La presunta evasión de impuestos, desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito del apoderado legal de la Diócesis de Irapuato, monseñor José Gerardo Velázquez Solís y algunos de sus sacerdotes quedan en una denuncia penal que presentó la Diócesis de Irapuato por presunto robo calificado de 18 millones 603 mil pesos contra dos ex empleados a quienes, denunciaron, se les violaron sus derechos legales y humanos. Ahora se evidencia un presunto encubrimiento del Ministerio Público a favor del clero católico.
Paloma, una de las agraviadas, denunció públicamente la evasión de impuestos de la Diócesis, entonces a cargo de Martínez Zepeda (actualmente obispo hemérito), así como el enriquecimiento y la opulencia en la que vive el sacerdote José Gerardo Velázquez Solís, pues en tan sólo unos años pasó a tener acciones, cuentas de banco y comprarse al menos 12 propiedades, dos de ellas valuadas en más de 10 millones de pesos, cada una en Guanajuato y Michoacán, aún cuando el sueldo de un sacerdote no supera los 15 mil pesos mensuales.
Guanajuato/Ciudad de México, 12 de mayo (POPLab/SinEmbargo).– Mientras emitía duras condenas y críticas a políticos y funcionarios, incluso a ciudadanos, por fallas en el Gobierno y falta de cultura cívica, la Diócesis de Irapuato, encabezada por José de Jesús Martínez Zepeda, manejaba millones de pesos, en medio de gran desorden y sin pagar impuestos; ahora pretende culpar a empleados de desfalco. Una de ellas, Paloma, trabajó durante 24 años para la iglesia católica, los últimos 13 en la Diócesis de Irapuato como contador público y ahora es señalada por un fraude por 18 millones de pesos, durante el periodo 2012-2016.
La mujer denunció ante la prensa hostigamiento luego de ser testigo de “una estrategia fiscal” para evadir el pago de impuestos por concepto de rifas, diezmos, donaciones y servicios religiosos y de que una auditoría sacara a la luz el faltante a fines de 2016; pese al cargo que tenía, no se le permitió participar en ese proceso.
No obstante, el escándalo estalló hasta este miércoles, cuando Paloma hizo la denuncia pública ante la prensa y apuntó a los excesos de los sacerdotes de la Diócesis, que no han sido investigados para no “incomodarlos”, algunos de los cuales tienen propiedades millonarias pese a su sueldo como religiosos no pasa de 15 mil pesos por mes.
La mujer también asegura que ha habido violaciones a sus derechos humanos, por lo que existe justicia, porque pese a que buscó conversar con el actual obispo, Enrique Díaz, este buscaría encubrir el hecho.
El juicio en su contra, de su esposo y de un ex compañero de trabajo, por el presunto delito de robo calificado de 18 millones 603 mil pesos, será el próximo 15 de mayo.
DESTAPAN CLOACA EN DIÓCESIS
La presunta evasión de impuestos, desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito del apoderado legal de la Diócesis de Irapuato, monseñor José Gerardo Velázquez Solís y algunos de sus sacerdotes quedan al descubierto, tras una denuncia penal que presentó la Diócesis de Irapuato por presunto robo calificado de 18 millones 603 mil pesos contra dos ex empleados a quienes denunciaron se les violaron sus derechos legales y humanos y hoy evidencian el presunto encubrimiento del Ministerio Público a favor del clero católico, pues se ha negado a investigar a fondo.
Paloma, una de las agraviadas, denunció públicamente la evasión de impuestos de la Diócesis, entonces a cargo de Martínez Zepeda (actualmente obispo hemérito), así como el enriquecimiento y la opulencia en la que vive el sacerdote José Gerardo Velázquez Solís, pues en tan sólo unos años pasó a tener acciones, cuentas de banco y comprarse al menos 12 propiedades, dos de ellas valuadas en más de 10 millones de pesos, cada una en Guanajuato y Michoacán, aún cuando el sueldo de un sacerdote no supera los 15 mil pesos mensuales.
