La Reforma Educativa de EPN sigue propuestas de la OCDE como: sin la amenaza de despido, los docentes no mejorarán. Pero el texto contiene más ambigüedades que ponen a la educación y al profesorado en vilo.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– Ante el consenso cuasi nacional de que la enseñanza en México es un desastre, una de las reformas más esperadas del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la educativa. Sin embargo, persisten las dudas sobre sus verdaderos beneficios y alcances, en momentos en que, además, se mantiene en la ambigüedad.

Lo que empieza a ser cada vez más evidente es la creciente debilidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que, en los últimos años, a diferencia del resto de las agrupaciones gremiales del país, no sólo no había perdido sino que había ganado poder político y de negociación frente a sus interlocutores, situación que aprovechaba para obtener ventajas para su cúpula y agremiados.

Evaluar justamente a los profesores, es el primer paso para una reforma educativa. Sin embargo, con este punto incluido en el texto aprobado aún se está muy lejos de transformar verdaderamente la educación.

“Fue un error de diagnóstico” de la Reforma Educativa apostarle tanto a la figura del profesor, como si él fuera responsable de todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Además, no era necesario poner en peligro la estabilidad laboral de los maestros, punto que genera resistencia, porque es una amenaza muy fuerte”, considera Graciela Bensusán Areous, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudiosa de las organizaciones sindicales, en especial del SNTE.

La Reforma Educativa en México retomó la mirada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para la cual condicionar la permanencia de los docentes en el aula a una evaluación positiva, es el elemento central de una transformación en la materia.

Este organismo, conformado por las 34 naciones más desarrolladas del planeta, considera que “sin la amenaza de un despido, los docentes no van a poder mejorar”, dice Bensusán Areous.

Esa visión ignora que la mayor parte de los problemas en la educación tiene que ver con otros factores que inciden en el logro educativo, como infraestructura, condiciones de vida, entorno familiar, etcétera, explica.

Sergio Cárdenas Denham, doctor en Educación por la Universidad de Harvard, está de acuerdo en que la Reforma Educativa está totalmente centrada en el maestro. Para él, es más bien una “reforma legal”.

Cárdenas Denham, también profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que “si esta reforma legal es un primer paso para arrancar una reforma que toque los componentes del sistema educativo, aquellos que explican que un niño aprenda o no, es un buen inicio”.

Pero, para concretar una verdadera reforma educativa, en algún momento se tendrán que abordar aspectos que están abandonados, como el tema de los contenidos, que no se ha discutido con suficiente profundidad; el rol del sistema educativo para mejorar la equidad; el tipo de maestros que se requieren para las poblaciones indígenas, para los alumnos de menores resultados, cómo hacer que los padres participen, etcétera.

Explica que los finlandeses (punteros en los exámenes internacionales que aplica la OCDE) diseñaron una reforma educativa de largo aliento que duró más de 30 años, y que fue implementada de manera independiente de los fines políticos o ideología de los gobernantes. “Ahí sí se puede pensar en una verdadera reforma educativa”, considera.

“En nuestro caso es una reforma legal. (Si se hace una adecuada evaluación de los profesores) se da un primer paso, (y) vamos a tener un poco más de control, probablemente mejores maestros, pero ello va a seguir siendo insuficiente si consideramos la desigualdad que hay en el país”.

Graciela Bensusán, aclara, a su vez, que “por supuesto que la calidad del profesor o la manera en que ingresa a su plaza incide en la educación”.

Sin embargo, estima que una reforma pensada seriamente, hubiera tenido en cuenta otros elementos, entre ellos la infraestructura educativa.

Aunque “no tengo la menor duda de que el sistema educativo es una catástrofe, no se tenía que haber amenazado a los profesores”, considera.

“No entendieron que era absolutamente innecesario poner la palabra permanencia. Se podían haber puesto una serie de condicionamientos al docente por la evaluación y no poner en peligro la misma Reforma Educativa”, dice.

