El 30 de enero de 2010 asesinaron a 15 jóvenes, 10 de ellos preparatorianos, y dejaron a 10 más heridos de bala en la colonia Villas de Salvárcar; el Presidente Calderón, al respecto, declaró durante una visita en Japón que aquel asesinato colectivo a sangre fría había sido producto de una riña entre pandillas. La rabia internacional estalló en su contra y se vio obligado a trasladarse a esta ciudad junto con su esposa para conocer de primera mano la gravedad del problema. La táctica de combatir al narcotráfico con el Ejército en las calles había fracasado.

Así fue que los militares se retiraron y se hizo cargo de la seguridad en Juárez la Policía Federal, al mando del comisionado Facundo Rosas, y paralelamente se constituyó una mesa de seguridad compuesta por los ciudadanos que estuvieron dispuestos a enfrentar la violencia junto con las autoridades.

Cuando los ciudadanos integrados a esta mesa llegamos a participar en la coordinación de las fuerzas federales con el municipio y Estado, encontramos un debilitamiento generalizado de los cuerpos policiacos; la Policía municipal estaba prácticamente acuartelada, con costales de arena alrededor de las estaciones para evitar agresiones desde el exterior que las hacían parecer cuarteles de pueblos en guerra.

Facundo Rosas empezó por armar una estructura con participación ciudadana para combatir a los violentos, coordinando sus esfuerzos con la PGR y la Fiscalía del Estado, y con el apoyo (más bien simbólico) de la Policía municipal; se fortaleció tanto el área de asuntos internos que el jefe del departamento era nombrado por el presidente la República, volviéndolo un agente totalmente autónomo, y se formaron varios comités cívico-institucionales de supervisión del trabajo policial.

Así, coordinados todos los cuerpos policiacos y con constantes reuniones de evaluación ante comités de atención directa a ciertos delitos, ahora tocaba cambiar el objetivo final de las acciones contra los delincuentes, ya no con la lógica militar de exterminarlos sino con la lógica de disminuir y controlarlos; se establecieron comités específicos en materia de derechos humanos, robo de autos, secuestros, extorsiones, revisión de negocios de compra de automóviles usados, de homicidios y delitos federales, y cada mes se revisaban los indicadores de los delitos atendidos por dichos comités; además comenzamos reuniones mensuales con los altos niveles Federal, estatal y municipal para desarrollar estrategias a mediano y largo plazo, y de prevención.

En este sentido, dimos con dos estudios de diferente origen que coincidían en que los jóvenes que se unían a los ejércitos de la delincuencia tenían entre 12 a 17 años y no habían terminado la secundaria, y en aquel tiempo en Juárez había alrededor de 20 mil jóvenes, en las colonias al poniente o suroriente de la ciudad, en situaciones similares. Para responder a esto se lanzó una ofensiva para ofrecer alternativas de vida a estos chavos.

Lucina Jiménez y un grupo de muchachos artistas de la ciudad se lanzaron a las colonias ofreciendo arte en lugar de violencia, y con el mismo objetivo un gran grupo de activistas, la familia Almada Mireles, Beatriz Calvo y muchos educadores recorrieron estas colonias vulnerables, interrumpiendo el proceso de reclutamiento de la delincuencia.

Marzo de 2011 inició con una tendencia sostenida de homicidios a la baja, y a esta altura ya se habían logrado controlar los secuestros y las extorsiones; esto último fue el resultado de un primer blindaje total a una zona, el Pronaf, donde un intenso operativo de los policías federales logró reducir a cero estos delitos (este círculo de protección se fue ampliando paulatinamente hasta recuperar todo el noreste de la ciudad).

Ya sólo el Centro quedaba como el reducto más violento y más pernicioso para la población, así que ese mismo mes se contrató al teniente Leyzaola como jefe de la Policía municipal y, aunque tenía fuertes contradicciones contra la Policía federal, se le asignó esta zona como prioridad para enfrentar el problema que ahí se había desarrollado. Aunque él fue extremadamente violento y agresivo contra la ciudadanía, logró controlar esta área de Juárez, que ya más bien era la Corte los Milagros de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo.

El esfuerzo combinado de corporaciones civiles y la participación activa y responsable de los ciudadanos dio resultados y, rumbo al fin del año, el promedio de homicidios (de 300 por mes) tomó una tendencia a la baja. Ya en el 2012, y aplicando esta técnica de contención, logramos bajar la tasa de 50 homicidios por mes hasta lo que se considera normal, unos 20 homicidios mensuales.

Ya para 2013 logramos establecer las bases de funcionamiento normal de la ciudad en materia de seguridad, empezaron a regresar muchos juarenses que se habían exiliado por voluntad propia y quedó demostrado que era posible administrar la Seguridad Pública a partir de las instituciones locales, estatales y federales, además de que diseñamos estructuras de organización y, con el cambio de Gobierno municipal, sentamos las bases para un trabajo de seguridad con respeto a los derechos humanos en la vida cotidiana.

En la próxima entrega tocará hablar de las decisiones que tomó la Policía municipal al mando del teniente Leyzaola, y trataré de explicar el repunte de la violencia que se ha visto en esta ciudad desde 2016 y hasta la fecha.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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