En entrevista, ella contó que trabajó durante 24 años para la iglesia católica, los últimos 13 en la Diócesis de Irapuato como contador público. En 2016, a propósito de la rifa de cada año, el obispo José de Jesús Martínez Zepeda; con el padre ecónomo José de Jesús Andrade Marmolejo; el sacerdote Rubén Herrera Luna que fungió como ecónomo y Monseñor José Gerardo Velázquez, vicario general, decidieron “no meter a la cuenta fiscal, para ahorrarse el IVA para poder construir, alrededor de 9 millones de pesos”.
El dinero lo metieron a la caja fuerte en la oficina de Rubén Herrera Luna, ecónomo del seminario, de donde constantemente sacaban dinero y quien tenía la llave era Herrera Luna. En agosto de 2016 el sacerdote le dejó la llave a Paloma para que entregara el dinero al padre “Osiel”, estos dos últimos se dieron cuenta que la caja tenía un bajón considerable de dinero, y el padre Osiel habría dicho “¡Pinche padre Rubén se está robando el dinero!”, de ese dinero el sacerdote no tenía registro ni control, explicó Paloma.
En septiembre de 2016 otra vez fueron por dinero y vieron la caja revuelta y Osiel dijo que regresaría a contar el dinero; regresó en noviembre, esperan encontrar entre 4 y 5 millones de pesos, pero sólo encontraron 900 mil pesos. “Había un faltante de más de 2 millones de pesos, (entonces) nos hablan (a los trabajadores) y nos preguntan y el único que entró (al lugar) fue el padre Rubén (Herrera Luna”. Paloma ingresó dos ocasiones acompañados por el padre Osiel.
Al día siguiente personal de la Diócesis llegó con un contador y quitaron a Paloma de su escritorio, la computadora y papeles. Ella les solicitó hacerles la entrega de todo, pero el padre “Puebla” se llevó todos los documentos y realizaron una revisión contable de la que la excluyeron, denunció.
En enero de 2017 a Paloma la confinaron a sentarse en una silla de la oficina, de las 09:00 a las 15:00 horas. Ella le preguntó al vicario general Gerardo Velázquez Solís qué pasaba y su respuesta fue “no te preocupes, todo lo que te pidan, entrega; tú con calma, el obispo está muy enojado con los padres pero tú confía”. Solicitó que la dejaran salir y al término de la auditoría regresar, pero no la dejaron.
El 3 de febrero de 2017, la trabajadora fue al Ministerio Público y ahí se enteró que había una demanda por robo calificado en su contra desde el 20 de diciembre de 2016 por parte del obispado por la cantidad de 18 millones 603 mil pesos, “todo empezó por una caja de 2 millones, a la cual no ingresaron en la carpeta de investigación, nada más anexaron la contabilidad y como ellos sacaron todo la papelería de la oficina, no supe qué hicieron”.
Pero el dinero de la caja, al no haberlo declarado y no acreditar la propiedad, lo dejaron a un lado, y fueron 18 millones por los que presentaron la denuncia por el supuesto desfalco de dos cuentas bancarias del Banco del Bajío a nombre de la Diócesis de Irapuato, desfalco que habría ocurrido en los años 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017.
Hasta mayo de 2017, Paloma pudo tener acceso a los archivos de la carpeta de investigación en donde se enteró por qué la denunciaba la Diócesis de Irapuato.
“Ellos sacaron la suma de todos los cheques que a mí me pedían los padres que yo sacara en efectivo y se los daba. Me pedían cada 100 mil pesos y se los entregaba, ellos sabían como lo distribuían, la póliza ahí estaba pero según no hay póliza, pero todo se quedó ahí”.
Sin embargo, explicó que los cheques de las dos cuentas que se cobraron fue por orden del sacerdote Gerardo Velázquez Solís, firmados por los dos sacerdotes al ser una cuenta mancomunada, y que sacaba previa autorización escrita de los encargados de la Diócesis en el banco, y que además entregó al Velázquez Solís o a quien se lo ordenara éste.
“Son por pólizas, cheques que a mí me hacían, de cheques que yo cobrara por órdenes de monseñor José Gerardo (Velázquez Solís) y el padre Rubén Herrera Luna”, el dinero, según los sacerdotes, era utilizado para gastos de jurídico, económicos, del seminario, contables.