Además, sentencia, es una amenaza que no se puede cumplir, porque en anteriores evaluaciones, reprobaron aproximadamente siete de cada 10 profesores. “¿Podemos echar a siete de cada 10 maestros?”, pregunta.

De acuerdo con las cuentas de la investigadora, basadas en el número de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (aproximadamente un millón 500 mil) : “Unos 700 mil profesores tendrían que ser echados a la calle. ¿Con quién los vamos a reemplazar?”, insiste.

PERMANENCIA EN DUDA

De acuerdo con el Decreto de Reforma Constitucional en Materia Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de este año: “La ley reglamentaria fijará criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

Así expresado, eso es ambiguo: “No garantizo permanencia, pero respeto derechos laborales…”, hace notar Sergio Cárdenas, profesor-investigador del CIDE.

“¿La ley va a aplicar sólo a los que entran contratados tras la publicación o entrada en vigor de la ley o aplicará para todos los que están dentro del sistema?”, se pregunta.

Porque “va a ser interesante la discusión sobre si hay derechos adquiridos que van a ser exigibles o que van a poder defenderse frente a un juzgado. Hay una discusión, porque finalmente son derechos laborales que nos guste o no fueron ya reconocidos”, agrega.

La cuestión, de crucial importancia para el país, se va a resolver realmente con la Ley General del Servicio Profesional Docente y con las reformas a la Ley General de Educación. Por ahora, el borrador de las iniciativas de reformas reglamentarias del Artículo tercero constitucional, está en la Cámara de Diputados.

“El Congreso tiene que aclarar esos espacios grises”, afirma Cárdenas.

El borrador en el Congreso, establece que los profesores contratados en el servicio público tras ganar un concurso de oposición, obtendrían un nombramiento “de carácter inicial” y quedarán sujetos a un periodo de inducción de tres años ininterrumpidos, con el acompañamiento de un tutor, para después ser evaluados y, en su caso, obtener el nombramiento definitivo.

“El personal que incumpla el periodo de inducción, con la obligación de evaluación, o cuando en ésta se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa”, se agrega.

Según el Secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República, el priista Daniel Amador Gaxiola, los profesores que tienen base y derechos, no serán despedidos ni liquidados, aunque reprueben los exámenes de evaluación.

En declaraciones difundidas por la prensa, el Senador dijo que en el peor de los casos los que no acrediten las pruebas de evaluación serán asignados a otras áreas.

Sin embargo, tal y como está, la Reforma Educativa es ambigua. En el borrador presentado al Congreso no se abunda mucho sobre qué es lo que va a pasar con los profesores en activo y con años de servicio.

PREOCUPA LA EVALUACIÓN

La manera en que se evaluará a los profesores de educación básica y media superior es, obviamente, motivo de gran preocupación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), será el encargado de diseñar la manera en que se diagnosticarán las capacidades del docente. Será la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, la que aplicará la evaluación…

De acuerdo con Sergio Cárdenas “no podemos incurrir en las simulaciones previas… si un profesor va a ser evaluado como hasta ahora, creo que en parte (los profesores que se han manifestado en contra de la Reforma Educativa) tienen razón: las evaluaciones que tenemos de docentes, técnicamente son muy deficientes, aquellos que la aprueban probablemente no son buenos profesores y aquellos que lo reprueban probablemente son buenos. No se ha logrado hacer una selección adecuada del docente.

–¿Por qué?

–Porque es un examen, literalmente un examen escrito. No hay oportunidad de agregar observación en aula, de valorar conocimientos (transmitidos por el profesor) más allá del programa curricular, de la normatividad y la forma en que se gestiona una escuela, que es lo que usualmente se está haciendo, sobre todo en algunos proyectos en Estados Unidos. Ahí sí yo acotaría, en este momento, que no hay una herramienta confiable para poder decir este docente está afectando el desempeño de sus alumnos, no disponemos de ella; es justo el reto que va a tener el INEE: armar ese mecanismo técnicamente adecuado, validado y confiable.

