputada explicó a SinEmbargo que la propuesta panista para evitar incurrir en casos de corrupción gira en torno a la transparencia y la publicidad de los recursos públicos etiquetados; las cantidades presupuestadas; el nombre del Diputado federal que gestiona el recurso, así como del presidente municipal que lo recibe; y finalmente, el ejercicio del gasto.

Por ejemplo,  dijo, si la Cámara de Diputados etiqueta un millón de pesos para poner una cancha de futbol en el municipio ficticio de “Tingundil”, deberá entregarse previo proyecto que incluya el nombre del diputado federal panista que tramita o gestiona el recurso.

En medio del proceso intervendrá la Auditoría Superior de la Federación para revisar que el recurso completo se entregue al proyecto asignado y se ejerza conforme fue etiquetado en el proyecto.

“Porque no es un monto que se dé al Diputado en la mano. También hay que acabar con este mito. Esto es un acuerdo aprobado y todo se tramita a través de la Secretaría de Hacienda y finalmente baja de la Tesorería del Gobierno estatal al municipio ‘Tingundil’. En todo ese camino no tiene nada que ver ni el diputado ni el alcalde”,  explicó la legisladora panista.

Una vez que llega el dinero gestionado se ejerció en ‘Tingundil’ será tarea de los habitantes de ese municipio, de los observatorios ciudadanos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, vigilar que su alcalde realmente se gaste el millón de pesos etiquetados en esta cancha de futbol.

“Hay que darle los instrumentos necesarios a la sociedad. Así, el trabajo que va a realizar la ASF en el inter y la ciudadanía al final van a inhibir la comisión de esta práctica, porque van a decir: ‘No, porque me están viendo’. Para eso sirve la transparencia”, apuntó la legisladora.

Paralelamente, los legisladores realizan un trabajo en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Transparencia para modificar la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento Interior de la Cámara, para que esto sea obligatorio a los 500 diputados.

METEN TIJERA A INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

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Al mismo tiempo, diputados de diversos grupos parlamentarios de oposición destacaron que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016 se traduce en mayor gasto corriente y menor inversión en obra pública, lo cual no abona en nada para revivir la actividad económica nacional.

A pocas horas de que sesione la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la Diputada Eloísa Talavera, secretaria de la Comisión de Seguridad Social, explicó que en el proyecto del Presidente Enrique Peña Nieto se pretende una reducción de Gasto Público en Desarrollo Económico por más de 104 mil millones de pesos.

“Esta cifra representa 8.38 por ciento menos con relación al Presupuesto 2015, cuando en circunstancia de crisis, el gobierno debería de invertir para que las familias mexicanas pudiesen mejorar sus condiciones de vida”, explicó la legisladora.

En un estudio realizado por la Diputada Talavera se observa que de un año otro, el gasto corriente aumenta 238 mil millones de pesos, mientras que disminuye el gasto en obra pública en 143 mil millones de pesos, es decir una caída del 22.6 por ciento, respecto al monto aprobado en 2015.

“El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 representa menor crecimiento, menor bienestar social y menor seguridad”, afirmó la también vicecoordinadora de Proceso Legislativo de la bancada panista.

De acuerdo con la legisladora, en la propuesta del PEF 2016, dos grupos ganan participación en la estructura del Gasto: Desarrollo Social con 1.53 por ciento y Otras Funciones con 1.32 por ciento. Mientras que otros dos pierden: Desarrollo Económico con  menos 2.61 por ciento y Gobierno con  menos 0.23 por ciento.

Por otra parte, el diputado Vidal Llerenas  de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) coincidió en el sentido que de aprobarse sin cambios, el PEF 2016 no ayudará a reactivar la actividad económica.

“Lo que nos preocupa es que haya una reasignación de recursos a educación, salud y gasto de inversión. Porque fíjate, de los 220 mil millones de  pesos de recorte 117 mil son de inversión física. Es decir esto va a ser que el presupuesto no ayudará a reactivar la actividad económica”, dijo.

Recordó que solamente hay 16 mil millones de pesos de diferencia entre la Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo y el texto aprobado, de los cuales ocho mil se adicionan por el incremento del precio del petróleo, mientras que hay otros ocho mil millones bajo el rubro ‘otro’ de ‘otro’, mismo que no han sido aclarados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Se sobreestima sistemáticamente es el capitulo 1000, el gasto en personal, por lo tanto, el recorte parece ser un reconocimiento de la sobreestimación. O sea a mí me queda duda de que realmente haya un recorte en el personal del Gobierno federal”, dijo el secretario de la Comisión de Presupuesto.

Los legisladores coincidieron en que por cada peso que se destina a gasto para detonar crecimiento económico, 53 centavos es de gasto corriente y 47 de gasto en inversión, el Gasto en Desarrollo Económico no presentara impacto si el gasto en inversión disminuye.

MUNICIPIOS PIDEN REORIENTAR 80 MMDP

Sergio López Sánchez. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Sergio López Sánchez, Diputado del PRD. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

El Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio López Sánchez, detalló que además de la bolsa de 16 mil millones de pesos adicionales que generó la Cámara de Diputados, los legisladores deben pensar en cómo redirigir por lo menos 80 mil millones de pesos de gastos de las dependencias federales.

El PRD se pronunció por no reducir el presupuesto a educación, salud e inversión, aunque todo indica que estos rubros sí sufrirán modificaciones. Por el contrario, el también secretario de la Comisión de Presupuesto adelantó que se puede meter tijera a los gastos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

“Seguramente se pueden reorientar poco más de 80 mil millones de pesos, pero, que en este momento, ha habido, insisto, opacidad por parte del Presidente de la Comisión de Presupuesto, falta de transparencia en el manejo de la información y lo que pretenden es llevar al límite de los tiempos la información”, explicó.

Sostuvo que si se incrementara el presupuesto del Poder Judicial solo en términos de la inflación (tres por ciento anuales) para implementar el sistema de juicios orales, se obtendría un ahorro de 15 mil millones de pesos.

Una cifra similar se obtendría del recorte al gasto del Poder Ejecutivo, con lo cual se sumaría 30 mil millones de pesos, que agregados a los 16 mil millones adicionales por modificar el tipo de cambio, daría más de 46 mil millones de pesos adicionales para gasto de programas sociales.

Asimismo, el Diputado Sergio López Sánchez anunció que suman más de 40 mil millones de pesos los requerimientos que han planteado, por lo menos, 290 presidente municipales, en su mayoría perredistas aunque también de otros partidos políticos.