INFRUCTUOSA REUNIÓN CON EL NUEVO OBISPO
Paloma contrató un abogado y comenzó a contestar la demanda en su contra, informando que el cobro de los cheques fueron por orden de los sacerdotes y firmados por ellos y solicitó al Ministerio Público que se investigaran las propiedades de los miembros del clero.
Sin embargo “cada vez que metíamos un papel el Ministerio Público, la licenciada Yeret Pérez Rodríguez que es la que llevaba el caso, siempre decía que no podía tocar al padre Gerardo (Velázquez). Ellos (sacerdotes) dijeron que yo me quede con el dinero. Todos esos cheques se los entregue a José Gerardo Velázquez Solís, esa era la mecánica, aparte en el banco no me iban a dar 100, 200, 300, 400 mil pesos si no hay autorización. Existe una carta en el Banco del Bajío donde me autorizan a hacer todos esos trámites y recoger cosas”.
La ex colaboradora de la Diócesis solicitó al Ministerio Público pidiera la carta al banco pero no lo hicieron, “tenemos 2 años y medio y no han hecho esa petición, todas las peticiones nos las negó”.
En cuanto al padre Rubén Herrera Luna “lo hicieron a un lado”, lo enviaron a la parroquia de San Felipe de Jesús en el municipio de Irapuato.
Paloma aseguró que buscó reunirse con el actual obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, pero al intentar dialogar con él, la ignoró, se retiró del lugar, a pesar de que (previamente) recibió llamadas de varios sacerdotes para que hablara con él.
Después, por medio de los abogados de la Diócesis, Díaz Díaz le solicitó a Paloma entregara sus propiedades para que quitaran la denuncia en su contra. Ella se negó.
LAS PROPIEDADES DE JOSÉ GERARDO VELÁZQUEZ SOLÍS
Sin embargo, la contadora denunció que de acuerdo al registro público de la propiedad, el religoso José Gerardo Velázquez Ortiz cuenta con 10 propiedades en casas y terrenos en Guanajuato, más 2 en Michoacán, algunas construidas con el dinero de la Diócesis que le ordenaban sacar a ella.
En el año 2014 según escritura pública 801, Velázquez Solís compró un terreno con una superficie de 5 mil 84 metros cuadrados en la comunidad de Santo Domingo en Salamanca, fracción denominada Santa María Residencial de Santo Domingo, hoy denominado Santa María Residencial. Esto lo compró con los cheques 1485 y 1548 en 2014 de 120 y 170 mil pesos cada uno, cheques que hoy denuncia y otros 44 cheques con los que pagó las obras de la construcción, de la cuenta de la Diócesis, residencia que hoy está valuada en 13 millones de pesos por los acabados. En su momento el sacerdote alegaba que era una “casa de descanso sacerdotal”.
De esta propiedad, la denunciada solicitó a Yeret Pérez Rodríguez, agente del Ministerio Público, revisara la propiedad y la valuara, pero “desechó las pruebas” que ofreció Paloma porque “no eran idóneas, y no era motivo de la investigación de los orígenes lícitos o ilícitos de Velázquez Solís, que de realizar los actos de molestia implicaría una violación a los derechos de Velázquez”.
Dentro de las irregularidades, la denunciante expuso que se compraban predios con cheques de la Diócesis de Irapuato, a través de familiares del sacerdote, los cuales aparentemente fueron escriturados a la Diócesis de Morelia.
Sería el caso de una segunda propiedad a nombre de José Gerardo Velázquez Solís, la cual estaría ubicada en el municipio de Erangarícuaro, Michoacán, en la escritura pública 11168 de junio de 1989, cuando el mencionado compró en Pátzcuaro un predio rústico denominado Huizacote, de mil 600 metros cuadrados por 960 mil pesos, que contenían 3 cabañas, pero con 60 cheques de 30 mil hasta 400 mil pesos de la cuenta de la Diócesis de Irapuato se pagó la ampliación de la construcción, que hoy cuenta con 5 cabañas, jardines de ornato, corrales, cancha de fútbol, cocheras techadas, ganado, muebles antiguos. Según denunció Paloma, es propiedad de la Diócesis de Morelia y colinda con el lago de Janitzio.
La mujer también comentó que habría otras propiedades en Salamanca y en Michoacán, que aunque luego el padre se excusó diciendo que dichas propiedades son por sus servicios de sacerdote, sin embargo, el salario que estos recibieron sería de 12 mil pesos mensuales más “los donativos, gratificaciones”.