Ahora, el hecho de que no tengamos la herramienta, no quiere decir que no tengamos el problema, es muy probable que muchos de los profesores efectivamente no han tenido la formación ni la experiencia adecuada.

–¿Qué sucede en otros países cuando los profesores no aprueban la evaluación?

–En Estados Unidos si un profesor no es efectivo, entonces recibe acompañamiento y formación. Hay varias maneras: existe la figura de masters teachers; otra es que los maestros experimentados hacen una especie de tutoría con los que tienen problemas, les sugieren estrategias, técnicas y actividades que le ayudarán a ser mejor docente.

Si esto no funciona, entonces usualmente se da una segunda oportunidad, donde vuelven a ser evaluados. Si con acompañamiento y formación, un profesor no cambia, evidentemente la única salida que queda para no afectar los derechos de un niño es que abandone el aula.

Pero sí debería existir un sistema en el que si hay un profesor que falla, pensemos qué requiere para mejorar; si se proporciona eso, si se mejoran capacidades, se proveen incentivos y  se demuestra que con ninguna de esas intervenciones mejora, evidentemente es alguien que no debería estar en la escuela, pero hay que hacerlo bien, que es lo que no hemos hecho.

No obstante, Sergio Cárdenas considera necesario que se mande el mensaje de que va a haber consecuencias dentro del sistema de evaluación, “porque (por ahora) un mal director y un mal profesor pueden continuar ejerciendo por muchos años a costa del derecho de los niños a recibir una educación pertinente, relevante”.

EL SNTE

Graciela Bensusán, actualmente profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de investigadores, ha estudiado al SNTE. En uno de sus artículos escribió que mientras en los últimos años, los sindicatos en general habían estado perdiendo poder político y de negociación frente a sus interlocutores, el SNTE registraba avances en ambos terrenos, que aprovechaba para obtener ventajas para su cúpula y agremiados. Al mismo tiempo que ello sucedía, perdía respaldo entre la opinión pública, que  lo responsabilizaba del rezago educativo.

Al respecto, dice:

“Previo a la Reforma, no hubo una verdadera discusión pública de los factores que intervienen en el logro educativo para redimensionar cuál es el papel de los actores que tienen que ver con el sindicato.

El problema es que todo el sistema sindical en el país es corrupto. Detener a Elba Esther Gordillo Morales puso de manifiesto que cuando los líderes sindicales se oponen a una política gubernamental, el Estado tiene las armas para disciplinarlos”.

Mientras tanto, en días pasados, el SNTE aceptó un incremento directo al salario de 3.9% para los profesores de educación básica de todo el país, cifra por debajo de lo logrado en 2012, que fue de 4.25% de aumento directo al salario, lo que para los analistas es otro signo de su creciente debilidad.

Alejandro López Flores, estudiante de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribe su tesis sobre Sindicalismo en México en la Oosalternancia (2000-2012).

En ella, considera al SNTE, como un sindicato “paracorporativo”, con algunas de las siguientes características:

“Tiene una estructura, disciplina y cultura políticas, similares a las del corporativismo tradicional, pero se distingue de éste en su práctica política por dos rasgos fundamentales: el primero es que se desenvuelve en un espectro distinto (… pues) busca incidir en la conducción de políticas públicas en ámbitos específicos como el educativo o el de la seguridad social (…). El segundo, acaso más importante, es que ha diversificado sus políticas de alianza con partidos y gobierno, y ello le permite actuar con mayor autonomía en lo que se refiere a lealtades partidistas y afinidades ideológicas.

“(…) En realidad se trata de la corriente sindical con la red de alianzas más diversa y compleja de todas”.

Pero, tras la detención de “La Maestra” Gordillo en febrero pasado, ¿que pasará con todo eso que representa el SNTE? Ninguno de los entrevistados se atreve a aventurar una respuesta.