Por César Muñoz Acebes
Asunción, 2 sep (EFE).- Un caso de Honduras sobre el derecho a la propiedad comunal de la tierra, que enfrentó hoy en una audiencia a indígenas contra el Estado, abre espacio para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) establezca un precedente aplicable a toda América Latina.
La recuperación de sus territorios ancestrales es una problemática recurrente en toda la región, que a menudo confronta a los nativos con intereses ganaderos, agrícolas o mineros.
Por ello, sus defensores están pendientes de la jurisprudencia que el máximo tribunal de derechos humanos cree en este caso, cuya última audiencia tuvo lugar hoy en Asunción, donde la CorteIDH tiene sesiones esta semana.
Al contrario que otros pueblos, los indígenas garífunas de la comunidad Punta Piedra tienen un título de propiedad, otorgado por el Estado hondureño, de 2.313 hectáreas en una zona remota de la costa Atlántica.
Su problema es que desde 1993 comenzaron a entrar colonos no indígenas, que se asentaron en un área conocida como Río Miel.
La primera ola de campesinos fue reemplazada posteriormente por invasores de mayor nivel económico, algunos de los cuales se dedican a actividades ilícitas, según los indígenas.
Ellos acusan al Estado hondureño de violar su derecho a la propiedad, por supuestamente incumplir el deber de garantía frente a esa invasión.
"Lo que queremos es que el Estado nos devuelva el territorio que nos han quitado", reclamó Lidia Palacios, de 60 años, que testificó en representación de la comunidad garífuna, un grupo étnico descendiente de los indígenas caribes y esclavos africanos.
Doroteo Rodríguez, otro miembro de la comunidad, de 60 años, señaló que los no indígenas han tomado el control de más de la mitad del territorio, algo que disputó el subprocurador hondureño, Jorge Abilio Serrano, quien dijo que ocupan solo 646 hectáreas.
El representante estatal negó que se haya violado el derecho a la propiedad de la comunidad y dijo que lo que existe es un conflicto entre los derechos de comunidades: la de Punta Piedra y la de Río Miel.
"Cuando el Estado tituló la tierra a favor de la comunidad de Punta Piedra ya la tierra estaba habitada por los pobladores de Río Miel. Entonces fue un desafuero del Estado, que violentó el derecho de ocupación de los pobladores de Río Miel", dijo a Efe el subprocurador.
"Fue un error" del Estado, admitió el subprocurador, quien indicó que Honduras acatará el dictamen de la Corte sobre el caso.
En su intervención, Serrano aseveró que los garífunas llegaron a la zona en 1797 y que ellos también invadieron la tierra, pues era de los indígenas miskitos.
Por su parte, Palacios testificó que en la comunidad existe un clima de temor por la presencia de los invasores, que según ella los han amenazado de muerte y asesinaron al indígena Félix Ordóñez, según denunció la mujer, quien ofreció su testimonio en la lengua garífuna.
"El Estado no ha hecho nada para resolver el problema", se quejó Palacios, que pidió que evacúe a los invasores y les devuelvan su territorio íntegro.
En la sesión también intervino James Cavallaro en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aseveró que el Estado ha incumplido sus compromisos para la reubicación de los residentes de Río Miel.
También denunció la creación de una reserva forestal en el territorio indígena sin consultar a la comunidad previamente.
Cavallaro aseveró que el fallo que emita la Corte en este caso "permitirá el desarrollo de la jurisprudencia sobre los derechos indígenas" en América Latina.
Christian Callejas, el abogado de la comunidad, dijo esperar que la Corte establezca en su dictamen un procedimiento para desalojar a personas que ocupen territorios indígenas mediante algún tipo de indemnización, que pueda aplicarse en otros conflictos similares en el continente.
En su opinión, la Corte ya ha creado un precedente al admitir las declaraciones de testigos ante autoridades indígenas en este caso. "Ningún notario quería entrar en la zona por los narcos", dijo a Efe.
Los nativos afirmaron en la audiencia que la pérdida de territorio ha causado perjuicios a sus medios de subsistencia, a su cultura y sus costumbres.
"La tierra para nosotros es nuestra vida. La cuidamos y protegemos porque es todo lo que tenemos", testificó Palacios. EFE