Pero si bien en 2013 Velázquez compró un terreno en Palo Blanco, en el mismo año adquirió otros dos lotes en Campestre a residencial San Miguel.
INVERSIONES Y EVASIONES FISCALES
El sacerdote José Gerardo Velázquez Solís no sólo compró propiedades de la noche a la mañana, también invirtió dinero en la bolsa usando de prestanombres a su empleada doméstica, declaró Paloma.
En Vector Casa de Bolsa, ubicada en la ciudad de San Pedro Garza, Nuevo León, el sacerdote, a través de su empleada doméstica Juana Correa Sánchez, quien labora con él desde hace más de 20 años, el religioso habría metido varios millones de pesos, aun cuando a la empleada sólo le paga mil pesos por semana.
Los desvíos de recursos no habrían parado ahí: en la casa de bolsa Interacciones Casa de Bolsa S.A.de.C.V. el sacerdote tiene una cuenta de 8 millones de pesos con el número 100066089 a su nombre con un corredor de bolsa en Michoacán de nombre Gustavo Rayón, con dinero que, asegura, Velázquez Solís le ordenó a ella, Paloma, que depositara a dicha cuenta de los “dineros extras de la parroquia”.
La denunciante asegura que el padre José Gerardo además cuenta con otras cuentas en banco Bancrea, en Nuevo León y Actinver, en la Ciudad de México.
De la cuenta bancaria 16117530 en noviembre del 2013, José Gerardo Velázquez le ordenó a Paloma hacer un cheque por 400 mil pesos, al entregarle el dinero a Velázquez éste pidió dárselo al contador Rubén Reyes Fernández, ordenándole que no firmara nada, pidiéndole “para no dejar rastros de lo que se estaba pagando” el paso se hizo en presencia de varios empleados, el pago lo recibió según denunció la mujer, por los honorarios al realizar una estrategia fiscal, sobre el problema que tuvo el sacerdote Rubén Herrera Luna con Hacienda, pues al depositar a su cuenta personal los ingresos de la Catedral de la Diócesis, Hacienda le ordenó pagar 2 millones 800 mil pesos, que con la estrategia fiscal no pagó al Gobierno aludiendo a la autoridad.
REGALAN LUJOSA RESIDENCIA A MARTÍNEZ ZEPEDA
En el año 2004, cuando inició la Diócesis, “la empezamos a través de una contabilidad no fiscal porque para hacer Diócesis se hace trámite ante Relaciones Exteriores, cuando autorizan el permiso se empieza a notariar, esos dos años los manejamos a través de las cuentas personales de José Gerardo Velázquez Solís y luego de los ecónomos siguientes padre Miguel Castañeda Vázquez y el Padre Rubén Herrera Luna, cuando se hacía cambio de ecónomo se hacía cambio de todo y se entregaban cuentas”, dijo la ex contadora.
Al cumplir los 75 años de edad, José de Jesús Martínez Zepeda presentó su renuncia al obispado a cargo de la Diócesis de Irapuato, para luego fungir, a partir de marzo de 2017 como Obispo Emérito. La Iglesia Católica le compró una casa de 2.5 millones de pesos en Villas de Irapuato, por el servicio que brindó a la comunidad.
Este dato ya se manejaba entre los católicos luego que Martínez Zepeda se retirara, pero hoy la ex empleada confirmó. Esto, aun cuando los sacerdotes hacen un votos de pobreza, obediencia y castidad.
DIÓCESIS EVADE A LA PRENSA
La Diócesis de Irapuato, ya a cargo del Obispo Enrique Díaz Díaz, ha callado ante el presunto enriquecimiento ilícito de sus sacerdotes, el robo de dinero del interior, desvío de recursos y la evasión de impuestos, escudándose a través del sacerdote José de Jesús Flores, a cargo del semanario Emaús de la Diócesis de Irapuato, el cual únicamente argumentó que esperaron la resolución de la investigación.
“Sólo comentar al respecto que hay una carpeta de investigación ante la autoridad correspondiente y se espera que la resolución sea conforme a la verdad y a la justicia para las partes”, fue el comentario.
