México, 4 Ene. (Notimex).- El Congreso mexicano manifestó su preocupación y rechazó a la Ley de Autorización de Defensa Nacional porque fomentará la criminalización y detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos por las fuerzas militares solo por sospechar que son “terroristas”.
Por lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso se aprobó un punto de acuerdo luego de que la National Defense Authorization Act 2012 (NDAA por sus siglas en inglés) fue aprobada por el Senado de Estados Unidos el pasado 15 de diciembre y ratificada por el presidente Barak Obama el día 31.
“La Comisión Permanente expresa su preocupación por la seguridad y el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes”, expresó el documento.
Al tiempo que “solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que manifieste nuestro enérgico rechazo a las disposiciones del apartado D, ‘Asuntos sobre detenidos’, de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, por representar una violación a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales”, abundó.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal García, presentó el acuerdo aprobado en donde se exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a enviar a esta soberanía un informe sobre la estrategia del gobierno mexicano.
Dicha estrategia es para proteger la integridad física y el respeto de los derechos humanos de los mexicanos que residen en el exterior, así como un análisis de la capacidad operativa de sus consulados para realizar esta labor.
Asimismo, demandó a la cancillería mexicana la creación de un número 1-800 de asesoría legal gratuita a migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, para apoyar las labores de prevención y protección que realizan los consulados.
En tribuna, Villarreal García expuso que la “National Defense Authorization Act 2012” en el apartado 1031 permite al Ejército de ese país detener a los sospechosos de terrorismo “por tiempo indefinido, sin que se presenten cargos y sin que se realice un juicio”.
Advirtió que dicha disposición brinda al gobierno de Estados Unidos un poder absoluto y discrecional al permitir que se detenga a cualquier persona en territorio estadunidense.
Esa detención, destacó, es por tiempo indefinido por la simple sospecha de apoyar o participar en organizaciones o actividades terroristas, directa o indirectamente, en el pasado, presente o futuro.
La ley no tiene límites temporales ni geográficos, por lo que puede detenerse a extranjeros lejos de cualquier campo de batalla.
Expuso que la ley expresamente dice en el apartado 1032(b) que los ciudadanos estadunidenses y los extranjeros que residan legalmente en Estados Unidos no serán sujetos a estas disposiciones; sin embargo, excluye a los migrantes indocumentados y a cualquier no residente extranjero.
Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Jiménez Macías, se pronunció a favor de lo planteado en el punto de acuerdo y recordó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se había manifestado a favor de los migrantes en su momento.
Sin embargo, ahora aprobó dicha ley que considera que cualquier persona puede ser detenida por el solo hecho de considerarse sospechosa de ser terrorista, lo cual viola los derechos fundamentales de los connacionales, agregó.
A su vez, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Oscar González Yañez, aseveró que debe exigirse al gobierno mexicano mayor fuerza para solicitar al gobierno estadunidense garantizar los derechos humanos de los migrantes en aquél país.
En ese sentido, expuso que en 2012 habrá elecciones presidenciales y no se puede permitir que a los migrantes se les use como elemento electoral.
En su oportunidad, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis García Zalvidea, respaldó el acuerdo y comentó que dicha legislación criminaliza a los paisanos mexicanos que cruzan la frontera en busca de trabajo.
