Roma, 18 Jul (Notimex).- Jueces del Tribunal de Milán anunciaron hoy que el proceso por el llamado “Caso Ruby”, en el que el primer ministro italiano Silvio Berlusconi es imputado de abuso de poder y prostitución de menor, permanecerá ante esa corte.
Los magistrados de la cuarta sección penal del Tribunal de Milán rechazaron las alegaciones presentadas por los abogados del premier, que pedían transferirlo a la corte de Monza (norte) o a una de ministros “ad hoc”.
En una larga ordenanza, los jueces establecieron su propia competencia en el caso y determinaron que la fase oral del juicio comenzará el próximo 3 de octubre.
También tomaron nota de la reciente decisión de la Corte Constitucional de admitir el recurso presentado por la Cámara de Diputados, en el sentido de que la jurisdicción correspondería a un tribunal de ministros y no al milanés.
Pero en espera del veredicto del Constitucional, previsto para fin de año, los magistrados decidieron continuar con el proceso contra Berlusconi.
En la ordenanza también recordaron las acusaciones contra el primer ministro. En relación con la de concusión (abuso de poder), dijeron que fue cometida “para cubrir la prostitución de la menor y salvaguardar la propia imagen (de Berlusconi)”.
El primer ministro presionó en mayo de 2010 a la policía de Milán para que liberara a la joven marroquí Karima El Mahroug, conocida como “Ruby”, que había sido detenida por robo y que, se supo después, habría mantenido relaciones sexuales con él (a cambio de dinero) cuando aún no cumplía 18 años.
La defensa de Berlusconi ha dicho que el jefe de gobierno actuó en cumplimiento de sus funciones institucionales (por ello piden que el caso pase a una corte de ministros) debido que creía que Ruby era pariente del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak.
El primer ministro, de casi 75 años de edad, no compareció hoy en la audiencia del caso Ruby y también canceló su presencia en una cita del llamado proceso Mills, en el que es acusado de corrupción.
Piero Longo, uno de los abogados de Berluconi, explicó a la prensa que su cliente no podía participar en la audiencia del juicio Mills, como había anunciado, debido a que debía participar en una reunión con el presidente italiano Giorgio Napolitano sobre el plan de ajuste económico.
El primer ministro está acusado de haber pagado en los años 90 unos 600 mil dólares al abogado inglés David Mills, en recompensa porque éste no declaró en su contra en dos juicios precedentes en los que compareció como testigo.