DETERIORO ÉTICO “NO RESPETA PUERTAS”: ARZOBISPO DE LEÓN
El Arzobispo de León, Alfonso Cortés, reconoció que el deterioro ético “está donde quiera y no respeta puertas” alcanzando así a los sacerdotes, ello tras solicitar investiguen el presunto desfalco de los 18 millones 603 mil pesos denunciado por la Diócesis de Irapuato, aunque sin tomar en cuenta el robo de más de 2 millones de la caja fuerte.
“Donde quiera, (la falta de ética) es como un aire y no respeta puertas, eso todos debemos tener la humildad necesaria de revisar nuestra vida, fortalecer nuestros valores, de fortalecer la ética y la moral”, explicó cuando le cuestionaron sobre el deterioro ético en los sacerdotes.
Ello luego de que Paloma denunció el presunto enriquecimiento del sacerdote José Gerardo Velázquez, robo de millones al interior de la Diócesis, desvío de recursos y evasión de impuestos, que sacó a la luz pública luego que la Diócesis de Irapuato la demandó por presunto robo calificado de 18 millones 603 mil pesos, entre los años 2012 al 2016.
Al arzobispo de León aseguró que “es deplorable” el desfalco y exhortó a todos quienes laboran en la iglesia a “ser honestos y justos”. A la autoridad pidió que investigue y que “se haga justicia”.
Cortés explicó los mecanismos que tiene la iglesia para transparentar los recursos que recibe por donaciones, limosnas y demás, mismos que por ley están obligados a transparentar.
“Los recursos son que también se tiene la obligación de transparentar dentro de la arquidiócesis y dentro de las mismas leyes de Hacienda y están ahí, y hay leyes muy concretas respecto a todo eso”, indicó.
Finalmente dijo que en las iglesias que tiene la arquidiócesis de León no han detectado ningún desfalco, “ningún problema en ese sentido” debido a que mes con mes dan una relación pero estarán vigilantes.
“Si, bueno, siempre hay la necesidad de estar al pendiente, de estar mejorando la situación”, concluyó.
DESAFÍOS PARA LA DIOCÉSIS
Al desorden y al manejo discrecional de las finanzas se suman dos investigaciones contra igual número de pastores de la Diócesis.
El primero de los casos ya fue juzgado. Jorge Raúl Villegas fue condenado a 90 años de cárcel en abril de 2018 por violación, abuso sexual y corrupción de menores, luego de que fue destituido de la Aquidiócesis de León en 2012, por enfrentar una demanda por el reconocimiento de paternidad. De ahí acudió a Irapuato, donde llegó a ostentarse como padre en la Iglesia de San Cayetano, donde oficiaba misas y confesaba en un colegio católico, pese a que según la Diócesis de esta región, nunca se le otorgó la licencia ministerial y desconocía que el ex sacerdote seguía practicando su ministerio.
“Nunca, jamás, nunca lo he encontrado personalmente”, aseguró el entonces Obispo de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda, esto, pese a que el encargado de la Iglesia de San Cayetano, el padre Moisés Cuevas, admitió que Martínez Zepeda sí tenía conocimiento de que el ex sacerdote ofició misas y confesó en ese recinto.
El segundo caso sigue en investigaciones, se trata del albergue de Ciudad de los Niños en Salamanca, donde en 2017 se acusa de protección oficial al encargado, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, presunto responsable de alteración de identidades, maltratos y lesiones y violencia sexual contra menores en ese lugar.
Pese a que continúa la investigación por violación a los derechos de los menores que tuvieron que ser recogidos del albergue por el estado, no hay acusación directa contra el “Papi Pedro”, incluso se habla de que podrían devolverle el inmueble para que reactive el centro.
“¿Quién guía a esta sociedad? ¿Por qué se adoptan posturas que parecen contrarias a nuestras costumbres y a nuestros ideales? Es una triste realidad que hay quienes se encargan de manipular y dirigir hacia sus fines comerciales, políticos y mercantilistas, el pensamiento de la sociedad. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus ganancias? Tendremos que estar muy atentos para descubrir quiénes y por qué nos guían”: Obispo Enrique García, para la agencia Zenit.
-Con información de Edith Domínguez
