La SCJN aprobó ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo promovido por comunidades zapotecas en contra del proyecto Eólica del Sur, de capital español, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Organizaciones defensoras de los pueblos originarios y opositoras a los despojos de los megaproyectos apuntaron que el máximo tribunal del país tiene en us manos una oportunidad histórica para evitar que este tipo de obras pasen por alto los derechos de las comunidades. Edmundo del Pozo Martínez, de Fundar, destacó que la decisión que tome la SCJN podría lanzar un mensaje a los inversionistas y empresarios de que “no pueden vulnerar los derechos de los pueblos originarios”.

Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, coincidió en que la decisión de la SCJN trae esperanza, pero también amenazas para su pueblo.

“Casi siempre que hay una sentencia o algo a favor del movimiento que nosotros estamos haciendo, el Gobierno se dedica a denostarnos, el Gobierno se dedica a descalificarnos, a agredirnos y hostigarnos, entonces tememos por nuestra integridad física, psicológica y de nuestros bienes”, dijo.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Integrantes de pueblos que luchan por defender sus derechos frente a la instauración de megaproyectos, así como organizaciones de la sociedad civil, reconocieron y aplaudieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de amparar a las comunidades de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, contra lo que sería el parque eólico más grande de América Latina, impulsado por la empresa española Eólica del Sur con el aval de las secretarías de Energía (Sener) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hace más de dos años, en septiembre de 2015, la comunidad zapoteca interpuso una denuncia penal en contra de las dependencias federales, a las que acusa de violar sus derechos a la libre determinación, al territorio, a la no discriminación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

Eólica del Sur es un proyecto de carácter privado que pretende abastecer de energía eléctrica a los socios de ese consorcio compuesto por la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma, Mitsubishi, Femsa Coca-Cola, Siemens, Cemex, entre otras grandes empresas.

En ese contexto, las autoridades que atrajeron el caso concedieron una suspensión del proyecto que permaneció por más de dos años, no obstante, a mediados de 2016, un nuevo titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, negó el amparo a partir de “criterios regresivos” con los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.

Ahora, los inconformes, de la mano de organizaciones civiles, hacen un llamado al máximo órgano de justicia del país a que revoque los permisos y cancele el proyecto que podría afectar más de cinco hectáreas, provocando consecuencias negativas al medio ambiente y a la salud de los habitantes del Istmo de Tehuantepec donde ya existen al menos 20 parque eólicos.

El Gobierno mexicano como parte de la Reforma Energética impulsa la energía eólica. En noviembre pasado, el Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell dijo que tras la realización de la tercera subasta eléctrica se espera una inversión de 2 mil 400 millones de dólares y que se usarán para construir 15 nuevas centrales de energías limpias.

Estas 15 centrales estarán en ocho estados del país: nueve solares, cinco eólicas y una de turbogas.

La Asociación Mexicana de Energía Eólica estima que para 2020 se podrían generar 12 mil megawatts eólicos, que significan 170 mil millones de pesos.

En entrevista para SinEmbargo, Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, dijo que “la afectación se suma a la que ya provocan los 25 parques que ya están instalados”.

“Los parques matan aves, matan murciélagos y afecta la cadena del ecosistema. Hubo una epidemia de chikunguña y zika, pensamos que se debe a que hay mil 915 aerogeneradores que están matando a los depredadores de los mosquitos”, alertó.

La líder social aplaudió la decisión de la SCJN y destacó que se trata de un paso importante en contra de los proyectos energéticos que se instalan gracias a los “acuerdos entre las empresas y el Gobierno que nunca consideran el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la consulta”.

No obstante, la activista declaró que aún no es momento de “cantar víctoria”, pues es necesario esperar a que el máximo órgano de justicia discuta el caso y explicó que sólo si éste falla a favor de los pueblos originarios se sentaría un precedente para las luchas de distintas comunidades a lo largo y ancho del territorio mexicano en contra de todo tipo de megaproyectos.

Cruz señaló la decisión de la SCJN no solo trae esperanza sino también amenazas para su pueblo. “Casi siempre que hay una sentencia o algo a favor del movimiento que nosotros estamos haciendo, el Gobierno se dedica a denostarnos, el Gobierno se dedica a descalificarnos, a agredirnos y hostigarnos, entonces tememos por nuestra integridad física, psicológica y de nuestros bienes”.

Ricardo Lagunes Gasca, abogado del pueblo indígena Zapoteco de Juchitán, destacó que la decisión de la Corte es “muy relevante” ya que es el primer caso que atrae de los más de 20 que parques que existen en el Istmo y donde tampoco hubo consulta a las comunidades:

“Este es el primer caso que llega a la máxima instancia judicial en la que se podrá analizar cuál ha sido el mecanismo de apropiación de las empresas con ayuda de las autoridades federales, estatales y municipales para instalarse y construir los proyectos, pasando por alto los derechos de las comunidades”.

El litigante criticó que proyectos como el de Eólica del Sur no se responsabilizan de los impactos sociales, medioambientales y de salud negativos que conllevan. “Se deja del lado la deforestación y la importancia del corredor biológico que representa. La salud de las personas se vería afectada, además de la flora y fauna de la zona”.

Además, agregó que la demanda para SCJN “es que se haga justicia y se garantice por primera vez en esa región, el Istmo de Tehuantepec, el derecho a la autonomía, a la libre determinación de las comunidades sobre su territorio y que se dé un ejemplo a las empresas de que tienen que respetar los derechos humanos de los pueblos”.

En ese sentido, Edmundo del Pozo Martínez, de Fundar, destacó que la decisión que la Corte tome podría lanzar un mensaje a los inversionistas y empresarios de que sus proyectos “no pueden vulnerar los derechos de los pueblos originarios”.

Benjamín Cokelet, director fundador de la organización PODER, hizo un llamado a la SCJN a que “lo tomen en serio y lo consideren como una oportunidad para pedir cuentas claras de lo que significa implementar proyectos en México”.

Greenpeace México fue otra de las organizaciones no gubernamentales que se pronunció a favor de la decisión de la Suprema Corte y de los derechos de los pueblos originarios:

“Esperamos que la SCJN siente un precendente en favor de los derechos de las comunidades indígenas y poner un alto al abuso de las corporaciones. Como organización siempre hemos señalado que si bien es necesario impulsar en el país las energías renovables como la eólica no debe hacerse a costa de los derechos de las comunidades”, declaró el área de comunicación de la organización ambientalista a este medio informativo.

SinEmbargo se comunicó en diversas ocasiones a las oficinas de Eólica del Sur a fin de conocer su posicionamiento. No hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.